El pasado 19 de febrero concluyó el plazo del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar los apoyos ciudadanos con los cuales se validaron las candidaturas independientes del proceso electoral 2018. María de Jesús Patricio Martínez y el Congreso Nacional Indígena (CNI) no aparecerán en la boleta presidencial. Sin duda esta situación amerita un balance sobre […]
El pasado 19 de febrero concluyó el plazo del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar los apoyos ciudadanos con los cuales se validaron las candidaturas independientes del proceso electoral 2018. María de Jesús Patricio Martínez y el Congreso Nacional Indígena (CNI) no aparecerán en la boleta presidencial. Sin duda esta situación amerita un balance sobre el proceso, sus aprendizajes y logros, pero también nuestros errores y limitantes. Sobre todo a la luz de que a más de un mes de terminar la recolección de firmas, y en plenas campañas electorales, existe sinsabor y desorientación latentes entre la gente que militó para que Marichuy fuera nuestra voz dentro de la coyuntura de 2018.
Un ejercicio de este tipo también interpela a las actitudes que desde las izquierdas tomamos para formular balances: la llana autoafirmación, el derrotismo con la consiguiente búsqueda de «culpables» o las descalificaciones a posteriori; fuera de ambos extremos equidistantes pero igual de estériles, se nos presenta la oportunidad de un pensar sincero y sereno sobre las condiciones en los que la iniciativa se desenvolvió, los movimientos de los adversarios y nuestro propio quehacer.
Un balance crítico y colectivo no sólo es útil para explicar(nos) qué pasó, también sirve para delinear lo que viene. En esa medida, las voces indígenas que convocaron al proceso son lúcidas al reconocer el revés e invitar a la escucha y la palabra.
Las explicaciones y valoraciones sobre este hecho, pensamos, deben ser producto de un análisis serio y una valoración profunda.
Obtener el número de firmas suficientes nos hubiera permitido aprovechar ese espacio para seguir visibilizando a los pueblos originarios, sus dolores y luchas, así como señalando el carácter criminal del sistema, para hacernos eco de los dolores y rabias que pululan en todo el territorio nacional, y para promover la organización, la autogestión, la resistencia y la rebeldía.
No lo logramos, pero debemos seguir en nuestro camino buscando otras formas, métodos y modos, con ingenio, creatividad y audacia, para conseguir lo que queremos («CONVOCATORIA AL SIGUIENTE PASO EN LA LUCHA», 16-03-18).
Hoy, cuando la vida es lo que está en juego, la victoria estética del derrotado nos sirve menos que nunca. Esta reflexión busca aportar algunos elementos para pensar dónde nos encontramos, lo que falta y lo que viene. Muchas de las ideas son producto del intercambio con mis compas de la Red Universitaria de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno (RUACIG), sin embargo la responsabilidad de la elucubración final es toda mía.
La continuidad de un régimen autoritario y oligárquico
Aunque pudiese parecer paradójico, la presentación y desarrollo de las candidaturas independientes son la última confirmación de que el sistema político mexicano se encuentra cerrado a la gente común de este país. Este mecanismo incluido en la última reforma electoral, planteaba -en el papel- el acercamiento de la sociedad civil al mundo de la política institucional; en la realidad sirvió como mecanismo de reabsorción para miembros de la casta política que quedaron fuera de sus formaciones de origen en el proceso de reacomodo rumbo a las elecciones de este año. Su cinismo es tal, que como principales aspirantes independientes aparecieron una exprimera dama y hasta hace pocos meses, militante de Acción Nacional; un senador (¡por el estado de Guerrero!), firmante del Pacto por México; y el gobernador con licencia de Nuevo León y militante del PRI entre 1980 y 2014.
La recolección de firmas estuvo marcada por la gran cantidad de inconsistencias y firmas falsas aportadas por los candidatos independientes del sistema. Salvo los esfuerzos de recolección por parte de la campaña de Marichuy, el resto de aspirantes a la presidencia están fuertemente impugnados por reproducir prácticas fraudulentas (falsificación de firmas, uso de algoritmos cibernéticos, compra de padrones), corporativas (firmas forzadas en centros de trabajo e instituciones públicas) y clientelares (uso de los apoyos para renovación de programas sociales o llanamente su compra).
