Los partidos de la oposición no pierden la oportunidad de criticar al gobierno y aprovechan cualquier yerro del Presidente Evo Morales para hacer ver que su administración es autoritaria, ineficiente y hasta «insensible». Políticos y empresarios de derecha están utilizando los recientes desastres naturales que afectan a casi dos tercios del territorio nacional para desacreditar […]
Los partidos de la oposición no pierden la oportunidad de criticar al gobierno y aprovechan cualquier yerro del Presidente Evo Morales para hacer ver que su administración es autoritaria, ineficiente y hasta «insensible». Políticos y empresarios de derecha están utilizando los recientes desastres naturales que afectan a casi dos tercios del territorio nacional para desacreditar a las autoridades. El más reciente choque entre oposición y gobierno tiene origen nada menos que en una disputa por términos. El gobierno declaró emergencia nacional hace más de una semana debido a las inundaciones en el oriente y las sequías y heladas en el occidente, pero los empresarios y representantes de Podemos exigían que se declare «desastre nacional».
Hasta ayer las autoridades se negaban a atender las exigencias de la oposición con el argumento de que no todo el país fue afectado, pero una fuerte presión ejercida a través de los medios les obligó a cambiar de opinión y a emitir un decreto declarando «situación de desastre nacional».
El Presidente, el Vicepresidente y siete ministros de Estado se reunieron ayer con ocho prefectos para hacerles conocer el decreto, pero la medida no colmó las expectativas de los prefectos de Santa Cruz y Cochabamba. El prefecto en ejercicio de Santa Cruz dijo que el decreto limita en un anexo desconocido la cantidad de municipios que se verán beneficiados. El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa aseguró que habría limitaciones para algunas provincias. La oposición expresó su temor de que los recursos que destinará el Ejecutivo no lleguen a algunos municipios que también fueron afectados por las inundaciones.
Morales explicó que la declaratoria de desastre nacional prioriza a los municipios más afectados del país y pidió a los prefectos no mentir al momento de declarar a los medios de comunicación. «Hubo observaciones, se han superado de manera conjunta; cualquier mejora al decreto supremo pasa por un trabajo técnico; si el equipo técnico de reconstrucción ve conveniente aumentar (el número de) municipios, bienvenido…».
Permanentemente el gobierno buscó coordinar acciones con los prefectos departamentales para asumir acciones de prevención de desastres, de forma de atenuar el impacto del fenómeno climático de El Niño, pero éstos rompieron relaciones, denunció el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, quien negó enfáticamente que el gobierno hubiera actuado con lenidad en la prevención.
Quintana recordó que el prefecto del Beni Ernesto Suárez se opuso en diciembre a que se instale en Trinidad el Centro de Operaciones Especiales (COE) para brindar una atención más rápida para los potenciales afectados por inundaciones.
La politización de los desastres naturales actuales podría tener una explicación. La oposición que actualmente controla las prefecturas de los departamentos más afectados exige la declaratoria de desastre para poder manejar libremente el dinero presupuestado para atender a los damnificados (más de 70 millones de dólares). En tanto que el gobierno evita ese extremo concentrando el manejo de los recursos en prevención de posibles hechos de corrupción. No hay que olvidar que tradicionalmente el Bolivia las elites suelen aprovechar estos incidentes para robarse las donaciones internacionales, como ocurrió luego del terremoto de Aiquile.
El subjefe de bancada del MAS Cesar Navarro critica a algunos medios informativos de oriente que aprovechan política y mediáticamente los desastres causados por los fenómenos naturales que asolan el país. «Algunos medios informativos del oriente, en vez de presentar el fenómeno natural, lo que hacen es presentar el fenómeno como una excusa para un crítica política permanente al gobierno. Eso es muy negativo, lo que nos preocupa es que algunos sectores hagan política absolutamente por todo».
Navarro explicó que el Decreto que declara desastre nacional propone dos dimensiones de atención a los damnificados: Uno que tiene que ver con el apoyo a los efectos del fenómeno climatológico y el segundo, permitir que los pequeños y medianos productores reprogamen las deudas que tienen con instituciones y entidades financieras. «En el corto plazo, el gobierno tiene previsto un comportamiento concurrente entre prefecturas, gobiernos municipales y gobierno central para recuperar todo aquello que ha sido destruido por el fenómeno climatológico».
Según el decreto, el Ejecutivo incorpora recursos económicos para que en el corto plazo se tenga una actitud concurrente con instituciones públicas para resolver los temas inmediatos de alimentación vituallas, etc. En el mediano plazo se apoyará con recursos económicos a las ciudades que han sido parcialmente destruidas, a las familias pobres afectadas, con la reconstrucción de sus viviendas y a los pequeños y medianos empresarios que han perdido su capacidad productiva.