La petrolera brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total pagaron hoy unos 30 millones de dólares a Bolivia por un tributo fijado en el decreto que nacionalizó del sector, pero lo hicieron «bajo protesta» contra la medida, que consideran «arbitraria».Petrobras indicó en un comunicado que se hizo el pago correspondiente a noviembre […]
La petrolera brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total pagaron hoy unos 30 millones de dólares a Bolivia por un tributo fijado en el decreto que nacionalizó del sector, pero lo hicieron «bajo protesta» contra la medida, que consideran «arbitraria».
Petrobras indicó en un comunicado que se hizo el pago correspondiente a noviembre del 2006, el séptimo mes de vigencia de la nacionalización, porque esa empresa es «coherente con su postura de respeto a las leyes de los países donde actúa», pero agregó que está disconforme con el reclamo del pago.
Según fuentes de Petrobras, el pago respectivo, depositado en las cuentas de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue de cerca de 30 millones de dólares.
Los anteriores seis, correspondientes al periodo de mayo a octubre pasado, fueron cada uno de 32,3 millones, hasta llegar a un total de 194,1 millones de dólares.
En su comunicado, la empresa, socia de las otras dos en los mayores campos de gas de Bolivia («San Alberto» y «San Antonio»), señaló que de acuerdo con los criterios acordados en los contratos firmados con YPFB en octubre del año pasado, pero que aún no están en vigencia, «el pago efectuado hoy no debía hacerse».
Ese pago equivale a la «participación» estatal del 32 por ciento en el valor de producción de esos dos campos, con el que los tributos de esas petroleras se elevan al 82 por ciento, incluyendo el 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el 18 por ciento de regalía.
Petrobras, que es la operadora de esos yacimientos, situados en la sureña región Tarija, alega en su protesta que el decreto de la nacionalización firmado por el presidente, Evo Morales, el 1 de mayo pasado, obliga a pagar el tributo adicional en un período de transición de seis meses, cumplido en octubre del 2006.
No obstante, el Gobierno decidió prolongar hasta marzo de este año la vigencia del 32 por ciento, mientras no se ponga en vigor los nuevos contratos petroleros, que se encuentran en medio de un conflicto jurídico y legislativo, por errores cometidos por YPFB y el Parlamento en la redacción de las leyes respectivas.
La petrolera brasileña entiende que la extensión del pago, reglamentada por una resolución ministerial, «es arbitraria y contraria a la intención manifestada durante el período de negociación de los contratos de operación», según el comunicado.
Agrega que ya cumplió con todos los requisitos legales necesarios para el registro de los contratos y puntualiza que la demora no es imputable a ella.
«Petrobras informa que acudirá a todos los medios legales a su alcance para buscar resarcimiento del pago de ese cobro que lo considera indebido», señaló la compañía.
La resolución a la que alude la empresa, firmada por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, a fines de febrero pasado, establece que los pagos correspondientes a diciembre del 2006, enero, febrero y marzo de este año deben ser efectuados el 2 de abril, 2 de mayo, 1 de junio y 2 de julio próximo, respectivamente.
Villegas volvió a comparecer hoy ante la Cámara de Diputados, llamado por los legisladores de la oposición, para explicar los errores detectados en los contratos y para abogar para que los legisladores aprueben una ley de enmiendas al respecto.
No obstante, la oposición ha denunciado una presunta falsedad en los contratos para beneficiar a Petrobras y se dispone a revisar cada uno en el tiempo que sea necesario, aunque el Gobierno insiste en que sólo se trata de errores de forma y no de fondo.