Más allá de la corrupción en la recaudación de firmas, y con el palomeo de Margarita Zavala como «candidata independiente» por decisión de las altas esferas gubernamentales, las campañas de los independientes son el síntoma más reciente del estado de salud de la democracia en México. En él destaca un grave proceso de oligarquisación del sistema político y sus representantes institucionales y partidarios. Es decir, la enorme separación de los actuales cabecillas del Estado mexicano respecto a los intereses nacionales y populares. Hoy es más claro que nunca: en este país se gobierna con base en intereses personales o grupales, el conjunto de sus decisiones están encaminadas a conservar el poder que les permite proteger dichos intereses.
Me referiré a tres ejemplos recientes que demuestran la oligarquisación del Estado mexicano. Sin duda uno inaugural para entender el momento nacional, es la firma e implementación del Pacto por México entre los partidos mayoritarios en el Congreso (en ese momento: PRI-PAN-PRD); hoja de ruta para el rediseño integral de la economía mexicana a partir de las 14 reformas estructurales aprobadas durante el sexenio de EPN, entre las que destacan la energética, la laboral, telecomunicaciones y educativa. El Pacto por México se firmó e implementó de espaldas a los electores ya que jamás apareció como plataforma de campaña de ningún partido.
Segundo ejemplo, la peligrosa Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual se aprobó en la navidad de 2017. Esta ley ensancha las capacidades de intervención de las fuerzas armadas en tareas hasta ahora exclusivas de los civiles si la «seguridad interior» del país está en riesgo. La iniciativa de ley tuvo la virtud de unir en su contra a todos los especialistas, organismos de derechos humanos, expresidentes de la ONU y opinión pública nacional e internacional; aun así, los legisladores la aprobaron sólo con algunos votos en contra. Peña la ratificó en tiempo record. Hoy es sintomático que la LSI y su futuro no sean de los principales temas que se discuten en las campañas electorales.
Último ejemplo, la corrupción como aceite que engrasa a la política mexicana. Este fenómeno también es resultado de la desvinculación de los políticos de este país a su orden legal; consecuencia de un sistema en el cual los intereses empresariales y personales priman sobre cualquier tipo de bien común. La corrupción generalizada es resultado más que la «causa de todos los males nacionales» como ahora se le quiere mostrar en discursos y comerciales. El pacto de impunidad entre la casta política opera sin retraso en estos meses, los grandes casos de desvío de fondos (el Odelbrecht de Lozoya-Peña Nieto, o la Estafa maestra a cargo de la otrora maoísta Rosario Robles), que en otros países son motivo de renuncias de presidentes, en México no son sentenciados. Las acusaciones de este tipo entre la casta política (caso Chihuahua o los negocios turbios de Ricardo Anaya) sólo sirven para negociar posiciones y vendettas entre ellos.
La oligarquisación de la política en el país tiene que ver con su adecuación a los intereses económicos de los grandes capitales, ahora sin ningún tipo de contrapeso2. El fenómeno calificado de «puertas giratorias» que sirve para explicar en otros países la colusión entre la política y los consejos de administración de las grandes empresas, en México refiere más bien a lo que calificaríamos como «fenómeno del mayordomo», ya que la política gobernante está diseñada y condicionada para cuidar sus márgenes de ganancia. Esto es precisamente lo que se descubre con los grandes contratos de las rondas petroleras y el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
En suma, la condición actual de la democracia mexicana es deplorable. Para describirla, los zapatistas usan la figura del finquero que no respeta a nada ni a nadie, sujeto que se sirve del despojo y de las leyes a modo para que sus intereses continúen prevaleciendo. La joya de la corona de esta democracia de finqueros son los fraudes electorales. Es decir, el acto más nítido de anulación de la voluntad popular. Quien piense que este recurso se invalida por la brecha en el número de votos – cuando ya siguen el modelo de las elecciones del Edomex según el propio candidato del PRI y tienen a un Tribunal Electoral a la medida-, me parece no ve el panorama completo. Las mismas motivaciones que están detrás de un posible fraude electoral son las que explican que «ya sabes quién» pueda llegar a Palacio Nacional: el acoplamiento a los grandes capitales y su plan de negocios para los próximos años. También son la razón de los cambios, alianzas y reacomodos que se han registrado dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde su último congreso.
