Conforme pasan los días, el debate sobre cómo lograr una articulación positiva entre desarrollo y preservación de la naturaleza, va cediendo paso a otros intereses políticos que, sin proponerse la mayor parte de sus actores, están tributando a una estrategia mayor formulado por los Estados Unidos y la derecha nacional e internacional. La reanudación de […]
Conforme pasan los días, el debate sobre cómo lograr una articulación positiva entre desarrollo y preservación de la naturaleza, va cediendo paso a otros intereses políticos que, sin proponerse la mayor parte de sus actores, están tributando a una estrategia mayor formulado por los Estados Unidos y la derecha nacional e internacional.
La reanudación de la marcha indígena hacia la ciudad de La Paz, tras permanecer una semana en la localidad beniana de San Borja y no prosperar la formulación de acuerdos con el gobierno, abre un antes y un después en la movilización indígena: relega a un segundo plano el debate en torno a la construcción de un tramo de la carretera que Villa Tunari y San Ignacio de Moxos y coloca en primer lugar distintos intereses políticos cuyo común denominador es poner en entredicho el carácter indígena-popular del proceso de cambio y el liderazgo nacional e internacional de Evo Morales en la lucha por la emancipación de los pueblos originarios y la defensa de la Madre Tierra.
Con este cambio de la agenda que impulsó la organización y el inicio de la marcha, particularmente concentrada en la legítima preocupación de los pueblos indígenas del TIPNIS por el impacto socio-ambiental de la construcción de la carretera, se deja pendiente la discusión de cómo interpretar las diversas pluralidades establecidas en la Constitución Política del Estado y, sobre todo, de cómo lograr una articulación entre desarrollo y preservación de la naturaleza.
¿Qué elementos llevan a la afirmación de que se cambio la agenda?
Primero, la ausencia de una respuesta puntual a las seis alternativas que una comisión gubernamental planteó el 4 de septiembre pasado en San Borja, además de la propuesta de otras medidas para preservar el parque nacional, impedir el avance de asentamientos humanos y garantizar el cumplimiento de la Declaración de los derechos indígenas de la ONU, el convenio 169 de la OIT y la Ley de la Madre Tierra.
Segundo, el predominio de un discurso político de ruptura de los protagonistas de la marcha y de los que, desde distintas perspectivas, los apoyan y acompañan.
De hecho, un primer escollo que se puso así misma la marcha indígena para viabilizar un diálogo con el gobierno es la incorporación de otros 15 puntos a la agenda, todos ellos orientados a inmovilizar el aprovechamiento de recursos naturales en la perspectiva de generar ingresos para el país.
Y entonces un nuevo regreso a la pregunta ¿por qué la marcha de los indígenas de las tierras bajas debe llegar hasta la sede de gobierno?
La respuesta no puede ser menos que puntual. En la marcha participan distintos actores que a pesar de tener motivaciones, perspectivas e intereses distintos -en algunos casos contradictorios- confluyen alrededor de la necesidad de librar una batalla política con la orientación y la naturaleza de la conducción del proceso de cambio.
¿Cuáles con estos actores y sus intereses políticos?
Primero, están los pueblos indígenas de las tierras bajas que retoman su disputa con sus pares de las tierras altas respecto de su historia antes y después de la invasión colonial, así como de sus diferencias en torno a los conceptos de desarrollo, tierra-territorio, poder político y proyecto emancipador.
Pero, a esas diferencias positivas para abrir un debate sobre la necesidad de trascender la visión andina de país, predominante desde la fundación de la república y no resuelta todavía en este proceso de edificación del Estado plurinacional, hay que sumar la pelea por la hegemonía al interior de la CIDOB entre una fracción andino-amazónica controlada por Adolfo Chávez y Celso Padilla de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Ambos dirigentes, bastante influyentes, nunca tuvieron una relación político-ideológica con el MAS que no sea, sobre todo el primero, pragmática y utilitarista.
En lo que coinciden ambos dirigentes es en formar un instrumento político de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Esto no es nuevo. Tampoco malo en sí mismo. A contra ruta de los campesinos y colonizadores (ahora comunidades interculturales) que en 1995 fundaron el Instrumento Político -primero Asamblea por la Soberanía de los Pueblos y después Movimiento Al Socialismo-, la dirigencia de la CIDOB siempre tuvo más aproximaciones a partidos tradicionales como el MNR y el MBL (recuérdese que Marcial Fabricano fue candidato a vicepresidente por el segundo partido, que luego terminaría aliado del gonismo) que interés por una relación directa con las organizaciones campesinas del IPSP.
