Introducción Las políticas públicas, estrategias y prácticas desarrolladas en la Provincia de Córdoba en materia de seguridad hace más de diez años, han sido objeto de múltiples críticas, denuncias e impugnaciones por parte de académicos e instituciones de derechos humanos. Al carácter arbitrario y estigmatizante de sus prácticas, se añade el cuestionamiento en la ambigüedad […]
Introducción
Las políticas públicas, estrategias y prácticas desarrolladas en la Provincia de Córdoba en materia de seguridad hace más de diez años, han sido objeto de múltiples críticas, denuncias e impugnaciones por parte de académicos e instituciones de derechos humanos. Al carácter arbitrario y estigmatizante de sus prácticas, se añade el cuestionamiento en la ambigüedad de sus reglas, la corrupción, criminalización, represión y el abuso policial que traen aparejados, la habilitación a la institución policial a intervenir con fines preventivos y la inefectividad al momento de intentar reducir la violencia e inseguridad.
Este paradigma de la (in)seguridad, se basa en los modelos estadounidenses de «tolerancia cero» establecidos por el Manhattan Institute, think tank promotor de la penalidad neoliberal, que considera que la seguridad ciudadana aumentará gracias al control del desorden de pequeña escala en lugares públicos. Se aplican políticas preventivas fuertemente agresivas con un gran número de policías en las calles en todo momento.
Esta dinámica de la política de seguridad cordobesa, permite hablar de un «Estado Policial», entendiendo por éste no sólo a las fuerzas policiales en sí mismas, sino a todos los dispositivos, tecnologías y mecanismos que son propios de este tipo gubernamentalidad, expresión local de las sociedades de control que se configuran como un signo de época.
El presente artículo tiene por objetivo el análisis de ciertas tendencias evidenciadas en esta política de seguridad provincial: en primer lugar, una hiperinflación carcelaria, seguida de una expansión horizontal del sistema penal, un incremento del presupuesto y el personal vinculado a seguridad y un aumento de la autoridad y las capacidades del mencionado sistema. Por último, se analiza el hecho de que son los marginados del poder político y económico el principal blanco de esta política de seguridad descrita.
Política de seguridad en Córdoba
La política de seguridad del Estado Provincial cordobés se encuentra enmarcada en la «Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba» (Ley N° 9.235) y el «Régimen de los servicios de prestación privada de seguridad, vigilancia e investigación» (Ley N° 9.236).
La Ley N° 9.235 circunscribe el problema de la inseguridad, a la física y de la propiedad, dejando de lado las nociones de inseguridad social y económica. En su artículo 3° establece: «La seguridad pública tiene por objeto: I. Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba; II. Proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes».
Este paradigma de la (in)seguridad, se basa en los modelos estadounidenses de «tolerancia cero» establecidos por el Manhattan Institute. En septiembre de 1998 el Ministro de Seguridad y Justicia de Buenos Aires comenzó a establecer contacto con el instituto, en 1999, a pocas semanas de asumir, la primera reunión con un organismo internacional que tiene el por entonces flamante Gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, es justamente con el Manhattan Institute, y en octubre de 2014 la Provincia de Córdoba formalizó acuerdos de asesoramiento y formación con dicha entidad. Este think tank, promotor de la penalidad neoliberal, considera que el delito se origina, no como consecuencia de las condiciones sociales, sino por el mal comportamiento individual. Es el coeficiente intelectual de las personas el que determina la propensión al crimen y la cárcel: quienes cometen delitos son aquellos que sufren carencias mentales y morales y no quienes tienen privaciones materiales (Herrnstein, R. y Murray, C., 1994)3.
