Repsol YPF, Petrobras y compañía. La embajada de EE.UU. La derecha del Oriente. Todos apuntan contra el gobierno democrático. Una variante, la división del país en más de un Estado. La coordinación general está a cargo de oscuros funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y Argentina. La cara visible es la dirección […]
Repsol YPF, Petrobras y compañía. La embajada de EE.UU. La derecha del Oriente. Todos apuntan contra el gobierno democrático. Una variante, la división del país en más de un Estado. La coordinación general está a cargo de oscuros funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y Argentina. La cara visible es la dirección de la organización político – empresarial Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), conducida por Germán Antelo. Buena parte de los fondos utilizados por estos golpistas son aportados por las petroleras Petrobras y Repsol – YPF. Sus grupos de choque se esconden tras el sello Nación Camba. Estos últimos ya están siendo investigados por el ministerio de Defensa, según reconoció su titula, Walker San Miguel.
Al presidente Evo Morales quieren derrocarlo por sus virtudes, no por sus errores. La conspiración fue decidida aquel 1 de mayo en que el gobierno elegido por abrumadora mayoría, en diciembre del año pasado, decidió poner en marcha el proceso de recuperación soberana de sus hidrocarburos, cumpliendo así con sus promesas electorales y satisfaciendo una de las demandas estratégicas más sentidas por la sociedad.
El primer paso de esta escalada se registró cuando los legisladores del partido Podemos, del derechista ex candidato a la presidencia Jorge «Tuto» Quiroga, impulsaron la interpelación del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. Los conspiradores contaron con el apoyo de las empresas Petrobras y Repsol – YPF.
Asesores de las mismas corporaciones se reunieron esta semana en Buenos Aires con emisarios del CPSCZ, con el visto bueno de la diplomacia estadounidense, para ultimar detalles de la jornada de desestabilización prevista para este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Pando y Beni, departamentos donde se concentran las riquezas energéticas y demás recursos naturales de Bolivia, y desde los cuales se comanda la denominada «Operación Camba».
El encuentro de Buenos Aires y la activa participación de las dos petroleras en los intentos de acabar con el gobierno de Evo Morales y de provocar una modificación en el mapa político boliviano -funcional a la estrategia de Estados Unidos para la región, tendiente a asegurarse el control de los grandes yacimientos de recursos productivos – fue confirmada a APM por fuentes diplomáticas sudamericanas.
En declaraciones a diversas agencias internacionales de noticias, dadas a conocer entre el miércoles pasado y este viernes, uno de los jefes golpistas, Germán Antunes, calificó al gobierno constitucional de «dictadura totalitaria» y admitió que sus fuerzas están dispuestas a hacer «todo lo posible pata terminar con el gobierno».
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que «existen dos países, la Bolivia productiva, de crecimiento y democrática -la zona oriental- y la otra (el Altiplano), excluyente, totalitaria y radical».
El martes pasado, el diario ultraderechista argentino La Nación sirvió de portavoz al CPSCZ, al entrevistar a uno de sus voceros, Daniel Castro, quien admitió el carácter separatista de la conspiración. «Si el gobierno nacional viola la Constitución y se diera un escenario en donde se pasaran por encima de las reglas, entonces sí nosotros podríamos decidir separarnos».
La trampa discursiva está tendida. Los golpistas llaman «violación de la Constitución» a todo aquello que no sólo significa estricto cumplimiento de la norma suprema por parte del gobierno, sino que además condice con el cuerpo teórico jurídico del sistema constitucional, según se desprende de todo texto de derecho especializado, de cualquier Universidad del llamado mundo democrático.
La Asamblea Constituyente que sesiona en Sucre legítimamente se asumió como tal y, en ese sentido, no hizo otra cosa que cumplir con la responsabilidad que le exige el derecho moderno: ser soberana.