De hecho, una revisión del comportamiento electoral de los pueblos indígenas de las tierras bajas en las elecciones de 2005 y 2009, incluyendo las locales de abril de 2010, darían un cuadro de situación interesante para identificar las preferencias políticas de estos pueblos y determinar con precisión la fragilidad de la relación con el gobierno de cambio.
Segundo, tras bambalinas está esa fracción de ultraderecha cuyo caudal electoral en el país gira cerca del 28% en los últimos diez años. Es esa parte de los políticos y la población que no acepta ni aceptará nunca a ningún gobierno de izquierda y más aún a un líder indígena con ideas de cambio. No importa dónde han militado o con qué partido de ultraderecha se han identificado (ADN, FSB, PODEMOS, CONVERGENCIA u otros). Lo que los une es su «anti-comunismo» traducido en la actualidad en su «anti-evismo».
Lo interesante es que esa derecha primitiva -que excluyó, persiguió, reprimió y despreció a los indígenas históricamente- se ha transformado coyunturalmente en uno de los actores que levanta con entusiasmo las banderas de la plurinacionalidad, el respeto a los derechos de los pueblos originarios y la defensa de la naturaleza, lo cual no solo es un indicativo de la hegemonía discursiva conquistada por el proceso de cambio, sino también indicativo de la existencia de un escenario en que se disputará la dirección del Estado y la sociedad. Ya no hay, salvo raras excepciones, políticos y analistas que no defiendan -aunque muchos reniegan de ellas- de la participación del estado en la economía, de la importancia de la inclusión, de lo plurinacional y de tener un país de iguales.
Tercero, con indisimulado optimismo están los disidentes del MAS y del gobierno, quienes son portadores de una lectura («su lectura») unilateral de la Constitución Política del Estado. Este grupo no es heterogéneo ni único, pues están desde ex dirigentes sindicales hasta intelectuales y ex autoridades de gobierno que han sido activos protagonistas de la conducción del proceso desde un inicio, de sus dinámicas y proyecciones.
Su heterogeneidad también le está dada porque su «desmarque» se debe a la imposibilidad de haber accedido a responsabilidades públicas en unos y por sus crecientes contradicciones teóricas con el vicepresidente Alvaro García Linera en otros, pasando por prejuicios y otros intereses menores. De este grupo, unos apuestan en silencio a un reencuentro sobre nuevas condiciones con el presidente del Estado plurinacional y otros están decididos a construir otro proyecto político bajo el supuesto de que es posible tener «algo diferente» a la izquierda de Evo Morales y con grandes posibilidades de éxito.
Quizá dos errores de cálculo en este heterogéneo grupo: el método elegido -la ruptura- para poner sobre el tapete de discusión sus ideas y el desconocimiento de que si el péndulo se mueve será a la derecha. Eso sucedió en los 70 con Torres y a mediados de los 80 con Siles Suazo.
Cuarto, es la participación activa del Movimiento Sin Miedo (MSM), cuya apuesta es la acumulación de fuerzas y el posicionamiento político en otros sectores que no sean las capas urbanas de La Paz. Acompañado por una larga experiencia política, Juan Del Granado, el jefe del MSM, tiene la certeza de que no es posible derrotar a Evo Morales si previamente no se le afecta su hegemonía en los pueblos indígenas campesinos originarios, cuya particular articulación ha dado lugar a la emergencia de un sujeto histórico que le ha dado su sello al proceso de cambio.
Esta necesidad de posicionamiento fuera de su «ambiente natural» ha empezado en las elecciones de abril de 2010 y si bien los pueblos indígenas de las tierras bajas no tienen un gran peso electoral, su captación puede ser interesante desde el punto de vista simbólico y en la disputa de sentidos.
Quinto, está la presencia activa de una fracción de la CONAMAQ encabezada por Rafael Quispe, un indígena-campesino que tras su distanciamiento con Evo Morales estuvo muchas veces cerca de las formulaciones de los dirigentes de la Media Luna y de parlamentarios de Podemos en el período 2006-2009 y de Convergencia Nacional a partir de enero de 2010.