Esta situación autoritaria y oligárquica que contiene en su seno la lógica del despojo e incremento de la desigualdad, sólo ha podido perdurar gracias al otro gran fenómeno que configura el presente mexicano: la guerra. En 2006, la salida del ejército de los cuarteles se implementó como la estrategia de Felipe Calderón para buscar la legitimidad y estabilidad que no obtuvo en las urnas. Hoy México vive la peor crisis de seguridad y derechos humanos en toda su historia, el gobierno de EPN no sólo no combatió el fenómeno sino logró que la violencia, los asesinatos, las extorsiones y desapariciones aumentaran y se extendieran por todo el territorio nacional. El sexenio que está por terminar será aún más mortal que los anteriores.
¿A quién beneficia esta situación? los grandes cárteles del narco son sus beneficiarios directos, ellos se asumen como empresarios -tal y como se presentó el «Chapo» Guzmán después de su segunda captura- con una infraestructura, personal a sus órdenes y un mercado ilícito que mantener. Sin embargo, su funcionamiento no se entiende sin la complicidad de aquellos que controlan la regulación legal del mercado binacional, las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses. En esa medida, los intereses oligárquicos del país asumen una mixtura entre capitales legales e ilegales a partir del lavado de dinero, los cuales se ligan con la política gracias a los sobornos y el financiamiento de campañas.
La guerra contra el narco no sólo es un gran negocio sino la principal estrategia de dominación y control por parte del Estado mexicano. La militarización del país y la política de miedo que genera son componentes fundamentales para el sostenimiento del despojo y la desigualdad. También es la forma de mantener el control por parte del gobierno y los capitales de Estados Unidos. Un México seccionado en cárteles que obstruyan el desarrollo y cohesión nacional, es la forma más sencilla de mantenernos vulnerables. Es por ello que Trump envía a la Guardia Nacional a resguardar la frontera para que no pasen migrantes pero la droga y las armas siguen circulando sin mayor retraso.
La guerra contra el narco y la retórica militarista es la fisonomía mexicana de las nuevas formas de dominación mundial. Éstas abarcan desde las ultraderechas protofascistas europeas, los nuevos gobiernos neoliberales sudamericanos muchos surgidos de golpes de estado jurídicos, los regímenes confesionales en Asia y el Medio Oriente, hasta la administración Trump en los Estados Unidos. A todos les une ser los garantes más radicales de los negocios y el control de poblaciones3. Hoy una política que pare la guerra es prioridad para todo aquel que tenga un proyecto para las mayorías de este país.
Como no todo puede ser negocios, corrupción y violencia, el régimen ha ideado mecanismos menores para aparentar renovación, transparencia e inclusión. A partir de dichas pretensiones, se han conformado iniciativas externas a los propios partidos, las cuales han redundado en la ampliación de la casta política y su contacto virtual con la ciudadanía. Mujeres y hombres jóvenes -que mejor si provienen de alguna causa ciudadana o movimiento social-, con maneras y lenguajes alejados de la «vieja política» y apoyados en las nuevas tecnologías y redes sociales, son los embajadores preferidos de este tipo de operaciones. Esta «nueva política» tuvo como centros de incubación a organizaciones no gubernamentales ligadas tanto a los promotores de las reformas estructurales, al financiamiento internacional o a iniciativas ciudadanas que, según un análisis reciente, siguen el modelo de negocios emergentes en la era digital. La anexión de Ahora, encabezada por Emilio Álvarez Icaza, extitular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Derechos Humanos del DF, al partido que declaró la guerra en México, es el ejemplo más claro de estas estrategias cosméticas de ampliación de la casta política.
El régimen autoritario y oligárquico mantiene una situación paradójica, la población a la que controla oscila entre el encabronamiento y la parálisis. La referencialidad sin contrapesos del poder en México junto a su cada vez más palpable falta de legitimidad, es lo que explica la situación de negación de filiaciones, símbolos y tradiciones partidarias que ahora vemos en las candidaturas a la presidencia, pero de las cuales los candidatos en la práctica real no se pueden desapartar. En suma, la situación de robo y pisoteo a la población mexicana no sólo se mantiene por la represión y el engaño. Durante estos años se ha impuesto un sentido común entre la población que refuerza el status quo y sus mecanismos de control y dominación.
