El pasado 7 de abril, dos periodistas del Municipio Autónomo de San Juan Copala, (Oaxaca, México) morían acribilladas en una emboscada. Tres personas más, incluido un niño de tres años, resultaban heridas. Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino se dirigían a la capital de Estado en donde iban a participar […]
El pasado 7 de abril, dos periodistas del Municipio Autónomo de San Juan Copala, (Oaxaca, México) morían acribilladas en una emboscada. Tres personas más, incluido un niño de tres años, resultaban heridas.
Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino se dirigían a la capital de Estado en donde iban a participar en el Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca, cuando fueron sorprendidas por un grupo paramilitar que las autoridades del Municipio relacionan con el Gobierno del priísta Ulises Ruiz y con el Partido de Unidad Popular (PUP) cercano al PRI y brazo político del Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT).
La radioemisora «La Voz que Rompe el Silencio», en la que colaboraban las víctimas, había sido inaugurada el 20 de enero, a un año de la declaración de San Juan Copala como Municipio Autónomo. Un hecho impulsado por el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), escindido del MULT, en el contexto del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La lucha por la autonomía y por el derecho de los pueblos indígenas a organizarse a partir de sus tradiciones políticas, basadas en los usos y costumbres, se ha convertido en una amenaza para el poder político y económico de Oaxaca y México. Su oposición tanto a las políticas económicas neoliberales como a participar de los procesos políticos de la democracia formal, en los que consideran a la totalidad de los partidos políticos cómplices de un sistema que los somete y elimina, los han convertido en blanco de la violencia institucional.
Además, la importancia de los medios de información independiente, esenciales durante la insurrección del 2006, y en particular las radios comunitarias y su capacidad de reorganización de los movimientos sociales a nivel de base, resultan una segunda amenaza para el poder.
Las asesinadas representaban esas dos amenazas: las de los pueblos indígenas en resistencia, y la de los medios comunitarios que no ceden ante la represión. De ahí la decisión del Estado de acabar con ellas.
Desde Kaosenlared nos solidarizamos con las víctimas de este y de todos los ataques contra periodistas y luchador@s sociales de Oaxaca, México y el mundo. Y hacemos un llamado a que, tal y como las compañeras hacían, rompamos el silencio ante la violencia y la represión que se sigue viviendo en Oaxaca y México
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