Se reabrió la polémica por las Malvinas en un tema estratégico: la explotación petrolera. La noticia remite a inversiones inglesas en las islas argentinas usurpadas por el Reino Unido y la decisión del gobierno argentino por impedir el transporte de materiales asociados a dicha explotación. Esa medida gubernamental está sostenida en el incumpliendo inglés de […]
Se reabrió la polémica por las Malvinas en un tema estratégico: la explotación petrolera. La noticia remite a inversiones inglesas en las islas argentinas usurpadas por el Reino Unido y la decisión del gobierno argentino por impedir el transporte de materiales asociados a dicha explotación. Esa medida gubernamental está sostenida en el incumpliendo inglés de acuerdos diplomáticos entre ambos países. Acuerdos que funcionaron entre 1995 y 2007 y reiteradamente incumplidos por las licitaciones de áreas petroleros habilitadas por Inglaterra en Malvinas.
Los trascendidos y declaraciones en cada país motivan las más diversas especulaciones, incluso guerreristas (al mejor estilo Thatcher en 1982) en el ambiente electoral británico, pero lo importante es la discusión sobre el uso soberano de los recursos naturales, un tema que trasciende la explotación de hidrocarburos y se proyecta a la explotación de la minería, de la tierra y su producción agrícola y ganadera, especialmente en tiempos de subas de los precios de la alimentación y deterioro de la capacidad de compra de los sectores de menores ingresos.
El capital sin fronteras
El hecho son las concesiones para explorar y explotar yacimientos establecidos en el mar argentino. Son acciones de empresas transnacionales sobre un potencial de 200.000 millones de barriles de petróleo.
No resulta ocioso recordar el peso estratégico de la producción petrolera en las condiciones del modelo productivo vigente y que la Argentina es de los pocos países que no administra soberanamente las reservas petroleras. El 90% de las reservas de petróleo del mundo son administradas por los Estados nacionales, claro que también se verifica la dependencia de la actividad petrolera de las corporaciones privadas que manejan el paquete de la tecnología del petróleo, la comercialización, el financiamiento y el transporte. No alcanza con la soberanía sobre los yacimientos, siendo estratégico el paquete tecnológico, el know how de la exploración, explotación y distribución de los hidrocarburos. Es todo un tema para pensar la cuestión energética desde un enfoque alternativo, pues no solo se trata de recuperar la petrolera estatal, sino de articular un trabajo de ciencia y técnica en el marco de la cooperación e integración regional.
El episodio que comentamos articula a la Empresa Desire Petroleum y uno de sus principales accionistas: la Banca Barclays, entidad financiera organizadora seleccionada por el gobierno argentino para la reapertura del canje de la deuda externa en cesación de pagos. Se trata de una combinación de dos temas centrales, la explotación petrolera y la negociación de las acreencias externas. Convengamos que la cuestión involucra a socios locales de la iniciativa inglesa, ya que el detenido embarque de tubos sin costura provenía de la empresa Techint. Este consorcio actúa en la explotación petrolera en territorio argentino a través de Tecpetrol y cabe el interrogante si el intento exportador de Techint no inhabilita el accionar del grupo en la explotación petrolera en nuestro país.
Es un razonamiento extensivo a la actividad petrolera inglesa, de la Barclays y la banca británica, como de todas las empresas externas, especialmente inglesas, que operan en el país. Recordemos que existen disposiciones de la Secretaría de Energía que prohíbe expresamente operar en la plataforma continental argentina sin habilitación de autoridad competente de nuestro país, situación que incluye a las empresas «controlantes, controladas, accionistas, y asociadas».
Pensar y actuar soberanamente
Son cuestiones a considerar en el marco de la recrudecida crisis de la economía mundial, donde se discute la cuestión fiscal de Europa, el déficit de los estados europeos y su financiamiento por la banca europea. La respuesta del capital y los Estados hegemónicos a la crisis pasa por el ajuste de las cuentas públicas afectando salarios y gasto estatal social, y por una nueva escalada de la ofensiva del capital por la expansión de la explotación de fuerza de trabajo y recursos naturales.
Es tiempo para pensar en la administración soberana de la economía, en soberanía alimentaria, energética y financiera. Lo que estamos sugiriendo es combinar acciones diplomáticas con un debate sobre la soberanía del orden económico local. ¿Es acaso utópico pensarlo, cuando la tendencia es al alza del precio del petróleo, de las tasas de interés (ahora aumentadas por la Reserva Federal de EEUU) y de los precios de los recursos naturales? El debate no es ocioso, máxime cuando el país está negociando el tratado de libe comercio entre el Mercosur y Europa para suscribir en Mayo en los fastos del bicentenario.
El asunto es que no son discusiones distintas, el libre comercio que afecta y afectará a la debilitada industria local es parte de la estrategia ofensiva del capital mundial por la expansión de su actividad en recursos naturales, finanzas y comercio.
Lo que sugerimos es la oportunidad para la discusión sobre la organización económica local sobre bases de soberanía, ahora que se acaba de anunciar el funcionamiento de una articulación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central para redefinir el «modelo productivo» surgido de la cesación de pagos de fines del 2001 y de la devaluación de comienzos del 2002. De allí vino el gran crecimiento económico de los últimos años. Se sostiene ahora que además de dólar alto hace falta financiamiento para ampliar la inversión y la acumulación.
Pretendemos argumentar que no sirve engordar el mismo modelo productivo. Se requiere avanzar en otro sentido, donde el eje sea la soberanía y la satisfacción de necesidades sociales que fundamentan la extendida pobreza en la Argentina.
Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Fundador de ATTAC-Argentina.
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