Quien conozca la capital de Bolivia, Sucre, habrá quedado convencido del ambiente apacible de la conocida como ciudad blanca, de interesante arquitectura, buenos museos, repleta de jóvenes que estudian en una de las más antiguas universidades latinoamericanas, y donde quizás lo más emocionante que se pueda hacer un día cualquiera sea pasear por los tejados […]
Quien conozca la capital de Bolivia, Sucre, habrá quedado convencido del ambiente apacible de la conocida como ciudad blanca, de interesante arquitectura, buenos museos, repleta de jóvenes que estudian en una de las más antiguas universidades latinoamericanas, y donde quizás lo más emocionante que se pueda hacer un día cualquiera sea pasear por los tejados de las iglesias, comer con vistas a la ciudad en las terrazas de la Recoleta, o beber cerveza en alguno de las decenas de locales acaparados por los turistas (aunque alguno de ellos se jacte de no ser sólo para gringos).
Por esa razón, quien conozca la ciudad seguramente se asombrará de que un lugar tranquilo de gente pacífica haya saltado en las últimas semanas a los medios de comunicación por todo lo contrario: insultos y palizas a los constituyentes que sesionan en Sucre, reuniones de miles de personas en las plazas públicas reivindicando la capitalidad plena y, el sábado 24 de noviembre, la presencia de centenares de heridos y de tres personas muertas por los disturbios causados, mientras la Asamblea Constituyente de Bolivia aprobaba el texto de la Constitución «en grande», es decir, para su consideración, porque debe ser seguida por la aprobación del texto constitucional artículo por artículo.
Como saben muy bien los psicólogos sociales, que estudian justamente la relación del individuo con el entorno social, esta transformación del carácter de los individuos de la noche a la mañana tiene que ver con una serie de condicionantes externos que presionan a las personas y las vuelven más agresivas, con o sin fundamento proporcional a la calidad de la agresión. El caso de Sucre no es como en la película de Álex de la Iglesia, donde los vecinos esconden su lado tenebroso y muestran en público el sosegado. Sucre es una ciudad de clase media, asentada, que vive de la minería, de la agricultura, del turismo y de los puestos de trabajo administrativos que ofrece el establecimiento en la ciudad de los altos tribunales del país, y de la Fiscalía General de la República. Es un pueblo sin segundos rostros, hasta hoy.
Los condicionantes de esta transformación se deben a un objetivo político y a muchos elementos de presión externos. El pretexto político es lo que se conoce como «capitalidad plena» (en Bolivia se suele hablar de capitalía plena). A pesar de lo que expresan algunos manuales de geografía, lo cierto es que Sucre es la capital de Bolivia y sede del Poder Judicial, y La Paz, al noreste del mismo altiplano andino, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La distribución de sedes se realizó a finales del siglo XIX, tras la conocida como Guerra Federal. La «capitalidad plena» es una reivindicación de los sucrenses en el marco de la Asamblea Constituyente, que se inició en agosto de 2006 con el objeto de refundar el país. Pretensión que, como tal, es legítima, pero que se ha convertido en el principal escollo que debe salvar la Asamblea Constituyente si quiere ofrecer a la decisión del pueblo boliviano un nuevo texto constitucional.
Muchos se preguntarán cómo esta aspiración puede convertirse en obstáculo. Lo es por intereses particulares, más vinculados a ciertas oligarquías que durante siglos han creído que el país era suyo y que tienen miedo a perderlo, y a la utilización de los medios de comunicación, particularmente locales, que asumen una posición de quasiterrorismo informativo en beneficio de los postulados de estas élites. Cabe comprender que la involución del proceso de cambio que se inició con la llegada al poder de Evo Morales, involución en que están empeñadas estas clases, difícilmente va a poder realizarse con un gobierno en La Paz, donde su gente -y los de la ciudad aledaña de El Alto- se ha mostrado combativa y decidida en un horizonte de cambio en su país. Además, el desgaste del partido de gobierno pasa por el fracaso de la Asamblea Constituyente que, por su ley de convocatoria, debe realizar sus funciones en Sucre. En conclusión, hay que acabar con la Constituyente o, en todo caso, debilitar a La Paz.
De esa manera, todos los esfuerzos han sido pocos para exacerbar los ánimos de los pacíficos sucrenses, y colocarlos en primera línea de fuego, y conseguir así el fracaso del proceso de cambio. A lo que hay que sumar la entrada en escena en Sucre del denominado «Comité interinstitucional», reunión de varias fuerzas locales y personas, todas ellas directamente vinculadas a los intereses mencionados, y presidido por el Rector de la prestigiosa Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, institución que recordará durante toda su historia la manera vil como ha sido utilizada.
A pesar de que los constituyentes han cumplido escrupulosamente con las leyes de convocatoria -a lo que no están obligados por su carácter originario- y han buscado vías de diálogo por todos los lados para hacer entender que la capitalidad plena no debería entrar en debate, pues no en vano este tema costó una guerra civil al país, las condiciones para que se exacerbaran los ánimos estaban dadas. Hace unas semanas, se transmitió en vivo cómo los constituyentes cercanos al gobierno -que son mayoría en la Asamblea Constituyente, porque así lo quiso el pueblo boliviano- eran golpeados y maltratados por las calles de la otrora tranquila Sucre, insultados y vilipendiados de manera vergonzosa y racista. «Ni indios ni campesinos», se ha pintado en las paredes blancas de la ciudad.
Todas las sesiones que durante estos últimos meses ha convocado la Asamblea Constituyente en el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, en Sucre, han sido saboteadas por hordas enervadas y extremistas; la sede tomada, y los constituyentes impedidos de entrar. Todo en defensa de la «capitalidad plena». La Asamblea, viendo cómo su tiempo se acaba -tendrá fin el 14 de diciembre-, optó por la vía pacífica, y buscó un lugar donde pudiera reestablecer sus sesiones y continuar con su trabajo. La zona elegida fue el Palacio de la Glorieta, en las afueras de Sucre, donde la presencia de un liceo militar daba garantías de custodia a su reunión.
Ya en ese momento la «capitalidad plena» se había ido de las manos de sus instigadores. Miles de personas, la mayoría jóvenes, rodearon los aledaños del Palacio de la Glorieta con armas, fuego y dinamita. La Policía Nacional defendió a los constituyentes, que aprobaron la Constitución en grande entre estallidos y temores a un asalto. Esa noche, los constituyentes tuvieron que ser evacuados a Potosí, y en Sucre se ha desatado un vandalismo sin precedentes que ha destruido buena parte de los edificios públicos; entre ellos, los de la propia policía, que ha optado por abandonar la ciudad a su suerte. El saldo, por ahora, es conocido: tres muertos, uno de ellos policía, los hospitales llenos, y una herida en una ciudad que será difícil de remediar. ¿Cabe alguna duda acerca de por qué arde Sucre?
Rubén Martínez Dalmau es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia