Cuando no hay dirección el pueblo va a la deriva, la salvación depende del número de los consejeros.
Proverbios 11:14
El artículo 1 de la Constitución Política mexicana establece en términos generales que, todas las personas gozarán de las garantías que la misma otorga la cuales no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece. El 17 constitucional consigna que, para que nadie se haga justicia propia “vendetta privata”, los ciudadanos tienen derecho a que se les administre por tribunales exprofeso para ello a justicia pronta y expedita. El artículo 29, consagra, que ante perturbación o peligro latente de la paz pública, entiéndase en tiempos de covid19, se podrán suspender algunas garantías y derechos para hacer frente al problema, por tiempo limitado, para hacer frente al problema.
Y es el caso que el Poder Judicial Federal y en los estados, determinaron en un cerrar y abrir de ojos, sin hacer un diagnóstico responsable de los estragos de la pandemia, cerrar totalmente los juzgados civiles –que no hizo el ministerio público autoridad autónoma- ocasionando violación a los gobernados de los articulos1 y 17 constitucional. Lo cierto es que, sus responsables, sentados en sillas de terciopelo y espantados más que analíticos, pensaron que los contagios por Sar Cov 2, que genera la enfermedad de covid 19 dentro de sus instalaciones, sería un golpe mediático fatal para sus estancias, como si la pandemia fuera exclusiva de poderes, oficinas, gobiernos, ideologías, creencias.
Así determinaron me parece, cerrar totalmente los juzgados y servicios, unos antes otros después, en detrimento de los derechos y garantías constitucionales que tienen los justiciables. Llama la atención que centros comerciales y negocios grandes cerraron hace poco sus servicios o bajaron el aforo de visitantes como los bancos por ejemplo o las fiscalías, lo que pudo haber hecho el poder judicial federal y de los estados, bajar aforos e informar con tiempo lo que vendría después para no tomar por sorpresa a los tramites de los justiciables.
Quedaron así parados prácticamente todos los tramites que se realizan al amparo de los códigos civiles, de comercio y sus respectivos procesales, sin que le importara en el fondo a los poderes judiciales, la importancia de los tramites en curso y de los en puerta. Si se hubiera realizado una suspensión de servicios surgida de un diagnostico serio y tomando las medidas preventivas para ello, probablemente las actividades no hubieran sido presenciales al cien, por cierto, sino digitales, volviendo a destacar que el ministerio publico sigue trabajando bajando aforo de personas por carpeta y tomando medias atinadas lo que no paso en el caso.
No solo afectó dicha determinación irresponsable e ineficaz los trámites de los justiciables, sino además el trabajo e ingreso de los abogados postulantes, entre otros, porque en tiempos de tecnología y pandemia, se entiende se mandó a la burocracia a trabajar desde sus casas y no a dejar de hacerlo. El enojo de los justiciables y profesionales del derecho, llega a tanto ante medidas tomadas a la ligera desde un sillón en casa con café y pan, producto de sueldos que nunca dejaron de pagarse provenientes entre otros de esos justiciables y postulantes, porque el cierre de los juzgados no fue la solución a la disminución de contagios, dado que hoy ante el anuncio de reapertura escalonada, es un caos llegar a un juzgado porque nadie les dice nada de cómo se trabajará en el presente y futuro, lo que nos permite concluir que en tantos días de cierre de juzgados, los señores presidente del poder judicial y magistrados –salvo algunas excepciones- no hicieron nada para prever las reaperturas de juzgados, lo que con tanto trabajo acumulado, nadie sabe qué suerte correrán los trámites judiciales y el tiempo para resolverlos.
Justiciables han manifestado que hubo un “valemadrismo” en estas acciones y otras, que solo dejar entrever lo que realmente pasa en el poder judicial en tiempos de pandemia; ineficacia, falta de liderazgo, irresponsabilidad y hasta omisión de un deber legal, ante la violación de garantías como justicia pronta y expedita, cuyas inconformidades toman forma de quejas y denuncias, por la responsabilidad que pueda determinarse. Es la fecha que, en casos como Veracruz, la prontitud y expedites de la justicia aún sigue siendo una enfermedad sin vacuna y puro té. Actuemos.
Rafael Marín Marín es presidente del Colegio de Profesionales y Técnicos de Veracruz, COLPROTVER y, Delegado en Veracruz del Instituto Nacional para la Celebración del Día de Abogado. INCDA.