De acuerdo a este instituto, existen dos metas principales que deben guiar la creación de estrategias para prevenir el crimen e incrementar la seguridad ciudadana: mantener el orden y crear estructuras que refuercen las leyes. Bajo esta visión proactiva, la policía debe contar con los recursos para poder realizar su trabajo correctamente y la libertad para usarlos de manera innovadora (Kelling, G. y Corbett, R, 2003). De acuerdo a la política de «ventanas rotas», la seguridad ciudadana aumentará gracias al control del desorden de pequeña escala en lugares públicos. Se busca enviar el mensaje de que ningún tipo de actividad ilegal será tolerada, con políticas preventivas fuertemente agresivas y la existencia de un gran número de policías en las calles en todo momento (Kelling, G. y Coles, C., 1996).
A su vez, dentro de la «tolerancia cero» se utiliza una técnica denominada «stop and frisk», que consiste en «controlar, detener y en caso de necesidad someter a un cacheo en la calle a cualquier persona que pueda ser «razonablemente sospechosa» de un crimen o un delito» (Wacquant, 2004:15).
El mencionado marco regulatorio se ha articulado a su vez con la Ley Provincial N° 8.431 «Código de Faltas de la Provincia de Córdoba», sancionada en 1994 y que desde el 1° de Abril de 2016 ha sido continuada/sustituida por la Ley N° 10.326 «Código de Convivencia Ciudadana».
La aplicación de este tipo de estrategias ha sido objeto de múltiples críticas, denuncias e impugnaciones por parte de académicos e instituciones de derechos humanos. Se señala el carácter arbitrario y estigmatizante de sus prácticas, ya que son los jóvenes pertenecientes a sectores populares el principal blanco de la política de (in)seguridad provincial. A su vez, se ha cuestionado la ambigüedad de sus reglas, la corrupción, criminalización, represión y el abuso policial que trae aparejados, el hecho de que habilita a la policía a intervenir con fines preventivos (y no ante la inminencia o comisión de un delito) y la inefectividad al momento de intentar reducir la violencia e inseguridad4.
Esta dinámica de la política de seguridad cordobesa, observada y denunciada también en el continente en general, permite hablar de un «Estado Policial», entendiendo por éste no sólo a las fuerzas policiales en sí mismas, sino a todos los dispositivos, tecnologías y mecanismos que son propios de este tipo gubernamentalidad, expresión local de las sociedades de control que se configuran como un signo de época. Una «estructura gubernativa que ordena cuerpos y cosas en el territorio a partir de lógicas y dispositivos biopolíticos de intervención sobre ese territorio y los sujetos que en él/sobre él existen» (Job, 2013).
Se entenderá por biopoder «el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder» (Foucault, 2006:15).
Siguiendo a Wacquant5, se puede hablar de cinco tendencias que presenta esta política de seguridad, que él observó en Estados Unidos y que son replicables en nuestra Córdoba de hoy.
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La hiperinflación carcelaria:
En términos de la demografía penitenciaria, se habla de una «bulimia carcelaria». A nivel nacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales anunció en 2005 que en 7 años, la cantidad de presos se había duplicado (Job, 2011).
Si se considera la tasa de población penitenciaria cada 100 mil habitantes en Argentina, puede observarse un franco crecimiento en la misma: mientras que en el 2000 era de 103 cada 100 mil habitantes, en 2012 la tasa fue de 149 cada 100 mil habitantes, un 45% más alta.
Gráfico N° 1: Tasa de población penitenciaria cada 100 mil habitantes
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Para el caso de Córdoba6, si se tienen en cuenta 15 complejos y establecimientos penitenciarios provinciales y la capacidad de alojamiento que la Provincia le comunicó al Ministerio de Justicia de la Nación que los mismos tenían, en 2011 la capacidad total era de 5.433 personas y la población alojada eran 5.994. Lo anterior, implica una sobrepoblación del 10,3%7. De este total, el 47% se encontraba en la situación jurídica de condenado y el 53% sin condena. A su vez, de esas 5.994 personas, el 65% se encontraba al momento de la detención desocupada o con un empleo de tiempo parcial.
En el gráfico puede observarse el crecimiento de la demografía penitenciaria, que en quince años se incrementó en un 93%, pasando de 3.112 a 5.994 personas.
Gráfico N° 2: Población penitenciaria en Córdoba
Fuente: Elaboración propia en base al Informe Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba, 2013.
