Presentado después del referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008, consulta que vio tanto a Evo Morales como a los prefectos de oposición del Oriente boliviano ser ratificados, este texto fue expuesto en el Segundo Foro Nacional de Organizaciones Sociales de Bolivia, realizado en Cochabamba los días 30 y 31 de agosto bajo el […]
Presentado después del referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008, consulta que vio tanto a Evo Morales como a los prefectos de oposición del Oriente boliviano ser ratificados, este texto fue expuesto en el Segundo Foro Nacional de Organizaciones Sociales de Bolivia, realizado en Cochabamba los días 30 y 31 de agosto bajo el auspicio de instituciones como Unitas, Programa Nina y Poder Local. Estaba presente la casi totalidad de las organizaciones campesinas e indígenas (CSUTCB, Conamaq, CIDOB, Federación de Mujeres, Federación de Colonizadores…) y urbano-populares (Fejuve de El Alto, Central Obrera Boliviana, sindicatos mineros…).
En un contexto en que las autoridades vinculadas a los grupos de poder del Oriente (Comité cívico Pro Santa Cruz, organizaciones empresariales…) trataron de deslegitimar al gobierno del MAS a pesar de la amplia ratificación del presidente Morales, se propuso tratar el tema de la «polarización» en Bolivia -una visión que sería pronto popularizada debido a los hechos de violencia que estallarían unos días después en las ciudades orientales, y que culminarían con la masacre de 15 campesinos el la localidad de El Porvenir (Pando), los días 11 y 12 de septiembre. En este texto, se trata de evaluar cuáles son los efectos de la dicha polarización sobre las organizaciones, subrayando una tendencia contradictoria: a medida que se va consolidando la necesaria unidad del movimiento popular boliviano, existen dinámicas negativas de sumisión al poder ejecutivo, y de cierre de los escasos espacios de discusión política vigentes. En este sentido, muchos de los comentarios formulados hace meses atrás siguen teniendo mucha relevancia en el contexto actual, como lo demuestra la polémica convocatoria al referéndum constitucional previsto el 25 de enero de 2009, que generó molestia entre algunos dirigentes sociales.
Introducción: «Polarización», ¿un concepto neutro?
Hablar de polarización en Bolivia resulta complicado después de los resultados del referéndum revocatorio del 10 de agosto. Pues, al alcanzar más de 67% de los votos (y al ganar en 95 de las 112 provincias que cuenta el país), la visión promovida desde la derecha, los grupos de poder de la «media luna» y los medios de comunicación, de un territorio fracturado entre Oriente y Occidente queda en gran medida invalidada. Por lo tanto, si bien resulta necesario cuestionar el uso del término «polarización» desde un punto de vista político, también debemos interesarnos por las causas de su uso, extendido con frecuencia a casos de países hermanos como Venezuela o Ecuador.
El término «polarización» refleja una coyuntura caracterizada por una división en el seno de una sociedad -se trata por lo tanto de un término connotado negativamente. De hecho, histórica y políticamente, siempre fue usado por la derecha contra cualquier proceso de cambio, ayer contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, hoy contra los de Hugo Chávez en Venezuela o de Evo Morales en Bolivia. Paradójicamente, la acusación de «polarización» no recae contra gobiernos de centro-izquierda considerados como «moderados», o «modernos», como los de Lula da Silva en el Brasil, o de Michelle Bachelet en Chile. Cabe subrayar que, en la era de la protesta social contra las políticas neoliberales en América Latina a finales de los años ’90 e inicios de los años 2000, no se solía hablar de «polarización» en los medios de comunicación, sino más bien de «desestabilización» y de «amenaza para la institucionalidad».
En este sentido, vemos que el uso del término «polarización», en el pasado como en la coyuntura actual, tiene como objetivo restarle credibilidad a los gobiernos que más ambicionan acabar con las políticas neoliberales impuestas por las instituciones internacionales y los países dominantes en el escenario de las relaciones internacionales, y que, por lo tanto, más afectan a los intereses de los grupos de poder nacionales e internacionales. También busca legitimar las protestas callejeras de los grupos de poder (como los cabildos y concentraciones del Comité Pro Santa Cruz acá, o de la oposición venezolana en Zulia), presentadas desde los medios de comunicación como medidas de defensa de la democracia -haciendo eco a algunos debates históricos que se llevan a cabo actualmente en Europa y Estados Unidos, sobre cierta relegitimización del golpe de Augusto Pinochet visto como la consecuencia naturalizada de una política gubernamental que generaliza «polarización» y «división» (obviamente, por ser favorable a los más pobres y humildes).
