En unas cuantas semanas comenzará el proceso legislativo que habrá de culminar en la reforma del Poder Judicial, es decir, en el desmantelamiento del último baluarte en pie de la longeva dictadura priista, devenida en las últimas décadas en dictadura prianista.
Durante muchos decenios el Poder Judicial estuvo sometido al Poder Ejecutivo y, más concretamente, al presidente de la república. Era un vasallo encargado de dar cobertura y apariencia jurídicas a las decisiones políticas de la cúpula del poder.
Pero el asunto empezó a cambiar con la llegada a Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018. Dotado de una legitimidad abrumadora, López Obrador no tenía necesidad de valerse de los servicios del antiguo vasallo, y conminó al Poder Judicial a retomar y ejercer su independencia.
Pero libre del vasallaje político, el Poder Judicial no pudo librarse del vasallaje ideológico que lo atenazaba desde siempre. Un Poder altamente conservador asumió y empezó a ejercer su vocación verdadera: ser garante y defensor del statu quo vigente hasta diciembre de 2018.
Y de vasallo pasó a insurrecto. De dócil sirviente del Poder Ejecutivo se transformó en abierto adversario de éste. Y desde esa fecha se ha dedicado a bloquear y sabotear las acciones de orientación popular del Presidente de la República. Y no sólo de de éste. También ha saboteado las leyes emanadas del Poder Legislativo.
Se trata de una lucha entre conservadores y transformadores. Entre los conservadores, atrincherados en el Poder Judicial, y los transformadores, respaldados por más de 36 millones de sufragios.
La correlación de fuerzas se inclina en favor de la transformación. Pero hace falta concretarla. Y esto depende de la indispensable reforma del Poder Judicial. Transmutarlo de un poder al servicio de la oligarquía en un poder al servicio del pueblo.
Esa conversión pasa por democratización del Poder Judicial. Y ésta pasa por la elección democrática de jueces, magistrados y ministros. Se trata de que el pueblo elija a éstos, como elige al Presidente de la República, a los gobernadores de los estados, a los presidentes municipales, a los diputados y senadores.
Y no parece que haya alternativa. Más de la misma corrupción, servilismo, elitismo, racismo y clasismo o un cambio con sentido popular y democrático. Cosa de semanas. Pero el cambio en el Poder Judicial está ya a la vista. Y ya es irreversible.
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