La aprobación de un sistema de votación según el cual, para la reforma de la Constitución se requiere mayoría (50 por ciento más de uno de los votos de los constituyentes), fue un acto de absoluta legalidad. La Asamblea está cumpliendo con su obligación a la vez que ejerciendo el derecho que le compete.
A esa decisión legal es que la derecha conspiradora denomina «violación de la Constitución», con lo cual queda registrado que semejante acusación sólo tiene un objetivo: justificar la escalada golpista y la secesión del rico Oriente, para crear una especie de República Petrolera, del Gas y del Monocultivo, bajo tutela de las grandes corporaciones.
Abogados, políticos y economistas de Bolivia, Brasil y Argentina, partícipes de dictaduras militares en la pasada década del ´70 y estrechamente vinculados a los gobiernos neoliberales que rigieron en esos tres países durante los ´90, vienen reuniéndose en forma más o menos reservada en uno de los hoteles más elegantes de Buenos Aires, según confiaron las fuentes antes mencionadas.
¿El objetivo de esas reuniones? Asesorar a las fuerzas golpistas y separatistas en los vericuetos legales y burocráticos que necesitarían poner en marcha ante un eventual éxito de la Operación Camba, separando a los departamentos de Oriente del Estado boliviano.
Las apetencias de las corporaciones petroleras en Bolivia son de vieja y bien conocida data, y por supuesto cuentan con el apoyo de los sectores vernáculos asociados a sus intereses y el «manto protector» de Estados Unidos.
Para apuntar sólo uno de los tantos entramados sobre los que se apoya la conspiración golpista contra el gobierno de Evo Morales, basta con citar algunos párrafos de revelador libro «La recolonización: Repsol en América Latina, invasión y resistencia», de Marc Gavaldá, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona (Icaria Editorial, Barcelona, 2004).
«Ubicadas las reservas (de gas) más grandes del continente, aparecen en escena una serie de nuevos proyectos faraónicos en los que Repsol – YPF está totalmente involucrada y por tanto su ejecución (obstaculizada por las políticas de Evo Morales) le aportará astronómicos beneficios. Se trata de la construcción de gasoductos para facilitar la exportación de las impresionantes reservas que tiene en el sur del país (los campos de San Alberto, San Antonio y Margarita) a los mercados de Brasil, México y Estados Unidos», señala el libro citado.
Asimismo, la obra de Gayaldá recuerda que los gasoductos requeridos para esa operación atravesarán los territorios de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, y que en la misma están involucradas las empresas Petrobras, Total y Andina (Repsol – YPF).
En la explotación de los yacimientos de Margarita también participan la British Petroleum, Total y British Gas, asociadas con Repsol – YPF en el Consorcio Pacific LNG.
En este caso, el negocio consiste en construir termoeléctricas en Estados Unidos y llevar el gas boliviano en barcos por el Pacífico. Asimismo, destaca el académico de Barcelona, «la idea consiste en construir un gasoducto hacia el Pacífico, donde se licuará el gas natural para ser transportado hacia el puerto de Tijuana, en México. Las expectativas para 2007 son iniciar la exportación de 28 millones de metros cúbicos de gas diarios, para ampliarla más tarde a 42 millones».
Perú y Chile ofrecieron sus puertos para instalar la planta licuadora y el puerto desde el cual zarparían los barcos cisternas rumbo a México. Esta variable explica también por qué las corporaciones petroleras y Estados Unidos apoyan a Chile en su obstinada política hacia Bolivia, consistente negarle el derecho a su legítimo reclamo de una salida soberana al océano Pacífico.
«La consolidación de este megaproyecto permitiría a Estados Unidos seguir despilfarrando energía por doquier. Repsol – YPF y sus socias se beneficiarían con millones de dólares y los bolivianos seguirían cocinando a leña, porque el gas natural está reservado para las grandes exportaciones», concluye Gayaldá.
Todos motivos más que suficientes para entender por qué la derecha boliviana y sus cómplices de varias banderas quieren acabar con el gobierno de Evo Morales y con Bolivia misma.