Si bien relativizamos en este trabajo la relevancia del uso del concepto de «polarización», lo emplearemos en esta ponencia como sinónimo de «cerrar filas», sea detrás de un líder o de un proyecto político común. En el contexto boliviano actual, se tratará de ver cuáles son las razones de la emergencia de tal proceso en Bolivia con el Movimiento al Socialismo (MAS) y la figura de Evo Morales. También intentaremos analizar brevemente algunos de los efectos y riesgos que acarrea tal fenómeno político, tanto para las organizaciones sociales como para el movimiento popular en su conjunto.
La actual unidad del movimiento popular boliviano: elementos de análisis
La relación del conjunto de las organizaciones sociales bolivianas con el gobierno de Evo Morales se caracteriza a la vez por la fuerte unidad política de estas organizaciones -visible en numerosas oportunidades, especialmente durante el proceso constituyente- y la persistencia de una fuerte autonomía de éstas mismas hacia un gobierno que sigue permanentemente bajo el fuego de sus críticas. ¿Cómo es posible la coexistencia de estos dos fenómenos aparentemente contradictorios?
Sin duda, el movimiento popular boliviano, como muchos otros en el mundo, oscila constantemente entre dos tendencias: el corporativismo, entendido analíticamente como una estricta defensa de sus demandas como sector, sea sindicato o comunidad; y el universalismo (en este caso, sinónimo, hasta cierto punto, de nacionalismo), visto como la capacidad de este mismo sector social de formular demandas o elaborar plataformas que expresan preocupaciones comunes al conjunto de la sociedad. Muchos sociólogos coinciden en que, en momentos de ausencia de movilización, las organizaciones tienden a replegarse hacia sus actividades cotidianas rutinarias, mientras su agenda se vuelve más amplia en épocas de acción colectiva. Seguramente, el ciclo de movilización iniciado en los años ’90 desde un ámbito casi estrictamente rural (luchas de los indígenas del Oriente por la Asamblea Constituyente; luchas de resistencia cocalera en el Chapare), y luego extendido hacia las ciudades en los años 2000 («guerra del agua» de Cochabamba en 2000; «guerra del gas» en el altiplano paceño y El Alto en 2003) ayudó en identificar intereses y enemigos comunes. Intereses porque, en el fuego de la movilización, se pudo avanzar, desde un amplio abanico de sectores, hacia la elaboración de una plataforma política común, esencialmente en torno a dos ejes: nacionalización de los recursos naturales y convocatoria de una Asamblea Constituyente. Enemigos porque, mediante el trabajo político de elaboración de un discurso común permitiendo articular estos dos ejes principales, se pudo delimitar una frontera entre ellos (partidos tradicionales, embajada estadounidense, empresas transnacionales) y nosotros (indígenas, campesinos, obreros, sindicalistas, vecinos, mineros cooperativistas), lo que contribuyó a consolidar al segundo grupo pese a su profunda heterogeneidad.
Estos avances tienen que ver con dos dinámicas en particular, que pueden ser vistas a la vez como causas y efectos de la polarización, en la medida en que se trata de procesos que se «auto-alimentan». Primero, la superación de divergencias y divisiones en el seno del movimiento campesino, indígena y popular. Asimismo, la evolución de la votación en la población de Achacachi (provincia Omasuyos) resume cómo, gradualmente, la creciente hegemonía de Evo Morales y sus seguidores dentro de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) se traduce en una creciente hegemonía en el ámbito político-electoral entre 2002 y 2008. En 2002, el líder del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), Felipe Quispe, gana con la mayoría absoluta. Ya en 2005, la votación por Quispe se reduce a un 22,5%, dejándolo en un segundo lugar detrás de Morales que consigue, a su vez, la mayoría absoluta con más del 55%. En el referéndum revocatorio, Achacachi se destaca a nivel nacional por haber ratificado a Morales con el porcentaje más elevado en todo el país (98,5%). La cantidad de poblaciones en las cuales la votación por la ratificación de Evo Morales alcanza más del 80% sugiere una reproducción cada vez más importante, en el mundo rural, del patrón que, hasta entonces, regía exclusivamente el voto en las áreas correspondientes a los sectores claves del «instrumento político» (como los cocaleros, por ejemplo) -es decir, un voto consensuado a nivel sindical o comunitario, que vincula a todos los miembros del dicho grupo social, y que otorga generalmente al candidato elegido una victoria abrumadora.
