Grupo por los Derechos Políticos y Sociales en Latinoamérica. FDCL – Berlín, Alemania
El viernes 5 de agosto los ciudadanos peruanos Williams Antonio Minaya, Hugo Walter Minaya y Blanca Riveros Alarcón fueron expulsados por las autoridades bolivianas y entregadas a la policía peruana en la localidad fronteriza de El Desaguadero. Los peruanos habían sido detenidos por la policía junto con su compatriota José Cantoral Benavides en la ciudad de El Alto el pasado lunes primero de agosto. Aunque sólo se les encontró textos de contenido marxista y volantes contra el «gasolinazo» de Evo Morales de diciembre pasado el gobierno boliviano los acusó en un principio de instigación a la comisión de un delito, de organizar células de la guerrilla peruana «Sendero Luminoso» y de estar vinculados al narcotráfico.
La policía no contaba con ninguna prueba. La posesión de volantes críticos al gobierno no pueden constituir delito de instigación a un delito. La acusación de recrutar activistas para «Sendero Luminoso» no sólo es falsa sino que no constituiría delito en Bolivia ya que esta organización no está prohibida en este país andino. Además, «Sendero Luminoso» se reduce hoy en día a pequeños grupos errantes en la selva peruana sin ninguna conexión con movimientos populares.
El gobierno de Morales hizo todo lo posible para llevar a cabo una expulsión ilegal. Tres jueces fueron recusados porque existía el peligro que no acepten las directivas del gobierno. Otro juez se excusó el mismo. Finalmente, el juez de El Alto que asumió el caso determinó la expulsión del país de tres de los detenidos en el plazo de 24 horas. De esta manera se pisoteaban violaban principios de un Estado de derecho y de un debido proceso. A los expulsados no se les siguió un proceso por los cargos imputados; no tuvieron oportunidad de defenderse. Se les negó el derecho a apelar. Se les negó sus derechos como refugiados y solicitantes de asilo. El juez que ordenó la expulsión lo hizo excediéndose en sus atribuciones ya que esto le corresponde al Servicio Nacional de Migraciones. Se les entregó directamente a la policía peruana reviviendo pesadillas del pasado acuñadas por el «Plan Cóndor».
Contra los expulsados pende orden de captura por terrorismo en el Perú y les espera por lo menos 15 años de prisión. Serán juzgados bajo la misma legislación anti-terrorista que fue promulgada por el gobierno del sátrapa Fujimori (1990-2000). Pero lo más grave es que el Poder Judicial no garantiza un juicio justo. El cuarto detenido, José Cantoral Benavides, ha sido puesto en libertad pero se le ha retirado su estatus de refugiado y se le ha dado noventa días para que salga de Bolivia. La dimensión de esta persecusión política se evidencia en el hecho que José Cantoral ya le ganó una demanda al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica (ver la sentencia de la Corte Interamericana: http://www.tc.gob.pe/corte_
La detención arbitraria de los cuatro peruanos había sido denunciada por activistas de derechos humanos y políticos bolivianos. Según informaciones de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, los detenidos han sufrido torturas y malos tratos por parte de la policía boliviana. La expulsión de los tres ciudadanos peruanos lleva la marca de una sucia persecusión política contra quienes desde la izquierda pongan en cuestionamiento el régimen de Morales. Trae negros recuerdos de la represión transnacional que se dió bajo el «Plan Cóndor» en los años 70 en Sudamérica.
El Grupo por los Derechos Políticos y Sociales en Latinoamérica, FDCL – Berlín, demanda al gobierno boliviano que cese la represión contra la izquierda y movimientos sociales y que cese la persecusión contra José Cantoral Benavides, que se restituya su condición de refugiado y que se le permita continuar residencia en Bolivia con todos los derechos que le corresponden.
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