La Paz, agosto 10, 2004.- Convencidas de que ya pasó el peligro mayor, la nacionalización, las transnacionales petroleras que operan en Bolivia rompieron lanzas con el gobierno y comenzaron a disputarle su intención de imponerles nuevas cargas tributarias y elegir inconsultamente puertos peruanos para la exportación de gas a los mercados de México y Estados […]
La Paz, agosto 10, 2004.- Convencidas de que ya pasó el peligro mayor, la nacionalización, las transnacionales petroleras que operan en Bolivia rompieron lanzas con el gobierno y comenzaron a disputarle su intención de imponerles nuevas cargas tributarias y elegir inconsultamente puertos peruanos para la exportación de gas a los mercados de México y Estados Unidos.
El vocero de las transnacionales y dirigente de la empresarial Cámara de Hidrocarburos, Carlos López, exhortó a las autoridades a negociar ambos temas y la nueva ley que regirá el sector para no generar inseguridad jurídica y afectar los negocios.
En el mismo tono, el embajador del Brasil en Bolivia, Antonino Mena Goncalvez, abogó a principios de semana para que la nueva ley, que ha sido remitida por el presidente Carlos Mesa a consideración del Congreso, no afecte la rentabilidad de Petrobras, que tiene el control de casi una sexta parte de las reservas de gas y petróleo de Bolivia.
La preocupación de las petroleras radica en los nuevos niveles de tributación que emergerán con la sustitución del impuesto a las ganancias extraordinarias (Surtax) por el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) que grava en proporción creciente la mayor producción de exportación. Por sus características, el Surtax era un Impuesto de difícil cuantificación y cobro, lo que facilitaba que las empresas evadan su pago. En cambio, el ICH es mucho más sencillo y debe ser pagado según los niveles de exportación. Lo bueno del ICH, para las empresas, es que este impuesto puede ser descontado en su totalidad del pago que tendrían que hacer sobre sus utilidades. En realidad, el ICH sólo garantiza que las empresas paguen por adelantado el impuesto a las utilidades. Lo malo del ICH, para las empresas, es que ya no tendrán tantas facilidades para burlar el pago de tributos.
Según el ministro de Hacienda, Javier Cuevas, si actualmente estaría funcionando el ICH en vez del Surtax, las empresas deberían tributar 90 millones de dólares más durante este año, por los mayores volúmenes de exportación de gas al Brasil y Argentina y por el menor margen de maniobra que tendrían las empresas.
Otra de las preocupaciones de las transnacionales es la decisión del presidente Mesa, acordada con su par de Perú, Alejandro Toledo, para usar puertos peruanos y no chilenos para la exportación de gas a los mercados de Estados Unidos y México.
La decisión de salir por puertos del Perú, que ocasionará que los proyectos de exportación tengan un costo adicional cercano a los 700 millones de dólares, fue asumida por Mesa ante la negativa de Chile para negociar una salida al mar para Bolivia, que perdió en 1879 su vinculación con el Océano Pacífico tras sufrir una guerra de conquista desatada por la oligarquía chilena.
En los cálculos del gobierno boliviano, usar el puerto chileno de Patillos, tal como demandan los consorcios petroleros, provocaría la reactivación de la protesta social contra este negocio petrolero, que deja ganancias millonarias para las petroleras pero muy poco para el Estado boliviano.
Sin embargo, otra parece ser la percepción de las transnacionales, que habían respaldado y promovido, junto al gobierno neoliberal y los organismos internacionales, la realización del referéndum del 18 de julio, convocado para legitimar las exportaciones de gas y disipar las demandas populares por la nacionalización del gas y el petróleo.
En la visión de la Cámara de Hidrocarburos, el referéndum habría derrotado las posiciones radicales de la nacionalización, por lo que ahora, ya libres de ese peligro, podrían presionar sobre el gobierno y el Congreso para que no se alteren las reglas de juego que les han permitido apoderarse de la riqueza hidrocarburífera de Bolivia, valuada en por lo menos cien mil millones de dólares.
Para la siguiente semana está previsto el inicio del tratamiento parlamentario de la nueva ley de hidrocarburos. Al Congreso nacional ya han llegado siete proyectos de ley, incluido el remitido por el Ejecutivo, que es el que tiene mayores probabilidades de ser aprobado, dada la mayoría de congresistas de orientación neoliberal que creen que pueden armonizar los intereses de las petroleras con las intenciones del gobierno.
Simultáneamente, las organizaciones sociales y sindicales también tienen previsto reiniciar movilizaciones y acciones de masas desde el 20 de agosto, con el fin de pugnar, otra vez, por la nacionalización de los hidrocarburos.
«Vamos a movilizarnos masivamente desde el 20 por la nacionalización y para impedir que Bolivia siga siendo la hacienda de las transnacionales», dijo el secretario permanente de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Cruz.
«El gobierno se equivoca si cree que nos ha derrotado con su referéndum tramposo (…) Va haber conflictos sociales por las actitudes que está asumiendo el gobierno que quiere exportar el gas antes de industrializar», aseguró el sindicalista, convencido de que las petroleras y el gobierno han cantado victoria antes de tiempo.