Segundo, la gradual construcción de espacios políticos de convergencia. Asimismo, frente a la creciente atomización de un movimiento popular antes articulado por la Central Obrera Boliviana (COB), el intenso ciclo de luchas sociales en los años 2000 ha requerido de sus protagonistas la construcción de consensos que implicó la creación de espacios comunes concretos simbolizados por la forma organizativa «coordinadora» que, desde un punto de vista funcional, logró llenar el vacío dejado por el derrumbe del movimiento sindical tradicional. De esa manera surgieron estructuras como la Coordinadora por la Vida y el Agua, el Estado Mayor del Pueblo y, más recientemente, el Pacto de Unidad que constituyó el primer momento de unidad casi total de las organizaciones sociales representativas del mundo rural. El trabajo político realizado, desde su creación, por el Pacto de Unidad -una de las pocas estructuras que sometió a la Asamblea Constituyente un verdadero proyecto de constitución- simboliza un mejoramiento constante de la capacidad del movimiento popular -y en este caso, el movimiento campesino e indígena especialmente- en elaborar propuestas de políticas públicas e incidir en el debate político con argumentos técnicos sustanciales.
A través de estos ejemplos, podemos ver que la «polarización» produce efectos positivos para las organizaciones populares en la medida en que contribuye a la consolidación del campo popular, tanto a nivel del análisis de la coyuntura política que lleva a una identificación conjunta de problemas públicos y enemigos, como a nivel de la elaboración de soluciones que permitirían resolver estos problemas, y de la construcción una necesaria unidad político-organizativa para enfrentar al campo enemigo. Este proceso permitió fundamentalmente cambiar el «foco de análisis» de estas organizaciones cuyas tendencias al corporativismo, si bien siguen subsistiendo, se han visto progresivamente superadas por la lucha por un proyecto de país simbolizada por su empeño en la Constituyente. Asimismo, si bien muchas de las organizaciones que llegaron a la Asamblea mediante sus candidatos elegidos tenían como prioridad la inscripción en el texto constitucional de disposiciones relativas a sus demandas como sectores, son las mismas que, hoy en día, presionan el poder ejecutivo para que se convoque el referéndum constitucional y que se apruebe el nuevo texto.
Los riesgos de la «polarización» sobre las organizaciones sociales
La estructura organizativa del MAS, conocida como «instrumento político», tiende a borrar la frontera generalmente instituida entre «el sindicato» y «el partido». Desde la victoria de Morales en 2005, la idea de «organicidad» que rige la relación entre las confederaciones y su instrumento se ha extendido en el imaginario colectivo de los militantes para involucrar al poder ejecutivo en este esquema. Lo que llevó en repetidas oportunidades el propio gobierno a reivindicar el título de -y presentarse como un- «gobierno de los movimientos sociales». Si bien existen mecanismos de consulta e intercambio entre gobierno y organizaciones -entre los cuales se encuentra la evaluación anual del poder ejecutivo por las organizaciones y la creación de una Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam)-, la idea de que la «organicidad» que caracterizaría la relación entre gobierno, sindicatos e instrumento garantiza en sí un control del poder ejecutivo por las organizaciones se ha visto ampliamente relativizada por los hechos. Hasta cierto punto, podemos darnos cuenta de que el lema «somos gobierno, nosotras, las organizaciones», conlleva una serie de riesgos, especialmente en momentos de tensión como los que vivemos actualmente, que nos proponemos analizar aquí.
