El gobierno del presidente Evo Morales llegó al poder en enero de 2006 con grandes planes para cambiar todo esto. La principal promesa que hizo a sus bases de indígenas y empobrecidos fue reformar la Constitución para asegurar a la mayoría indígena el ejercicio cabal de su ciudadanía y para redistribuir la riqueza nacional a […]
El gobierno del presidente Evo Morales llegó al poder en enero de 2006 con grandes planes para cambiar todo esto. La principal promesa que hizo a sus bases de indígenas y empobrecidos fue reformar la Constitución para asegurar a la mayoría indígena el ejercicio cabal de su ciudadanía y para redistribuir la riqueza nacional a favor de los pobres. A pesar de ganar por una absoluta mayoría en las elecciones presidenciales de 2005, la administración Morales ha tenido una dificultad considerable para traducir su capital político en un proceso eficiente de reforma.
El Palacio Nacional en Bolivia es un edificio colonial clásico que se sitúa en la, siempre poblada por palomas, Plaza Murillo en el centro de La Paz. Éste es más conocido como el «Palacio Quemado» debido a que ha sido incendiado reiteradamente por disidentes de uno u otro bando a lo largo de los siglos desde que Bolivia ganó su frágil independencia. Actualmente, pintado de un alegre color amarillo, el edificio se erige como el recordatorio de un pasado conflictivo y un futuro fresco.
Durante el periodo colonial los españoles explotaron sin piedad la riqueza mineral del país; provocando durante el proceso, la muerte de cientos de miles de mineros indígenas y levantamientos que marcaron la historia de la nación con sangre y leyendas. Entre el trabajo forzado, la guerra de independencia y las enfermedades europeas, la nueva nación comenzó su vida como una república rica en recursos naturales pero con una población diezmada. En las palabras de un historiador en 1831, Bolivia era como un «limosnero sentado en un trono de oro.»
En muchos aspectos, los predicamentos de la nación cambiaron poco a lo largo de los dos siglos de vida republicana. La población indígena, si bien ya no estaba esclavizada, confrontó inequidad permanente en lo que respecta a instituciones políticas y oportunidades económicas. El flujo constante de riqueza, proveniente de los recursos naturales, hacia la elite criolla-aliada con intereses extranjeros-creó brechas profundas en la sociedad boliviana. Estos flujos cambiaron de forma pero escasamente disminuyeron con el advenimiento de la globalización.
El gobierno del presidente Evo Morales llegó al poder en enero de 2006 con grandes planes para cambiar todo esto. La principal promesa que hizo a sus bases de indígenas y empobrecidos fue reformar la Constitución para asegurar a la mayoría indígena el ejercicio cabal de su ciudadanía y para redistribuir la riqueza nacional a favor de los pobres.
A pesar de ganar por una absoluta mayoría en las elecciones presidenciales de 2005, la administración Morales ha tenido una dificultad considerable para traducir su capital político en un proceso eficiente de reforma.
La revisión Constitucional
Para el incipiente gobierno del Presidente Evo Morales, una nueva constitución es la piedra fundacional necesaria para un cambio duradero. El objetivo es crear una nueva estructura legal para la sociedad boliviana, que por primera vez en la historia de la nación respete y reconozca legalmente la diversidad en un país plurinacional.
La Asamblea Constituyente emergió como una demanda de los movimientos sociales de los noventa, específicamente en la Guerra del Agua de Cochabamba en 2000-2001. En años recientes, los gobiernos neoliberales realizaron cambios a las leyes y a la Constitución para otorgar a los inversionistas privados acceso prácticamente completo a los recursos naturales y a los servicios básicos, exponiendo a esta nación empobrecida a una de las formas más desiguales y abusivas de globalización de las que se tenga registro en el hemisferio.
Estos cambios legales se volvieron el sello de sus gobiernos y también el origen de su colapso. Por ejemplo, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada escapó en 2003 a los Estados Unidos después de que su gobierno colapsó ante las protestas masivas que tuvieron como resultado docenas de muertes. Él y el entonces Ministro de Defensa Sánchez Berzaín enfrentan actualmente solicitudes de extradición y una demanda legal del Centro para los Derechos Constitucionales por daños relacionados al asesinato de 67 mujeres, hombres y niños en las protestas de septiembre y octubre, prácticamente todos pertenecientes a comunidades indígenas Aymara.
Después de tomar el poder, el gobierno de Morales inmediatamente instituyó la Asamblea Constituyente. El proceso sin precedentes requirió establecer instituciones y reglas nuevas que han generado ambigüedad en algunas ocasiones y conflicto a lo largo del proceso. Negociaciones hostiles, movilizaciones callejeras de diversos bandos y agitadas advertencias de ingobernabilidad por parte de los medios de comunicación, mantuvieron a la nación en caos casi permanente desde julio de 2006 hasta la fecha límite del mandato el 14 de diciembre del 2007. La mayor parte de ese tiempo la Asamblea estuvo suspendida. El gobierno ha sido criticado frecuentemente tanto por la izquierda como por la derecha por errores de juicio y procedimiento, pero éste ha intentado mantener el diálogo abierto. La oposición conservadora ha tomado una posición de confrontación hacia la Asamblea Constituyente desde el principio; esta última está presidida por la indígena Quechua y defensora de los derechos de las mujeres Silvia Lazarte.