El sentido común neoliberal en México
La descomposición del Estado mexicano y la baja regulación que éste tiene han generado efectos perversos dentro de la sociedad. La guerra contra el narcotráfico, el desempleo y la precariedad laboral, la violencia hacia las mujeres y la devastación social y ecológica de las comunidades ha tenido un fuerte impacto en las formas de socialización, imaginarios y producción de sentidos de la población mexicana. El desinterés en la vida pública o la resignación de que «nada puede cambiar» son sentimientos difundidos entre buena parte de la población; la narcocultura y su propuesta de «vive poco pero disfruta» o el emprendedurismo de «explótate a ti mismo», son versiones radicales de esta lógica que se ha instalado en el país.
El sentido común neoliberal combina la convicción de que no hay opción posible -fuera de este sistema- con la construcción de un único agente y unidad de medida: el individuo individualista, quien busca «felicidad» sólo a partir del enriquecimiento para la compra de bienes y adquisición de prestigio pasando por encima de los demás. En ese horizonte, la política cobra sentido y se reafirma día con día como actividad lucrativa sin ninguna finalidad colectiva y mucho menos emancipadora, en cambio se construyen juicios de valor que priorizan a la riqueza, el acceso al consumo y el status que conllevan como lo deseable. Esta forma propia del capitalismo postmoderno se mezcla con el racismo, clasismo y machismo presentes en la sociedad y la cultura de México.
Aunque el sentido común neoliberal se proyecta como totalizante, la población mexicana lo ha trascendido en algunos episodios recientes. Sin duda, las protestas contra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 bajo la consigna de ¡Fue el Estado!, significó un salto de conciencia masivo sobre la situación de violencia y desapariciones forzadas en el país. También las movilizaciones cuasi insurreccionales de diciembre de 2016 contra el aumento en los precios de los combustibles, el gasolinazo, hizo que una franja de la población protestara por la creciente carestía económica. La emergencia de la gente común más reciente se vivió en las labores de ayuda y rescate posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017, en aquel momento los habitantes de la zonas afectadas tomaron la iniciativa al juzgar insuficiente el papel de las autoridades debido a la ineptitud y falsa información que se promovió desde el gobierno federal y el ejército mexicano.
Estas insurrecciones de la población son el claro ejemplo de que las cosas pueden cambiar, que el sentido común neoliberal no es infranqueable. Sin duda para que la candidatura de Marichuy pudiese superar el autoritarismo oligárquico del régimen, en primer lugar era necesario romper el condicionamiento subjetivo y producción de sentidos que éste promueve. Resta por analizar lo que hicimos para que esto fuera realidad.
Nosotros: la quinta etapa
Sin duda la campaña del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), promovido desde el CNI, tuvo importantes logros desde que se lanzó la propuesta de participar en las elecciones, en octubre de 2016. El inicial, hacerse presentes con una propuesta política que situará a los pueblos indios de México y a la izquierda anticapitalista como sujetos de referencia en la coyuntura electoral. La apuesta por mujer indígena en la boleta hizo retemblar en sus centros la tierra, porque dio en el clavo de las injurias y desprecio que sufren los grupos más vulnerables en nuestro país.
No es extraño que el CNI haya sido la única fuerza capaz de lanzar una iniciativa de este tipo desde la izquierda extraparlamentaria. La sostenida resistencia que han efectuado las comunidades al desprecio, saqueo y despojo son realmente la reserva moral y práctica contra la barbarie capitalista que azota este país. En estos tiempos cuando el extractivismo y la economía criminal asedian a sus comunidades, la propuesta adquirió todo el carácter de urgencia y necesidad que el CNI supo impregnarle.
Después del proceso de recolección de firmas es notorio que el Concejo Indígena de Gobierno, a partir de sus recorridos, discusiones y múltiples eventos a lo largo y ancho de México, se ha fortalecido. Nuevos pueblos y comunidades se han integrado, otros se han reincorporado además de que una renovación generacional encabezada por mujeres jóvenes es sobresaliente. Sobre todo el CNI vuelve a aparecer frente a los ojos de la nación como el actor que representa la lucha y las aspiraciones de los olvidados de este país.