Al inicio de su mandato, el vicepresidente Álvaro García Linera confiaba a un periodista que, según él, «un gobierno llevando a cabo políticas de cambio radicales y movimientos dispuestos a marchar para defenderlas constituyen una eficiente maquinaria de cambio». Más allá de la eficiencia real o relativa de tal relación, este tipo de propuestas conlleva bastantes riesgos. Entre ellos, la posibilidad de que la acción de las organizaciones se vea sistemáticamente sometida a la agenda gubernamental. Así sucedió en varias oportunidades durante la realización de la Asamblea Constituyente: fueron varias las veces en las que el gobierno pidió el apoyo de organizaciones en defensa del cónclave, antes de pactar una tregua con la oposición mientras los sindicatos estaban movilizándose hacia Sucre. Existe por lo tanto para las organizaciones sociales un riesgo real de desgaste, en relación a su capacidad de movilización, si sigue este curso en el futuro.
También existe el riesgo de una «estatización» de las organizaciones mediante la «cooptación» de los líderes sindicales. Si bien tal hecho no ha sido observado en Bolivia hasta ahora, los roces crecientes entre la lógica institucional y la lógica sindical ya han llevado a que nuevos problemas sean debatidos en recientes congresos campesinos. Entre ellos, que siga vigente o no la posibilidad de cumular un mandato electivo con un cargo sindical, tal como fue discutido en el último congreso de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia – «Bartolina Sisa» (FNMCIOB-«BS»). El surgimiento de tal debate fue fruto de la intervención de algunas militantes de base, al ver miembros del Comité Ejecutivo tan absorbidas por otras tareas relacionadas con el ejercicio de su mandato de constituyente o parlamentaria, que no pudieron dedicar el tiempo necesario al pleno ejercicio de su mandato sindical.
Por último, la presión ejercida desde el gobierno por «cerrar filas» detrás de él podría tener otro efecto negativo que ya se pudo observar estos últimos meses: la de impedir al mismo tiempo cualquier debate sobre la pertinencia de las iniciativas y políticas gubernamentales para no obstaculizar su propia acción. Tal dinámica se pudo observar en las semanas anteriores al referéndum revocatorio, con las acciones de la COB en contra del proyecto de Ley de Pensiones propuesto por el gobierno. En las filas oficialistas, la protesta de la COB sólo se explicó por motivos extra-sindicales, entre los cuales se destacó nítidamente la supuesta pertenencia pasada -nunca probada, sea dicho de paso- del actual secretario ejecutivo de la COD de Oruro, Jaime Solares, a las filas de la derecha y se lo acusó de «querer muertos». En ese momento de conflicto abierto entre el gobierno y un ente sindical, la reacción del poder ejecutivo fue basada en la estigmatización y, hasta el trágico desenlace del bloqueo de Caihuasi, en el rechazo de cualquier medida política que hubiese podido postergar esa discusión, haciendo aparecer a la COB como una estructura opositora. A nivel de base, la hostilidad, no extenta de cierta irracionalidad, hacia la Central Obrera se combinó a otro fenómeno quizás más preocupante: nunca se discutió la relevancia de un proyecto de ley que, paradójicamente, muestra cierta continuidad con los paradigmas de cobertura social que se impusieron en la era del neoliberalismo. En este caso existe, por lo tanto, el riesgo de que, en vez de potenciar el debate y contribuir a que cualquier militante del MAS pueda participar democráticamente a éste, el gobierno actúe con la intención de cerrar cualquier espacio crítico, exigiendo de sus bases un apoyo a la vez incondicional y acrítico.
Conclusión
Si bien podemos deducir del resultado del referéndum revocatorio que ya no existe el famoso «empate catastrófico» entre los grupos de poder del Oriente y las organizaciones sociales, no deberíamos pensar que basta defender el actual gobierno para que siga adelante el proyecto de cambio encabezado por Evo Morales. De ahí la importancia de la autonomía de las organizaciones frente al poder ejecutivo, tanto a nivel organizativo como a nivel político. Sólo la crítica constructiva y la total libertad de expresión y de acción sindical podrán garantizar un eficiente control de las organizaciones sobre su instrumento. De hecho, hoy en día el gobierno escenifica una relación armoniosa con ellas mediante la convocación de reuniones del Conalcam, especialmente con el motivo de consultar los dirigentes sindicales sobre la pertinencia de llamar a un referéndum constitucional. Sin embargo, esta última decisión se debe más a la presión que las organizaciones han sabido mantener sobre el gobierno para que la tome, que a una iniciativa gubernamental aislada.
Hervé Do Alto es polítologo y autor con Pablo Stefanoni del libro «La revolución de Evo Morales», Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.