La poco coordinada oposición ha zigzagueado entre llamadas por mayor adherencia a la ley y actos ilegales de sabotaje, incluyendo violencia proveniente de los comités cívicos y grupos neofascistas locales. Finalmente, algunos pero no todos los partidos conservadores de derecha, lanzaron un boicot al proceso institucional.
La Asamblea enfrentó un obstáculo tras otro. Los debates acerca de la representatividad, la autonomía regional, la tenencia, y una antigua discusión acerca de dónde debía ser físicamente asignado el capital de la nación (Sucre o La Paz), pusieron a prueba los límites de un país que enfrenta intereses enraizados y las incertidumbres de cambiar un sistema históricamente injusto por uno nuevo que está aún por definirse.
Hacia el Referéndum
Finalmente, el nueve de diciembre la Asamblea aprobó el texto constitucional con los dos tercios de votos requeridos, pero con un boicot del principal partido político conservador, PODEMOS. El texto ahora se someterá a un referéndum nacional, pero solo después de que se lleve a cabo un referéndum separado sobre el asunto crucial de la reforma de la tenencia de la tierra.
En una entrevista reciente con el Programa de las Américas del CIP, el Vice-Presidente Álvaro García Linera afirmó que los conflictos tienen sus raíces en la historia boliviana y reflejan una etapa, si bien difícil, de redefinición democrática saludable.
Después de boicotear a la asamblea, cuatro de los nueve gobiernos departamentales declararon su autonomía, con algunos líderes amenazando incluso con la secesión. Ellos han comenzado a compilar firmas para llamar a un referéndum sobre una forma aún más radical de autonomía que podría otorgar a los gobiernos locales amplio control sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios, así como erosionar la autoridad del gobierno central y la cohesión nacional. Dado que esos departamentos concentran mucho del petróleo, gas y producción agrícola de la nación, la intentona es un serio reto al gobierno de Morales, el cual ha respondido declarándola divisionista e ilegal.
El texto de la Constitución propuesta comienza declarando que Bolivia es «un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural» que está fundado en «la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico».
Tal cantidad de adjetivos revela la complejidad del proyecto político que tienen por delante. La declaración de principios, refleja tanto la historia reciente de las luchas de los movimientos de base de Bolivia por la representación política de la mayoría indígena, como esfuerzos similares en otras naciones latinoamericanas con poblaciones indígenas semejantes. También refleja la antigua discusión acerca del balance de poder entre los gobiernos locales, estatales y federal al reconocer cuatro tipos de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. En la práctica, lidiar con el traslape entre demarcaciones autonómicas será un reto.
Un análisis detallado de los 411 artículos propuestos se vuelve ahora la principal tarea de la sociedad boliviana, al tiempo que la Constitución se somete a referéndum popular. Pero el otro elemento clave que vale la pena mencionar es el concepto central de la Constitución de construir un Estado que controle y regule el uso de los recursos naturales para el bien público. Este es un cambio de océano político que se aleja de una era en la que se asumía que lo que era mejor para el sector privado lo era también para la nación entera.
Por qué es importante Bolivia
Para los de afuera, el problema en Bolivia puede parecer meramente el último de una serie de conflictos sin fin en una pequeña nación conocida por su inestabilidad política. Los medios de comunicación estadounidenses, controlados por corporaciones, han construido cuidadosamente una imagen de una población relativamente ignorante y violenta que arrasa rampante instituciones desesperadamente débiles. Esta imagen distorsionada persiste aún cuando los profundos cambios propuestos por el gobierno han sido conducidos mayoritariamente a través de canales legales y que ha sido la oposición conservadora la que ha tratado de socavar esos procesos.
La representación en la prensa internacional del carácter indígena del liderazgo de Morales y su soporte popular, reflejan un sutil pero palpable sesgo racista, con el Wall Street Journal encabezando la «Evo-paliza». Morales, un presidente indio, es frecuentemente caricaturizado como el peón del presidente venezolano Hugo Chávez. Y sus estrechos nexos con los cultivadores tradicionales de coca son representados como las actividades nefastas de un señor de las drogas. Numerosos reportes de prensa retratan a las organizaciones indígenas como insensatos que pretenden desmantelar los restos de instituciones bolivianas dudosamente democráticas.
La perversión de los ataques al gobierno de Morales revela el impacto global potencial de lo que esta tratando de hacer. Bolivia es importante para todos aquellos que buscan sociedades más justas y estables por dos razones que el Vicepresidente García Linera describe como las «dos conquistas de la igualdad»-la justicia política y la justicia económica.
Los intentos del gobierno por establecer las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de la ciudadanía de los pueblos indígenas, va más allá de un acceso igualitario a formas limitadas de democracia representativa. Reconocer los derechos de los 36 pueblos mencionados en la nueva Constitución, implica crear mecanismos concretos para armonizar formas comunitarias y liberales de justicia y gobierno que poseen lógicas muy diferentes. Cada nación en el hemisferio occidental, en donde los pueblos indígenas han sobrevivido campañas genocidas durante los últimos cinco siglos, enfrenta este reto.