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La expansión horizontal del sistema de seguridad:
La segunda tendencia, hace referencia a una «ampliación lateral del sistema penal», ya que existen, además de quienes están tras los muros de las cárceles, personas detenidas a partir de la aplicación del régimen contravencional de la Provincia. De acuerdo a un estudio realizado en el año 20128, en el año 2011 hubo, sólo en la Ciudad de Córdoba, 42.700 personas detenidas en función a este régimen (mientras que en el 2009 habían sido 27.000), es decir 200 detenidos por día, lo que evidencia un incremento del 58% en sólo dos años.
Lo anterior, implica una expansión cada vez mayor de la autoridad y las capacidades de regimentación y neutralización del sistema penal9.
De este modo, se observa una transformación en la finalidad del sistema penal, que ya no hace referencia a:
«prevenir el crimen ni tratar a los delincuentes con vistas a su eventual regreso a la sociedad una vez cumplida su sentencia, sino aislar grupos percibidos como peligrosos y neutralizar a sus miembros más perturbadores mediante un seguimiento estandarizado de los comportamientos y una gestión aleatoria de los riesgos que están más emparentados con la investigación operativa o el retratamiento o reciclado de los «desechos sociales» que con el trabajo social» (Wacquant, 2004:93).
Se dice así que el sistema contravencional es extensivo, ya que si bien sus efectos no suelen ser de consecuencias a largo plazo en cada condena, sí «sirven» a modo de disciplinamiento social ya que «atrapan» en sus redes a una cantidad considerable de ciudadanos. Así, el efecto disciplinador y el impacto en la subjetividad de ciertos sectores es determinante en su modo de estar y sumamente asfixiante por su amenaza constante, que no responde a razones ni acciones, sino a la simple voluntad absolutamente arbitraria e infundada de cada agente policial que decide aplicarla (siempre por orden y con respaldo político e institucional para hacerlo).
El régimen contravencional se vuelve así, una de las principales herramientas de segregación socio-territorial del Estado Policial en la Provincia.
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El crecimiento desmesurado del presupuesto en seguridad:
La tercera tendencia de la política de seguridad cordobesa hace referencia al enorme incremento en las erogaciones públicas que trae aparejado.
Si se analizan los gastos del Gobierno Provincial de acuerdo a su finalidad, puede observarse el marcado crecimiento que en términos nominales viene teniendo el presupuesto en «Servicios de Seguridad y Justicia».
Este tipo de gasto tiene en cuenta:
«las acciones inherentes al mantenimiento del orden público interno y acciones relacionadas con el sistema penitenciario. Incluye el financiamiento de políticas sobre defensa de víctimas de delitos, reinserción de liberados, seguridad deportiva, seguridad vial, las acciones tendientes a conocer la verdad y preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado y la aplicación del poder de policía en todo el territorio provincial» (Portal de Transparencia Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2015).
Mientras que en el 2009 este gasto fue de $1.328 millones, en el 2016 fue de $11.210 millones, lo que implica un incremento del 744% en 7 años.
A su vez, si se analizan los crecimientos interanuales, puede observarse una variación del 39% en el monto presupuestado para el corriente año en relación al 2015.
Gráfico N° 3: Erogaciones presupuestadas en «Servicios de Seguridad y Justicia» para la Provincia de Córdoba. Período 2009-2016
(en millones de pesos y variación interanual-eje derecho-)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Analizando la composición de ese gasto, puede concluirse que el mismo no se ha modificado en gran medida a lo largo del período analizado.
Los «Servicios de Seguridad y Justicia» están compuestos por:
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Seguridad interior: «acciones desarrolladas para el mantenimiento de la ley y el orden y la lucha contra siniestros» (Portal de Transparencia Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2015).
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Sistema Penal: gastos en el Sistema Penitenciario Provincial.
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Administración de la Seguridad: «acciones desarrolladas en el marco del diseño de políticas de seguridad pública, el tribunal de conducta policial, entre otros» (Portal de Transparencia Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2015).
