Andrés Manuel López Obrador ha rendido su segundo informe de gobierno a la nación, bueno uno más de tantos. Los discursos, los dichos, los “avances”, los resultados, la “transformación” del país, la lucha contra la corrupción, contra los conservadores, el colocar primero a los pobres, todos han sido los temas que el presidente ha tratado todos los días en sus conferencias por las mañanas.
Es decir, el primero de septiembre no informó nada nuevo. Crisis económica, crisis de salud, crisis de seguridad, crisis de gobierno, aumento de las desigualdades y la pobreza, más desempleo, precarización absoluta de los salarios, nada de esta realidad le es propia al presidente y al partido gobernante.
En su discurso insiste en su eslogan de campaña: “por el bien de todos, primero los pobres”. Los “izquierdistas” en el gobierno y los intelectuales orgánicos del poder, aseguran que el presidente se refiere, cuando habla de los “pobres” a los desposeídos, a los sin derechos, a los que han sufrido marginación por los gobiernos neoliberales y cualquier crítica a estos sagrados preceptos les parecen sólo “simplezas”.
Y el gobierno de la “Cuarta Transformación” asegura pretender el rescate de los más pobres, de los más desprotegidos, a través de varios vectores de política pública. Los principales se refieren a la política social y a la política económica, en un gran marco estratégico, la lucha contra la corrupción. pero analicemos cada vector para encontrar los cómo de ese pretendido “rescate histórico”, como AMLO lo define.
En materia de política social. Este gobierno reestructuró todo el andamiaje institucional montado por los gobiernos del PRIAN, y lo sustituyó por otro en donde priva sobre todo la óptica electoral, es decir igual que los anteriores, pero ahora con el “sello” de la 4T y redirigidos hacía grupos específicos, por tanto, programas no universales.
Todo el enredo de programas repetidos, al parecer hecho a propósito para esconder la corrupción, muchos inservibles, pero otros que de alguna manera servían para paliar desigualdades y pobreza extrema, fueron sustituidos, reestructurados o de plano desaparecidos, sin previo análisis de sus alcances, desviaciones, errores o aciertos.
He sostenido que ambas estructuras institucionales servían y sirven sólo a propósitos de política electoral. Una gran cantidad de apoyos a poblaciones vulnerables estaban estructurados debido al voto hacía un partido político, es decir, el partido en el poder. Sobre esa misma lógica se han estructurado los “nuevos” programas sociales.
Pongo entrecomillado lo de nuevos porque muchos solo cambiaron de nombre, pero atienden a la misma población que los anteriores, aunque quizá peor, porque ahora están muy segmentados. Los dos diseños institucionales responden a la lógica del capital, es decir, buscan constituirse en el equilibrio para el desarrollo de proyectos del capital, sin que se produzcan desfases abruptos en la desigualdad de los desiguales.
Así, por ejemplo, junto al “tren maya”, repudiado por cientos de comunidades y organizaciones indígenas y campesinas del sureste, se han multiplicado los recursos de los programas como “sembrando vida”, “jóvenes construyendo el futuro” y otros que lo único que hacen es repartir recursos eso sí, individualizados, con el objetivo de destruir la organización comunitaria de resistencia.
Sin embargo, junto al “tren maya”, se están aprobando, a espaldas de las comunidades, infinidad de proyectos de empresas trasnacionales relacionadas con el turismo y la explotación de recursos naturales. Pero claro, con la promesa de generar empleos, con salarios precarios, principalmente para los pobladores de las comunidades que están siendo afectadas.
Y así, en cada región del país en dónde se reparte dinero, en el mejor de los casos se asocia un proyecto empresarial, de lo contrario sólo se somete a las comunidades y los pueblos al reparto individual de recursos que serán finitos. Preguntamos: una vez que se acaben los recursos, digo ateniéndome a la política de austeridad republicana, ¿qué seguirá para esas comunidades? después de ese reparto las condiciones serán iguales sino peores. Es decir, se sigue el mismo patrón de “desarrollo” del llamado neoliberalismo, sí ese que se dice combatir.
Así se cumple a cabalidad el slogan: para bien de los consorcios y monopolios primero los pobres. A éstos limosnas y dádivas para que no protesten, limosnas individualizadas para que no se organicen, a los otros, concesiones, amparos, todo el andamiaje legal para explotar recursos naturales y mano de obra barata o, como sucede en muchos sectores y regiones, regalada.