La radical crítica de Quispe al gobierno de Morales busca potenciarse con su participación en la marcha, a pesar que los indígenas de las tierras bajas lo miran con recelo por su relación estrecha con la embajada de los Estados Unidos. La apuesta es salir con un prestigio tal que le permita resolver a su favor la lucha que por el control de la CONAMAQ tiene con Sergio Hinojosa, otro dirigente de su sector bastante próximo al proceso de cambio.
Sexto, es la presencia del «capitalismo verde» y de los Estados Unidos a través de una influencia directa en bastantes ONG que, directa e indirectamente, están conectadas a los financiamientos de USAID y de su proyecto de control regional: la Iniciativa para la Preservación de la Cuenca Andino Amazónica.
¿A qué estrategia mayor están tributando?
Sería un grave error político pensar que la mayor parte de los actores e intereses que participan de la marcha forman parte de la estrategia estadounidense para derrotar el proceso de cambio. Pero también sería una ingenuidad no darse por anoticiados que Estados Unidos tiene acumulada una larga experiencia para «montarse» sobre legítimas preocupaciones y darles su propia direccionalidad. Para muestra dos ejemplos de los años 80 relacionados con lo que se está diciendo: alentó a la fracción más radical de la izquierda que gobernaba en la pequeña isla de Granada y estimuló la resistencia de los misquitos al gobierno sandinista de Nicaragua. Los primeros fueron anulados del esquema después de facilitar la intervención militar estadounidense y los segundos fueron instrumento de penetración de la contra-revolución organizada por Estados Unidos desde Honduras.
A diferencia del primer mandato del gobierno indígena-popular, en la que Estados Unidos y la derecha -nacional e internacional- pusieron en marcha la estrategia para el derrocamiento de Evo Morales y la reversión del proceso de cambio por métodos no democráticos y violentos, cuyo pico se dio en septiembre y octubre de 2008, en la actualidad se está desarrollando la estrategia de desgaste para la derrota política del cambio y de su máximo conductor. Con la primera se lo quería «expulsar» antes que cumpliera el mandato constitucional. Con la segunda se apuesta a que llegue «sin aliento» a las elecciones de 2014.
Para avanzar en esa dirección confluyen perfectamente la campaña de deslegitimación de las elecciones judiciales de octubre -con el argumento de que el MAS quiere controlar todo el Estado- y la marcha por la defensa del TIPNIS -con el discurso de que Evo no cree en la Madre Tierra.
Esta segunda estrategia de dimensión continental también contempla la construcción en el imaginario colectivo nacional e internacional de otros matrices de opinión: la existencia de un narco-estado (para lo que aprovechará la relación de un general y otros policías con el narcotráfico), un estado tolerante con el terrorismo (utilizando las relaciones con Irán y ocultando que ese país tiene presencia diplomática con todos los países de América Latina, a excepción de Panamá) y un gobierno no democrático.
La capacidad de la derecha para montarse sobre los conflictos -a los que el gobierno contribuye por una ausencia de mirada estratégica, la inexistencia de un aparato político que libre la batalla ideológica y política en la sociedad civil, su poca capacidad de redefinir su relación con los que deben estar de su lado, el escaso avance en el cambio de la matriz productiva y un déficit de participación social en la construcción de un nuevo tipo de poder-, apenas comienza. No hay duda que la derecha apuesta a terminar el año con victorias en ambos planos y enfilarse hacia mediados de 2012 promoviendo referéndum revocatorio para autoridades departamentales, municipales y, sobre todo, de diputados uninominales. Un presidente que pierda los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y una cantidad de gobernaciones y municipios, es el escenario ideal para tratar de revertir el complejo y largo proceso de cambio.
Por eso, si eso es así, la respuesta del gobierno no solo pasa por resolver con los indígenas de las tierras bajas y no al margen de ellos el diseño final para la construcción de la carretera en condiciones que garanticen cuidado y preservación del Parque Nacional como área protegida, sino en restablecer una nueva forma de relación con todas las organizaciones sociales. Evo está en condiciones, si él quiere, de salir airoso junto a los indígenas de las tierras bajas, y de hacer ajustes para llevar al proceso de cambio a un nuevo escenario y con un ritmo distinto.
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