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Justicia
A partir del gráfico que se muestra a continuación puede observarse cómo a lo largo de los años, la composición de este tipo de erogaciones no se ha modificado de modo sustancial. En ambos años, los gastos en Seguridad Interior constituyen un 80% del total, el que pertenece al Sistema Penal evidencia en promedio una participación del 16%, la Administración de la Seguridad un promedio del 3% y los gastos de Justicia un magro 1%. Es importante resaltar que en el año 2016, los gastos de «Seguridad Interior» fueron 73 veces el monto destinado a «Justicia» ($9.007 millones contra $124 millones).
Gráfico N° 4: Composición de las erogaciones presupuestadas en «Servicios de Seguridad y Justicia» para la Provincia de Córdoba. Años 2009 y 2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Al entender al presupuesto como la «expresión y el resultado de los acuerdos, pactos y mecanismos políticos que se forjan coyunturalmente alrededor de los principales aparatos del Estado o en las reformas estructurales de reducción del Estado y las políticas sociales», es que las estadísticas mencionadas adquieren importancia (Carrión, F y Dammert, M. 2009: 18). Quedan evidenciadas de este modo, las claras prioridades del Gobierno en materia de seguridad.
Uno de los programas más importantes vinculados con la política de seguridad provincial10 es el de «Mantenimiento de la Seguridad y el Orden y Lucha Contra Siniestros»11.
El mismo presenta los siguientes objetivos12:
«Llevar a cabo actividades de acuerdo al estudio de las necesidades y demandas de la población conforme a un estudio sistemático analizando el entorno, evaluando las fortalezas y debilidades de la Repartición e identificar oportunidades en que la Institución se podría acercar al valor ideal para desarrollar una estrategia acorde a la situación imperante; Potenciar el sistema de prevención y operativo; Lograr el óptimo rendimiento de recursos materiales y humanos; Capacitación específica y cultural del personal; Buena comunicación con la sociedad; Optimizar los servicios; Luchar contra el narcotráfico y adicciones«.
En el modelo de seguridad cordobés descripto, la institución policial aparece como un actor fundamental en su implementación.
Si se analiza el personal policial, puede observarse que el mismo ha evidenciado desde 2005 un incremento del 107% en su planta, pasando de tener 11.737 empleados, a 22.815 en el año 2016, como se evidencia en el cuadro a continuación. Estos datos corresponden sólo a la cantidad de integrantes de la Policía Provincial, no están incluídos los agentes de la Policía Federal, Policía Aeroportuaria, Gendarmería, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, personal del Tribunal de Conducta Policial, Fuerzas Armadas en general y agentes de seguridad privada (negocio que ha incrementado su número y ganancias de manera exponencial en los últimos años).
Al realizar una comparación con el crecimiento del personal docente en relación a los datos anteriores, se puede observar que el personal vinculado con la «Educación Inicial y Primaria» era en 2005 de 18.672 personas y en 2016 está compuesto por 21.106 docentes, es decir que el crecimiento ha sido de un magro 13%.
Cuadro N° 1: Personal Policial del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Período 2005-2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En este punto es importante destacar que el números de policías por habitante existente en la provincia está muy por arriba de las recomendaciones que, según varios artículos, realizaría la ONU de 1 cada 280 habitantes, ya que la provincia presenta 1 policía cada 145 habitantes, es decir casi el doble.
Los anteriores, son todos indicadores del modo en el que la política de seguridad del Estado Provincial ha ido incrementando en términos presupuestarios y de personal: evidencia, además de la tremenda policialización existente en el territorio, el enorme gasto ineficaz en el que está sumido la provincia.
Esta radiografía da cuenta de que el Estado Policial, si bien no se limita a la institución policial, sí encuentra en ella su columna vertebral «ordenadora». No es ya la política representativa la instancia de condensación y ordenación del conjunto de voluntades, sino la disputa directa en/sobre el territorio, la que configura una dinámica social cada vez más «a la intemperie», donde la violencia se vuelve el signo de época para dirimir el modo en que la vida se desarrolla en el espacio social.