El segundo reto, el esfuerzo de lograr el uso sustentable de los recursos naturales para el bien público, pone a prueba la capacidad del gobierno de cambiar lo impuesto por el sistema global neoliberal. ¿Puede un país escalar desde la pobreza hacia un desarrollo equitativo a través de una reforma constitucional? La respuesta depende en gran medida de las dinámicas de la política boliviana y de la habilidad del liderazgo político. Pero también dependerá de las limitaciones externas. Al evaluar esas limitaciones, el analista político mexicano Adolfo Gilly apunta que «los límites inelásticos que imponen aquellos que gobiernan, ya sea la resistencia feroz de las clases que han sido desplazadas del poder y sus representantes políticos y económicos, tanto extranjeros como domésticos; o la jaula metálica en la cual el nuevo orden neoliberal encierra a las posibilidades de acción, junto con la inminente presencia de su poderosa base material, el Pentágono-la fuerza militar de los Estados Unidos; o los límites materiales de escasez, aislamiento nacional y pobreza.»
Por diferentes vías, la administración Morales ha hecho todo lo posible por romper las ataduras que los limitan. Anunció el rompimiento de relaciones con la Escuela de las Américas, una instalación de entrenamiento militar que ha producido una larga lista de dictadores y torturadores a lo largo del hemisferio.
Con respecto a la economía global, el gobierno boliviano decidió separarse del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión del Banco Mundial; un sistema de arbitraje comercial caracterizado por sus poderes supranacionales, su falta de transparencia y su sesgo hacia los inversionistas.
Bolivia ha buscado la renegociación de su Tratado de Libre Comercio con México, así como se ha opuesto al tratado comercial con Estados Unidos, al tiempo que firmó el Acuerdo Comercial de los Pueblos con Venezuela y Cuba. En marzo de 2006, el gobierno estableció que no buscaría renovar su acuerdo en receso con el FMI, institución responsable de imponer las políticas neoliberales que dañaron la economía nacional y sus sectores más vulnerables.
La respuesta internacional
La respuesta de la administraron Bush al gobierno de Morales ha sido hostil pero reservada. La estadounidense Agencia para el Desarrollo Internacional, ha promovido la asignación de fondos a proyectos en regiones opositoras para fortalecer la resistencia a las políticas del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), como parte de su programa «Construcción de la Democracia». El embajador estadounidense en Bolivia, Phillip Goldberg, ha tenido roces frecuentes con el gobierno boliviano en lo relativo a acusaciones de ofrecer ayuda con objetivos político. El embajador recientemente mencionó que la relación entre los dos países era «complicada» y enfatizo que la cooperación se enfocaría a reducir el cultivo de la coca. Esta aseveración es ominosa dadas las amplias diferencias entre las políticas del gobierno de Morales, de promover el cultivo tradicional de la coca al tiempo que desmantela la producción de cocaína, y el modelo estadounidense de lucha contra las drogas, centrado en programas de militarización y fumigación.
Por otra parte, varios países latinoamericanos se han hecho presentes para respaldar a Bolivia después de terminada la Asamblea Constituyente. El presidente Lula de Brasil realizó una visita de estado y anunció una inversión por mil millones por parte de la compañía petrolera estatal de ese país en los sectores de gas y petróleo. El anuncio fue particularmente significativo dado que la gigante paraestatal brasileña, Petrobras, inicialmente protestó por la nacionalización del control de sus operaciones por parte del gobierno de Morales y había suspendido toda inversión. La presidenta chilena Michelle Bachelet también dio un apoyo explícito al atacado gobierno boliviano, al prometer la terminación de un sistema carretero interoceánico.
Quizá el factor determinante más significativo del éxito del programa de Morales, será su relación con los movimientos sociales progresistas de los pueblos indígenas, de los trabajadores, los mineros, las mujeres y otros que crearon las condiciones revolucionarias que llevaron al MAS al poder. Este instituto político no es solo la base de soporte del gobierno, sino que es la verdadera fuente de la soberanía nacional y de los ímpetus de cambio democrático. Aunque la administración Morales se define a sí misma como «un gobierno de movimientos sociales», los historiadores Forrest Hylton y Sinclair Thompson correctamente apuntan que la relación está lejos de ser simple y que será crucial que la independencia y el espacio político de esos movimientos no se someta a la lógica del Estado.
Actualmente, Bolivia es un laboratorio abierto. Podría parecer una arena inadecuada para tan ambicioso experimento: una nación encerrada por tierra de escasamente nueve millones de habitantes, con fuertes vestigios de política colonial y la tasa más alta de pobreza en el continente. Aun así, el esfuerzo de utilizar al Estado para retomar y redistribuir los recursos naturales-cedidos a intereses económicos privados bajo la globalización-para privilegiar a los pueblos indígenas y para disminuir la brecha abismal entre los que tienen y los que no tienen, merece una oportunidad y sin duda proporcionará lecciones al resto del mundo.