La agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos) es hija legítima de Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido que el ex dictador Hugo Banzer Suárez formó en 1979. Bajo el liderazgo del ultraconservador Jorge Quiroga Ramírez, Podemos se ha puesto al servicio de agroindustriales, ganaderos y terratenientes de las tierras bajas del país, como en […]
La agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos) es hija legítima de Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido que el ex dictador Hugo Banzer Suárez formó en 1979. Bajo el liderazgo del ultraconservador Jorge Quiroga Ramírez, Podemos se ha puesto al servicio de agroindustriales, ganaderos y terratenientes de las tierras bajas del país, como en su momento ADN sirvió a las transnacionales.
ADN apoyó los golpes narco militares de Alberto Natusch Bush y Luis García Mesa; conspiró contra el gobierno populista de la UDP a principios de los años 80 y a mediados de esa década firmó con el MNR el «Pacto por la Democracia» para impulsar el modelo neoliberal en Bolivia.
El ex dictador Banzer volvió a la Presidencia por la vía democrática en 1997 y junto a sus muchachos, entre ellos Quiroga, dio continuidad al neoliberalismo y al programa de privatizaciones. Tal fue su obsecuencia con las transnacionales que varios inversionistas aseguraron que el mejor gobierno para sus intereses fue el de Banzer-Quiroga.
Podemos es una especie de máscara de la extinguida ADN que no obtuvo ni el 4% de los votos en las elecciones generales de 2002. Esta tienda política reclutó tránsfugas de los partidos en vías de extinción como el MIR y el MNR, este último un movimiento nacionalista que traicionó la revolución de 1952 y que degeneró en la caterva empresarial que impuso las reformas estructurales a punta de bala y estados de sitio.
Jorge Quiroga es el exponente máximo de la derecha liberal blanca y tecnócrata. Estados Unidos es su segunda patria. Se educó en Texas y Austin, fue ex empleado de la IBM, fue ex gobernador del Banco Mundial y del FMI, y también ex director de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Cuando ocupó la Presidencia, Quiroga puso en puestos claves del aparato estatal a representantes de empresas transnacionales, entre ellos Carlos Kempf Bruno, ligado a Transredes (Shell-Enron), posesionado como ministro de Desarrollo Económico, y Carlos Alberto López, vocero de las petroleras, designado viceministro de Energía.
En esta nueva etapa, algunos cuadros políticos de Podemos pertenecen a la rancia elite empresarial del oriente boliviano, entre ellos Oscar Ortiz, ex gerente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), y ahora presidente de la Cámara de Senadores.
Otros dirigentes podemistas vinculados a gremios y logias terratenientes son el diputado ganadero Antonio Franco (ex dirigente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz en 2004, propietario de tierras en la Chiquitania y en la provincia de Guarayos de Santa Cruz); el senador Walter Guiteras (ganadero del Beni, hombre fuerte en el régimen banzerista); el diputado Ronald Moreno (uno de los ganaderos que lidera el movimiento terrateniente en el chaco cruceño), y la legisladora Eliane Capobianco que ayudó a «blanquear» decenas de haciendas ilegales en Santa Cruz cuando trabajó en el INRA y que ahora asesora a los latifundistas de su región.
La prioridad de este aparato político es resguardar los intereses de la patronal de los departamentos de la «media luna» (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), apuntalando regímenes autonómicos de corte federalista controlados por la burguesía y con poderes plenipotenciarios para administrar los recursos naturales y la tierra en particular.
Los diputados de Podemos Walter Javier Arrázola Mendivil y Pablo Klinsky Fernández (secretario de la Junta Preautonómica de Santa Cruz que redactó el estatuto que será sometido a la consulta pública el 4 de mayo) presentaron una denuncia contra el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, acusándolo de los delitos de instigación pública a delinquir, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, asociación delictuosa y allanamiento de la propiedad privada.
La demanda no deja de sorprender ya que fueron los ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera de Santa Cruz quienes organizaron grupos irregulares armados para impedir que Almaraz y brigadas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ingresen a la zona a verificar la Función Económica Social (FES) de las propiedades ganaderas e iniciar el trámite de titulación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) a favor de comunidades indígenas guaraníes de Alto Parapetí.
Klinsky y Arrázola salen en defensa de las propiedades de un hacendado extranjero, el estadounidense Ronald Larsen; niegan el derecho a la tierra de los guaraníes del chaco, muchos de ellos sometidos a la servidumbre, y acusan a Almaraz de intentar crear «sucursales de las FARC en el país».
Ambos legisladores defensores de la «legalidad», la «libertad» y la «propiedad privada» no se han pronunciado en torno al violento asalto del que ha sido víctima un periodista argentino. A Fernando Cola le sustrajeron una cámara valuada en 6 mil dólares el pasado 13 de abril en la localidad de Cuevo. Curiosamente, las imágenes captadas por Cola aparecieron días después en manos de Guido Nayar, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).
El 18 de abril, Nayar presentó a la prensa cruceña un video que, según él, prueba que el gobierno movilizó a indígenas de otras zonas para que se enfrenten a los ganaderos de la provincia Cordillera. Cola confirmó que de las 20 imágenes presentadas por el ganadero, 19 le pertenecen. La pregunta es cómo llegaron estas imágenes a manos de Nayar. ¿Nayar es el autor intelectual del robo o mantiene relaciones con los ladrones?
Nayar, adenista de cepa y ex ministro de Banzer, integró en horas recientes un «Comité de Defensa del Chaco boliviano» con sus colegas ganaderos y terratenientes de tres departamentos para combatir al decreto 29354 que expropia haciendas de Chuquisaca, y para evitar por todos los medios la titulación de la TCO guaraní en Alto Parapetí, dizque «en defensa del gas, el petróleo y la biodiversidad de la provincia Cordillera».