En días pasados, una nueva represión ha puesto en peligro la vida de una estudiante de la Normal Rural “Benito Juárez”, Panotla, Tlaxcala.
La historia de la educación en México tiene como pilar a las Escuelas Normales Rurales, cuya labor se atestigua en el avance en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los rincones más alejados del país, las aportaciones de las y los profesores normalistas rurales son innegables y, sin embargo, en este 2022, cuando se ha celebrado el centenario de fundación de la primera Normal Rural, la situación de dichas instituciones educativas atraviesa por una nueva etapa crítica que se agudiza con la represión que sufren los estudiantes por los gobiernos de diferentes niveles, al exigir mejoras en sus planteles.
En días pasados, una nueva represión ha puesto en peligro la vida de una estudiante de la Normal Rural “Benito Juárez”, Panotla, Tlaxcala, que se encuentra en situación de muerte cerebral, tras la violencia ejercida contra ella por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) estatal, quienes desde días atrás han ejercido una cruda represión con balas de gomas y helicópteros sobre los y las normalistas. Las demandas de los estudiantes son de manera general: transparencia en la aplicación de fondos de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET); la destitución de la directora, Nadia Minor, al igual que de las subdirectoras administrativa y académica, Ariadna Isela Castellanos y Claudia Estela Gómez, respectivamente, a quienes se les acusa de manejo irregular de recursos.
En general, actualmente las Normales Rurales enfrentan la cerrazón de los gobiernos que no escuchan sus demandas y sí violentan sus derechos, los y las estudiantes exigen en diferentes estados mejores condiciones de alimentación, asistencia, una reforma académica, el respeto a su organización estudiantil y un urgente manejo adecuado de los recursos, estas demandas son antiguas, pero se mantiene con el paso de los años casi intactas por el desprecio sistemático ejercido desde el poder, que aliado con diversos medios de comunicación criminalizan a los y las normalistas rurales fomentando la represión y las agresiones contra estas instituciones formadoras de profesores y profesoras, cuyo compromiso social es invaluable.
Ante esta situación, el Frente Nacional de Egresados Normalistas Rurales A.C., y Asociaciones Civiles de Egresados Normalistas Rurales, han alzado la voz para pronunciarse a través de un comunicado por: 1) La centralización del control administrativo del sistema de educación Normal Rural; 2) El respeto a la organización estudiantil de las Normales Rurales; 3) La urgente solución a las demandas de las estudiantes de la Normal Rural de Panotla, Tlaxcala, y el castigo a los responsables por la represión en la autopista Apizaco-San Martín Texmelucan; 4) La solución a las demandas presentadas por los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales de mejora académica, alimentación y de instalaciones físicas; 5) El inmediato cese a las provocaciones, hostigamiento y campañas de desprestigio emprendidas en contra de las Normales Rurales; y por 6) La apertura inmediata al diálogo y negociación entre autoridades y estudiantes.
Estas demandas deben ser atendidas por las autoridades correspondientes a la brevedad, pues la situación se agrava para el normalismo rural, que tan sólo en este 2022, se ha movilizado en al menos seis entidades del país: Mactumatzá, Chiapas; Hecelchakán, Campeche; Teteles, Puebla; Atequiza, Jalisco; Mexe, Hidalgo; y Panotla, Tlaxcala.
La represión ha sido la respuesta de las autoridades ante las demandas estudiantiles en todas las ocasiones citadas. Por ello, debe alzarse la voz a favor de la preservación y el fortalecimiento del normalismo rural. ¡Basta ya de represión! Es hora de soluciones en beneficio de las y los estudiantes normalistas rurales.
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