El presidente boliviano, Evo Morales, cuestionó hoy que no existan instrumentos legales de organismos internacionales como Naciones Unidas para controlar cómo se financia el narcotráfico en el mundo; propuso acabar con los »paraísos fiscales» y el secreto bancario, y lamentó que »el narcotráfico se haya convertido en un instrumento político de control, de chantaje o […]
El presidente boliviano, Evo Morales, cuestionó hoy que no existan instrumentos legales de organismos internacionales como Naciones Unidas para controlar cómo se financia el narcotráfico en el mundo; propuso acabar con los »paraísos fiscales» y el secreto bancario, y lamentó que »el narcotráfico se haya convertido en un instrumento político de control, de chantaje o de recolonización de un país».
Durante la conmemoración del 20 aniversario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, el mandatario dijo que Bolivia tiene un nuevo modelo de lucha contra el narcotráfico y de erradicación de los cultivos excedentarios de la hoja de coca, en forma concertada con los productores, »sin violar los derechos humanos, sin paramilitares, sin secuestrados, sin fumigaciones y con resultados».
Mencionó que de acuerdo con datos que ha revisado, este negocio ilegal mueve a nivel mundial 500 mil millones de dólares. »Si hablamos de un pisa coca, no es que éste ande cargado de miles de dólares en la espalda. Estos dólares se mueven en los bancos», precisó.
Morales pidió al presidente del Senado, José Villavicencio, del opositor Unidad Nacional, presente en el acto, que se promueva una ley para eliminar el secreto bancario en Bolivia, y aprovechó la presencia de embajadores de varios países para sugerirles la eliminación del secreto bancario a nivel mundial.
Aseveró además que una medida como esa no podrían rechazarla ni autoridades políticas, ni dirigentes cívicos ni sindicales, y menos aún autoridades bancarias, y »sería un aporte importante de la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial».
En otro orden, el canciller David Choquehuanca reveló ante la comisión senatorial de Política Internacional, que funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicaron que se financiarán las represas San Antonio y Jirau, que Brasil pretende edificar sobre el río Madera -uno de los principales afluentes del Amazonas que corre en territorio de ambos países y llega a Perú- sólo »si hay consentimiento del gobierno boliviano», para no tener problemas como los suscitados entre Uruguay y Argentina por una planta papelera construida sobre el río Uruguay.
Choquehuanca informó a los senadores que entre el 31 de julio y el 3 de agosto se realizará una reunión técnica con autoridades brasileñas para discutir este asunto. Informó que Bolivia propondrá que se hagan estudios conjuntos, no sólo del impacto ambiental sino social y económico de las represas, »por parte de una organización internacional».
Entre los impactos de dichas represas, que inundarán 530 kilómetros cuadrados en plena amazonia, están la inundación de áreas agrícolas y forestales en Bolivia y migraciones de familias en el departamento de Pando. Se enfrenta el peligro de extinción de peces, aves y mamíferos de una de las regiones más ricas en biodiversidad.