En materia de salud y seguridad social. Durante los primeros síntomas de alarma por la presencia de un virus desconocido y que estaba mermando una población china y con la amenaza de expandirse rápidamente por todo el mundo, el gobierno de la 4T decide dar un giro macabro. Desaparece el llamado “seguro popular” y lo sustituye por un Instituto sin pies ni cabeza, el llamado INSABI.
Está readecuación desarmó, en gran medida lo poco y mal hecho que los anteriores gobiernos habían intentado estructurar. El discurso, al presentarse los primeros contagios en México fue minimizar sus efectos y asegurar que se tenía todo listo para enfrentar la epidemia. Hemos visto como todo quedó en el discurso. Se tuvo prácticamente que militarizar el sistema de salud para que medianamente funcionara.
Sin embargo, el manejo errático de la pandemia ha producido cerca ya de 70 mil muertos. ¿Quiénes son estos muertos? En su mayoría trabajadores, los más pobres y desprotegidos, los marginados de los sistemas de salud que cuentan con todos los servicios. Los muertos son los que batallaron para encontrar un lugar en hospitales saturados, atendidos por personal que careció en la primera batalla de insumos de protección y atención mínimos.
El recuento de muertos nos lleva a afirmar que sí, AMLO cumple sus promesas: “por el bien de los ricos, primeros los pobres”. Se atribuyen los decesos a “comorbilidades” como la obesidad, la hipertensión, la edad, etc. El hecho real es que más del 80 por ciento de los decesos afectaron a la población más desprotegida, a los trabajadores a los que el “seguro popular” mal atendía, pero que el INSABI los dejó a su suerte, la suerte de la muerte.
En materia de política laboral. Los obreros mexicanos producto de la firma del TMEC, se han quedado solos. Para agradar a sus socios norteamericanos, el gobierno federal anunció a principios del año pasado, un aumento al salario del 20 por ciento. Claro los socios menores de los monopolios en México se negaron a cumplir este decreto y se desató un vasto movimiento obrero, con huelgas y movilizaciones.
Al final, las trasnacionales aceptaron pactar el incremento, pero lo hicieron a su modo, por pasos, de hecho, a la fecha miles de obreros se han quedado esperando el mencionado aumento, sin que la autoridad laborar intervenga. La precarización del salario es un hecho real que se agudizó con la crisis. El cierre de empresas, el desempleo que afectó a cientos de miles de trabajadores acentúo la precarización.
AMLO anuncia triunfalmente que se han “recuperado” miles de empleos, pero no dice la verdad. Esos empleos “recuperados” son simplemente de aquellas empresas que han reanudado labores y recontratado a cierto número de empleados, no a todos. Ahora, sin control, los patrones imponen ritmos, salarios, recortan prestaciones, amenazan a sus trabajadores para que acepten las nuevas condiciones o serán arrojados al desempleo.
En otro gran anuncio mediático, el presidente anunció una “gran reforma a las pensiones”. Lo hizo tratándolo como un gran triunfo de la clase obrera, porque los patrones aportarían más recursos para asegurar una pensión digna. La verdad es que la llamada gran reforma, es una burda copia de estrategias anteriores, de estrategias de los gobiernos llamados neoliberales.
Aseguran expertos que desde el gobierno de Zedillo se cambió el sentido del financiamiento. Es decir, se privilegió el financiamiento interno por el externo y se estructuró un sistema de pensiones a fin de que este fuera la palanca central del financiamiento público, en detrimento de la seguridad y de los ingresos de las pensiones de los trabajadores.
La estrategia de esta “gran reforma” es exactamente la misma: ahorro interno para financiar la inversión pública, no para beneficio del trabajador, una visión netamente monetarista, estrategia que envidiarían los más puros neoliberales. El nuevo sistema de pensiones es un sistema complejo, saturado de agentes privados que se aprovechan de la individualización de las cuentas para medrar que las pensiones de los mexicanos.
Esos son los resultados del gobierno de la transformación. Una transformación en beneficio del capital, que cumple cabalmente una de las principales consignas políticas de AMLO: “para el bien de todos, primero los pobres”, aunque ahora claramente modificada. “para el bien de los ricos, primero los pobres”.