Es importante destacar a su vez que este enorme gasto descrito, no encuentra su correlación con una reducción en la delincuencia ni la inseguridad. El Observatorio de Seguridad Ciudadana relevó13 que en 2014 la tasa de victimización directa14 fue del 24,4%, evidenciando un crecimiento anual del 12%. En relación a la percepción de inseguridad15, estimó por un lado que en el año 2014 la proporción de personas que consideran que la inseguridad ha aumentado en los últimos seis meses fue del 75,3%; y por el otro, que el porcentaje de personas que consideran que probable ser víctimas de delito en los próximos seis meses fue del 88,2% para el año 2014.
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Prosperidad de la industria privada de la seguridad:
Una primera aclaración al momento de hablar de la cuarta tendencia en la política de seguridad cordobesa, debería quizás señalar cierto borramiento, o al menos difuminación, entre la esfera pública y la privada. Si bien esta división, según una concepción marxista del Estado y el Derecho, respondió siempre a una operación ideológica (en el sentido de velo), lo que es indudable es que esa frontera (incluso si respondía a operaciones ideológicas) está sumamente en crisis, siendo cada vez menos significativa para explicar la realidad social y el momento histórico. Así, el Estado ha sido tomado por asalto, casi sin mediaciones, por las empresas transnacionales en los diversos ámbitos, y la «tercerización» se ha vuelto uno de los modos predilectos de «gestión» del Estado, pero también, y sobre todo, de transferencias de recursos desde la población hacia los sectores más concentrados de la economía. Este fenómeno es indiscutible cuando se observa de modo desagregado el presupuesto en materia de seguridad.
En ese marco, las campañas comandadas por las empresas de (in)comunicación masiva, atizando de manera histriónica la bandera de la inseguridad, no sólo han permitido el crecimiento desmesurado e ineficaz de las fuerzas estatales de seguridad, sino que han posibilitado la existencia de una brecha cada vez mayor entre la seguridad provista por las instituciones públicas y la percepción de la seguridad por parte de la sociedad, lo que redunda en un colosal desarrollo del negocio de la seguridad privada: erogaciones de tipo preventivo (seguros, alarmas, cámaras, entre otros) que realizan las familias para de este modo incrementar su sensación de seguridad (El Llano en Llamas, 2015).
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Corporación Andina de Fomento en algunas ciudades de América Latina durante el año 201316, se observa que un 24% de los encuestados menciona haber instalado cerraduras de seguridad y rejas, un 12% menciona haber recurrido a cámaras, vigilancia privada o alarmas y un 17% dice tener perros de vigilancia. Lo anterior se estima que implicó un costo para los hogares del 4% de su ingreso (Encuesta Corporación Andina de Fomento, 2013).
En relación a los servicios privados de seguridad y custodia (enmarcados en nuestra provincia en la mencionada Ley N° 9.236), los mismos son de gran dimensión no sólo a nivel mundial, sino también regional y nacional.
En términos globales, en el año 2003, el mismo creció en una tasa del 7% al 8% (Carrión, 2009). De acuerdo a un estudio realizado en 16 países de América Latina17 por cada oficial de policía, el número de agentes de seguridad privada es más del doble18 (Paz, 2012).
Claramente la Argentina no es ajena a esta tendencia. De acuerdo a los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el año 2010 había 111.203 empleados formales trabajando en 1.434 empresas dedicadas a la seguridad privada.
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La política de seguridad es dirigida principalmente a los sectores populares:
Si la hiperinflación carcelaria, está a su vez acompañada de una expansión horizontal del sistema penal, un incremento del presupuesto y el personal vinculado a seguridad y un aumento de la autoridad y las capacidades del mencionado sistema, lo cierto es que son los marginados del poder político y económico el principal blanco de esta política de seguridad descripta.
