Como parte de la Campaña Mundial en Defensa de la Tierra y el Territorio convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y organizaciones de la otra campaña, el martes se entregó al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 3 de Tuxtla Gutiérrez un documento en el que se exigen garantías para la posesión de […]
Como parte de la Campaña Mundial en Defensa de la Tierra y el Territorio convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y organizaciones de la otra campaña, el martes se entregó al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 3 de Tuxtla Gutiérrez un documento en el que se exigen garantías para la posesión de la tierra en comunidades autónomas de Chiapas amenazadas con el inminente despojo de más de 5 mil hectáreas.
El documento es respaldado por 202 organizaciones de 22 países y mil 104 personas de 40 naciones. Además de importantes grupos internacionales como Vía Campesina y la Red Continental por la Desmilitarización de las Américas, firman organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas, de derechos humanos, centros de investigación, ambientalistas y grupos religiosos de Brasil, España, Italia, Francia, Palestina, Cuba, Paraguay, Argentina, Suiza, Estados Unidos, Bolivia, Canadá, Alemania, Costa Rica, Guatemala, Cataluña, País Vasco, Portugal, Tailandia, Suecia, India y Grecia.
Individualmente también aparecen apoyos de Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Chile, Honduras, Irlanda, Dinamarca, Turquía, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Austria, Bélgica y Gran Bretaña. Se incluyen personalidades como Eduardo Galeano y Joao Pedro Stedile.
El 25 de marzo, los colectivos y organizaciones adherentes a la otra campaña en San Cristóbal de las Casas dieron a conocer la carta, dirigida al TUA de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria. En ella se asienta que «gradual y paulatinamente, se han venido gestionando e incrementando juicios agrarios contra poblaciones indígenas identificadas públicamente como bases de apoyo zapatistas».
El texto señala que una de los principales promoventes de juicios agrarios «para el control y despojo de tierras» es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), y reitera que «como se ha denunciado, muchos de sus integrantes y dirigentes están vinculados con grupos de delincuencia organizada y presentan características paramilitares». De éstas, se enumeran su postura públicamente antizapatista, la existencia de mandos y jerarquías, y su actuación con el «apoyo tácito» del Ejército federal. Dicho grupo es «parte integral de una estrategia de contrainsurgencia, está armado, milita en el PRI y tiene presencia en los municipios (oficiales) de Ocosingo, Altamirano, Margaritas, Chilón, Tila, Tumbalá, Palenque, Playas de Catazajá y Benemérito de las Américas».
En los meses recientes, dicha organización «ha intensificado acciones contra estas poblaciones, traducidas en amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzosos, detenciones ilegales; las acciones jurídicas promovidas por Opddic se han convertido en armas adicionales que amenazan con despojar tierras y de desalojar con la fuerza pública a las comunidades zapatistas».
Se señala que, «a consecuencia de acciones y decisiones indebidas por parte de las instituciones agrarias», distintas poblaciones del territorio indígena podrían llegar «a un punto crítico que derive en confrontaciones de consecuencias insospechadas». Adicionalmente se han encontrado, «en forma alarmante, delitos que se repiten en los municipios mencionados: amenazas, lesiones y daño en propiedad ajena, acompañados de procesos y juicios agrarios que presentan irregularidades e inconsistencias en procedimientos testimoniales, así como alteraciones u omisiones en la documentación de expedientes y tráfico de influencias».
El escrito destaca dos «muestras de flagrantes irregularidades en los procesos agrarios»: los juicios promovidos por Opddic sobre el ejido Muk’ulum Bachajón y la ranchería El Nantze, actualmente en proceso en el TUA de la capital chiapaneca.
Frente a los riesgos de una escalada de violencia, los signatarios declaran haberse sumado a la Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas, convocada por el EZLN, y anuncian el inicio «de un monitoreo puntual y permanente sobre la actuación de las instancias involucradas en los procesos y juicios agrarios que violen el derecho al territorio y la libre determinación de pueblos indígenas, contraviniendo entre otros el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y son comparsa de una estrategia encaminada a desarticular los gobiernos autónomos en sus territorios».
Por último, señalan al TUA «su responsabilidad». Las acciones, omisiones y decisiones de las instancias agrarias, «como parte de una estrategia contrainsurgente, tienen consecuencias sociales graves» y podrían desatar «una escalada de violencia del Estado contra la población civil indígena».