Dos senadores de la conservadora alianza opositora Poder Democrático y Social cuestionan la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la ratificación congresal de los 44 contratos petroleros, el convenio militar con Venezuela y la designación de cuatro ministros interinos para la Corte Suprema de Justicia.Ante la presentación por parte de los senadores de […]
Dos senadores de la conservadora alianza opositora Poder Democrático y Social cuestionan la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la ratificación congresal de los 44 contratos petroleros, el convenio militar con Venezuela y la designación de cuatro ministros interinos para la Corte Suprema de Justicia.
Ante la presentación por parte de los senadores de Poder Democrático y Social (Podemos) Oscar Ortiz y Roger Pinto de tres recursos ante el Tribunal Constitucional solicitando la nulidad de la sesión 107 del Senado Nacional y la designación por decreto de cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, pero el presidente Evo Morales calificó la misma como un acto político «normal de gente que subastó al país».
El senador Roger Pinto, titular por el departamento de Pando, presentó un recurso directo de nulidad de la sesión 107 del Senado del pasado 28 de noviembre, cuando su suplente, Andrés Guzmán, se hizo presente y contribuyó a lograr el quórum mínimo para instalar la sesión en la que se aprobaron la Ley 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria; la firma de los nuevos contratos petroleros, el convenio de cooperación militar con Venezuela y el Presupuesto General de la Nación reformulado para la gestión 2006.
«Nosotros acudimos a la justicia para que el Tribunal Constitucional pueda anular esta sesión es perjudicial para la democracia y el pueblo boliviano, es por eso que mi persona como directo afectado que he presentado un recurso directo de nulidad de la sesión 107 del Honorable Senado Nacional», justificó el senador Pinto momentos después de presentar la documentación respectiva.
Consultado por qué no pudo asistir a la sesión 107, Pinto argumentó que había restricciones el día 28 de noviembre en la ciudad de La Paz, sede del Senado Nacional. No obstante, no se refirió al repliegue de la Cámara Alta que asumieron los senadores de Podemos por instrucciones de su jefe nacional, Jorge Tuto Quiroga.
Por su parte, el jefe de bancada de Podemos, senador Oscar Ortiz, presentó dos recursos abstractos de inconstitucionalidad; el primero contra la sesión 107 del Senado Nacional puesto que no se habría cumplido con los dos tercios necesarios para hacer quórum; y el segundo contra el decreto supremo con el cual el presidente Evo Morales designó a cuatro ministros de la Corte Suprema.
«NO DESCANSAREMOS»
«Tenemos el firme propósito de no descansar hasta que el convenio con Venezuela sea anulado, por lo que presentamos el recurso contra la sesión 107 del Senado Nacional», dijo el senador Ortiz y explicó que este objetivo de fondo con la presentación del recurso legal.
Consultado si se busca anular la aprobación de los nuevos contratos petroleros o el PGN reformulado 2006, el senador de Podemos argumentó que por razones que desconoce, ambas aprobaciones no han sido publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, con lo cual no estarían aún en vigencia.
Respecto al nombramiento de los cuatro ministros de la Corte Suprema, Ortiz señaló que presentan el recurso con el argumento de que debe preservarse la independencia de los poderes.
«Nos parece que la base del sistema democrático en Bolivia y en cualquier parte del mundo es la independencia de poderes y por lo tanto en ningún momento el Presidente de la República puede designar a los ministros de la Corte Suprema porque se pierde la independencia de este poder (judicial)», puntualizó.
CONSTITUCIÓN
No obstante, la designación se realizó bajo el mandato de lo que establece el parágrafo 16 del artículo 96 de la Constitución Política del Estado que le faculta al Presidente de la República nombrar interinamente, en caso de renuncia o muerte a los empleados y funcionarios públicos que deben ser elegidos por otro poder cuando este se encuentre en receso. Lo que ocurre actualmente por el Congreso.
Además, la sentencia constitucional No. 129 de 10 de noviembre 2004, que tiene efecto vinculante, establece con claridad excepcional la plena potestad del Jefe de Estado de nombrar autoridades de otro Poder del Estado que deben ser nombrados por el Congreso cuando estos se encuentren en receso y que entre ellos se menciona expresamente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
El 30 de diciembre pasado, el Gobierno designó a Bernardo Bernal Calla (Oruro), Zacarías Valeriano Rodríguez (Tarija), Wilfredo Ovando Rojas (Cochabamba) y Carlos Jaime Villarroel (La Paz) como ministros interinos de la Corte Suprema de Justicia.
Además, la aprobación de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria abrió la puerta para una redistribución justa de la tierra para acabar con el latifundio improductivo; y los 44 nuevos contratos petroleros significan para el país el inicio de la industrialización del gas en nuestro territorio y el ingreso de 1.300 millones de dólares anuales a partir de este año.
SE OPONEN AL CAMBIO
A pocas cuadras del Tribunal Constitucional en Sucre, el presidente Morales calificó como una reacción esperada la presentación de los recursos por parte de la oposición.
«Es normal. La gente que subastó los recursos naturales siempre presenta demandas de inconstitucionalidad y el pueblo juzgará finalmente, porque al decreto supremo de nacionalización presentaron los parlamentarios de Podemos para anularlo, han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la supresión del artículo 55 del D.S. 21060, sobre la libre contratación. La presión de los movimientos sociales hizo levantar esa demanda de inconstitucionalidad», recordó.
El Primer Mandatario añadió que «con seguridad, gente que no quiere recuperar los recursos naturales seguirá presentando recursos de inconstitucionalidad a los contratos u otras transformaciones que estamos haciendo. Esa es la lucha ideológica, programática, cultural. Algunos no aceptan el cambio, por eso que presentan las demandas de inconstitucionalidad».