Existe una verdadera «criminalización de la pobreza», que puede comprobarse al analizar el nivel de ingresos de las personas detenidas por la aplicación del Código de Faltas. De acuerdo a un estudio del año 201219, del total de personas que dijeron haber sido detenidas al menos una vez por el Código de Faltas, el 54,6% tenía un nivel de ingresos bajo, el 25,4% medio y el 20% alto.
Gráfico N° 5: Personas detenidas por la aplicación del Código de Faltas en función a su nivel socio-económico
Fuente: Elaboración propia en base del «Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba».
A su vez, cuando se les preguntó a los encuestados «¿Cuántas veces fuiste detenido por aplicación del Código de Faltas?», seleccionando aquellos individuos con 5 o más detenciones, se concluye que el 75% pertenecen a barrios de nivel socio-económico bajo, el 15,6% a barrios con un nivel de ingresos medio y sólo el 5,9% se trataba de personas con un nivel socio-económico alto. Es evidente que estas diferencias no hacen relación a una mayor propensión de las personas de niveles socio-económicos bajos a cometer delitos, sino que muestran con claridad el carácter discriminatorio de la política de seguridad en la Provincia de Córdoba.
Gráfico N° 6: Personas con 5 o más detenciones por el Código de Faltas en función a su nivel socio-económico
Fuente: Elaboración propia en base del «Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba».
Conclusiones
La política de seguridad analizada en el artículo, nos permite hablar de la instalacion de sociedades de control en el continente latinoamericano en general, que en Córdoba toma la particular forma de Estado Policial.
A partir del despliegue de este Estado Policial es que podemos dar cuenta de las tendencias mencionadas: una la hiperinflación carcelaria, acompañada de una expansión horizontal del sistema penal, un incremento del presupuesto vinculado a seguridad, junto con una tremenda policialización de la provincia, y un aumento de la autoridad y las capacidades del mencionado sistema. A su vez, la evidencia de que este tipo de estrategias y tecnologías tienen como blanco principal a los marginados del poder político y económico.
Una política que presenta los más variados mecanismos de disciplinamiento y control social, con un objetivo preventivo, y que tanto en términos económicos como securitarios resulta ineficiente: evidencia crecimientos descomunales en sus gastos presupuestados, incrementos masivos de personal, un marcado desarrollo del negocio de la seguridad privada, que no implican reducciones en los índices de criminalidad, violencia, victimización o sensación de inseguridad; pero que por el contrario es una usina de violacion de derechos, dignidades y libertades humanas.
Queda en evidencia, una política estatal pensada para unos pocos, que busca controlar, reprimir y aislar a determinados grupos considerados «peligrosos». Deben diseñarse con urgencia, políticas públicas que piensen en la seguridad que comprendan que la unica manera eficiente de garantizar, incluso los objetivos de proteccion física y de la propiedad, es abandonando el paradigma guerrerista preventiva de policializacion social, que realizando una mejor utilizacion de los recursos estatales y privados garanticen una seguridad para la sociedad en su conjunto y no sólo para determinados sectores.
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Notas:
3 Existen otros estudios desde la perspectiva de la teoría de la elección racional que consideran que el crimen es una actividad económica más y el individuo, al ser racional, comete el delito en el caso en el que la utilidad esperada de realizar la actividad ilegal supere la utilidad que obtendría en el caso de utilizar ese tiempo y esos recursos en una actividad legal. A través de estudios estadísticos, se busca explicar la tasa de delincuencia, llegando a la conclusión de que las variables con mayor poder disuasivo son: la probabilidad de captura (Bacchiani, 1997), probabilidad de captura y condena (Kessler y Molinari, 1997), tasa de condena y arresto (Chambouleyron y Navarro, 1997), probabilidad de castigo (Balbo y Posadas, 1998), probabilidad de arresto (Chambouleyron y Willington, 1998) y probabilidad de arresto y sentencia (Cerro y Meloni, 1999). Sin embargo, en ningún momento entran en consideración variables vinculadas a la desocupación, subocupación, brechas de desigualdad, pobreza, marginalidad, por mencionar algunas. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, existen otros estudios que demuestran a nivel empírico la correlación positiva que existe entre el deterioro del mercado laboral y el incremento en la cantidad de detenidos (Chiricos, T; Delone, M).
