El plan de «seguridad» que emana de la actual administración tiene el objetivo de proteger la propiedad privada, con éste se crean las condiciones para continuar con la militarización del país y la creación de nuevos órganos de represión que fortalecen el Estado policíaco militar. En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – […]
El plan de «seguridad» que emana de la actual administración tiene el objetivo de proteger la propiedad privada, con éste se crean las condiciones para continuar con la militarización del país y la creación de nuevos órganos de represión que fortalecen el Estado policíaco militar. En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024 puede observarse a todas luces la continuidad de la imposición de los intereses de un grupo reducido de empresarios nacionales y del extranjero.
El sustento material de las medidas en política de seguridad nacional tiene el objetivo de proteger y procurar la realización de los planes económicos de la oligarquía plasmados en el plan económico 2018 – 2024, que consiste en el impulso de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
La relación entre el plan de seguridad y el plan económico estriba en el vínculo inseparable entre el poder político y la cúpula empresarial. El reclutamiento de 50 mil elementos para conformar la Guardia Nacional expresa la creación de un nuevo grupo policíaco militar para garantizar un nuevo ciclo de desarrollo del capital en México.
El Plan Nacional de Seguridad plantea que la violencia contra el pueblo se debe a «la descomposición institucional y falta de probidad de los funcionarios públicos», es decir, que es producto de la corrupción, esta forma de concebir el fenómeno tiene la intención de deslindar la responsabilidad del Estado mexicano en los miles de crímenes cometidos contra las masas trabajadoras, sostener que el problema es la «corrupción» deja de lado las motivaciones políticas y la esencia económica de cada acto de violación de los derechos humanos.
La violencia emana del Estado, los ejecutados extrajudicialmente, los detenidos desaparecidos son producto de una política represiva cuyo eje es la violencia sistemática ejercida contra el pueblo para imponer los intereses del capital, mas no de la corrupción.
El fortalecimiento del Estado policíaco militar y la aplicación del terrorismo de Estado contra el pueblo fueron los ejes de la política de seguridad de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el argumento que utilizaron ambas administraciones fue el combate al «crimen organizado y al narcotráfico» hecho que culminó con la militarización y paramilitarización del país, aunado a un incremento exponencial en el cometido de los crímenes de lesa humanidad.
Con la nueva administración la imposición de los intereses oligárquicos cambia de forma para dar continuidad al neoliberalismo. La voluntad de empresarios será matizada con cierto respaldo popular mediante una retórica conciliadora en un esfuerzo por unir el mezquino interés privado con las necesidades de la inmensa mayoría de los desposeídos.
El neoliberalismo no se suprime de manera mecánica o por decreto, por lo tanto, las contradicciones y la lucha antagónica entre las clases sociales se mantendrán en el presente sexenio. De tal manera que no es casual que se dé el fortalecimiento y preparación de las fuerzas represivas.
La nueva administración no contempla el regreso de los militares a sus cuarteles, por el contrario, busca desplegar con mayor intensidad a las fuerzas militares en puntos específicos de la geografía mexicana para asegurar la concreción de los planes imperialistas y garantizar el papel de México en la división internacional del trabajo.
La primera acción en materia de seguridad que tomó la nueva administración fue el llamado para conformar la Guardia Nacional con mando militar bajo el argumento de las policías están corrompidas y los únicos que le pueden hacer frente a la violencia e inseguridad en el país es la policía militar.
El despliegue por todo el país de militares y marinos para cumplir tareas de «seguridad pública» es con el argumento de «pacificar el país», mientras se concreta la creación de la Guardia Nacional. Su funcionamiento tendrá respaldo en la constitución política, lo que significa que los militares seguirán en las calles y deja abierta la posibilidad de que los crímenes de lesa humanidad incrementen.
Las cifras de la violencia en el país durante el tiempo que lleva la nueva administración rebasan las expectativas que se crearon con el arribo de un gobierno «diferente»; en un solo día se han llegado a contabilizar más de 80 víctimas de múltiples flagelos, indicador que difiere con la idea de la pacificación.
La lucha contra la delincuencia organizada se mantiene como premisa fundamental para definir el plan de seguridad pública, a ello obedece el despliegue de efectivos militares por todo el país. Resulta insustancial el argumento de Alfonso Durazo cuando sostiene que «retirar los militares a los cuarteles sería una irresponsabilidad y dejaría al país en la indefensión».
Con el argumento de combatir a los huachicoleros, se desplegaron 900 elementos del ejército, Marina y Fuerza Aérea para resguardar las instalaciones de PEMEX, medida que extiende la discrecionalidad para realizar patrullajes y retenes, principalmente en los estados de Tamaulipas y Veracruz.
El mismo secretario de seguridad y los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, aceptaron desplegar 7 mil 500 elementos del ejército en esos estados bajo el pretexto de que se vive una «grave situación de inseguridad en la zona metropolitana», lo mismo sucedió en Acapulco con el despliegue de 500 militares con el pretexto de cuidar las escuelas por la violencia.
En Guerrero se desplegaron militares y mil 200 elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, en Michoacán más de 500, en Guanajuato más de 800 militares y marinos, en Puebla medio centenar de militares de la 25 zona militar, todo este despliegue se hizo bajo el argumento de disminuir los índices de violencia. Esto significa que son los cuerpos policíaco militares en quienes va a recaer las tareas de seguridad.
A raíz de la propuesta para aprobar en el Congreso la creación de la Guardia Nacional son múltiples las voces que manifiestan su preocupación ante una intentona de mantener el fortalecimiento del Estado policíaco militar. En Ciudad Juárez diversas organizaciones populares, de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado se manifestaron contra la militarización.
La nueva administración con su discurso de punto final otorga impunidad a los criminales de Estado e impide que la justicia llegue a miles de víctimas que ha generado esta violencia descomunal. Es imposible pacificar el país con medidas que apuntan a un incremento de los crímenes de lesa humanidad.
La tarea del movimiento popular es mantener un juicio crítico ante la intentona de mantener la militarización como puntal fundamental de la política de seguridad nacional, desenmascarar en el primer momento cuando esta política enfile su objetivo contra el pueblo inerme, por lo tanto, la exigencia de desmantelamiento del Estado policiaco militar, la desmilitarización del país, así como el juicio y castigo a los criminales de Estado es una demanda popular ineludible.
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