4 Algunos de los trabajos que pueden citarse son, el informe de «Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales en la Provincia de Córdoba» del equipo de investigación «El Llano en Llamas», el «Relevamiento y análisis sobre la aplicación del código de faltas en la ciudad de Córdoba» en el marco del proyecto de cooperación internacional titulado «Promoción de derechos humanos en materia de Código de Faltas», el informe «Mirar tras los muros: Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba» realizado por la Comisión Provincial de la Memoria y los Observatorios de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, «¿Está seguro? Apuntes para el rechazo de la nueva ley de seguridad» (Bouvier, H. y Cosacov, G.), el informe de «El costo del miedo: cifras claves respecto de los gastos en seguridad para el caso de la Provincia de Córdoba» del equipo de investigación «El Llano en Llamas», entre otros.
5 «Las cárceles de la miseria» (2004). Manantial: Buenos Aires.
6 Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba, 2013.
7 Está claro que esta situación de hacinamiento está directamente vinculada con la (im)posibilidad real de ejercer derechos por parte de la población penitenciaria.
8 «Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba».
9 Otro ejemplo de esto es la proliferación de bancos de datos para almacenar datos de «sospechosos», centralizados e informatizados, enmarcados en Córdoba desde 2005 en la Ley N° 9.217 del «Registro provincial de huellas genéticas digitalizadas».
10 Este programa ha constituido en términos monetarios desde 2009 hasta 2016, el 85% en promedio del presupuesto total del Ministerio encargado del mismo. Cabe aclarar que desde 2009 hasta 2011 el mismo pertenecía a la Jurisdicción del «Ministerio de Gobierno», los dos años siguientes pasó a depender del «Ministerio de Seguridad». Posteriormente, en 2014 y 2015 la jurisdicción que tuvo a cargo este programa se denominó «Ministerio de Gobierno y Seguridad» y en 2016 volvió nuevamente a pertenecer al «Ministerio de Gobierno».
11 En el presente año, el programa pasó a denominarse «Mantenimiento De La Seguridad Ciudadana y El Orden y Lucha Contra Siniestros».
12 Tomados de la página del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
13 Los números corresponden a un estudio de 1.230 casos, realizado en el mes de febrero de 2015 a personas mayores de 18 años residentes en la Ciudad de Córdoba. El tipo de muestreo para es aleatorio polietápico por conglomerados poblacionales estratificados según atributos de sexo, edad del entrevistado y nivel socioeconómico del principal sostén económico del hogar. En la dimensión subjetiva se trabajó con una encuesta directa, individual y domiciliaria.
14 Se trata de una dimensión objetiva de la inseguridad que cuantifica la proporción de la población que ha sufrido algún hecho delictivo.
15 Dimensión subjetiva que hace referencia «a la sensación de temor y que tiene que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por la violencia directa o indirecta» (Carrión, 2007:1).
16 Las ciudades incluidas en el relevamiento son: Buenos Aires, La Paz, Santa Cruz, San Pablo, Río de Janeiro, Bogotá, Medellín, Quito, Guayaquil, Lima, Montevideo, Caracas, Panamá.
17 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
18 Número subvaluado ya que no se tiene acceso a la base de datos de la totalidad de las empresas que trabajan en el mercado de la seguridad.
19 «Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba».
Sergio Job es Abogado (UNC), Doctor en Ciencias Políticas (CEA-UNC), Diplomado en Seguridad Ciudadana (UBP), Profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC), Integrante del Colectivo de Investigación «El Llano en Llamas» y Militante del Encuentro de Organizaciones – Córdoba.
Estefanía Nahas es Licenciada en Economía (UNC), Doctoranda en Administración y Política Pública (IIFAP-UNC), Becaria CONICET, Diplomada en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UMET), Docente en el nivel de Pregrado de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (UNC), Integrante del Colectivo de Investigación «El Llano en Llamas».
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