El CNI-CIG tiene el merito de ser el único actor que posicionó las condiciones de vida y aspiraciones de los pueblos indios en esta coyuntura electoral. La elección de Marichuy resultó ser un gran acierto para sintetizar el mensaje de lucha por la vida y denuncia de las condiciones de las más oprimidas. Por lo mismo, un cumulo de nuevos y viejos activistas, cuadros sindicales, feministas, académicos, jóvenes, miembros de la comunidad sexo diversa, ecologistas, estudiantes y luchadores sociales acudimos a su llamado.
La formación de redes y espacios de encuentro para llevar a cabo la recolección de firmas y difundir la palabra del CNI, es el otro saldo positivo de estos meses de trabajo conjunto. La capacidad organizativa y potencia militante que se conjuntó entorno al llamado del CIG es muy importante, pues logró agrupar un número de organizaciones e individuos de la izquierda anticapitalista que antes se encontraban atomizados o en las resistencias. La suma de las partes no es igual al resultado, por eso la dinámica conjunta brinda un salto cualitativo a cómo estábamos antes de la propuesta y constituye un firme andamio desde el cual construir.
Sin embargo, hasta este momento no hemos explicado por qué no conseguimos las firmas, nos hemos contentado con marcar el contexto general (régimen autoritario y oligárquico, sentido común neoliberal) y los aciertos de la iniciativa. Este rodeo es necesario para calibrar el tamaño de las dificultades, los oponentes y la hazaña que hubiese significado aparecer en la boleta. Como se mencionó, una conmoción social entre la población del país, de la magnitud de la lucha por los 43 de Ayotzinapa o las labores post 19S, hubiese sido necesaria para lograr el objetivo. O para hablar de fenómenos que han desatado los pueblos originarios, una parecida al primer bimestre de 1994 o la Marcha del color de la tierra en 2001. La diferencia de la campaña para que Marichuy apareciese en las boletas es que justamente se jugó en el tan legítimamente desacreditado terreno electoral, en el cual el sentido común neoliberal opera con mucha fuerza.
En esta misión cuesta arriba hubo división del trabajo y responsabilidades. A los pueblos del CNI y al CIG les correspondió llevar su palabra a la mayor cantidad de lugares, priorizando las comunidades y regiones en resistencia; a las redes de apoyo se nos encomendó hacer audible esa palabra y recoger firmas. Para hablar desde la experiencia vivida, y desde el lugar con las mejores condiciones para realizar la recoleta de firmas, resulta un verdadero revés político que en ciudades tan importantes y con tradición de izquierda, como la Ciudad de México, no consiguiéramos el 1% (70, 000) de firmas del padrón electoral. Hay que decirlo, no pudimos revertir el caminar indiferente de miles que van escuchando sus audífonos, pensando en sus problemas (deudas, desempleo, relaciones personales) y metidos en el aislamiento social que provocan los celulares en la vida citadina. En una ciudad recientemente sacudida por la solidaridad post sismo y que claramente se inclina a la izquierda, realizamos una campaña que no esperanzó a las mayorías, paso necesario para romper con el sentido común neoliberal. Por ejemplo, un sector clave de los pobres y marginados ubicados en las periferias y zonas conurbadas votará a Morena, a la par no logramos convencerles sobre la importancia de que firmaran por Marcihuy.
Esto nos lleva a la segunda limitación importante: el encierro en que muchas veces caímos. No pocas ocasiones formulamos eventos y actividades para los «ya convencidos» y nuestros amigos. La recaudación de firmas dejó ver la autoreferencialidad y constricción a ciertos espacios por parte de la izquierda anticapitalista citadina. Por cierto, también mostró que su capacidad de interlocución con la sociedad se ha achicado, al menos así nos los demostraron los mítines en Ciudad Universitaria y el Hemiciclo a Juárez en noviembre de 2017 y enero del 18. Este es un foco de atención importante, pues muestra el desgaste que ha tenido la causa indígena-zapatista dentro de la población y su disipación como referencia política e ideológica.
Esta serie de limitantes se potenciaron por una carencia general de organización e instancias para implementar la recaudación de firmas. Producto del propio deterioro y los golpes que han sufrido las izquierdas radicales, la campaña se apoyó en pocas estructuras previamente establecidas; la carencia de nuestras propias instituciones, es decir los órganos de deliberación y acción de la izquierda anticapitalista, es una falencia que debe llevarnos a analizar qué pasó con nuestras iniciativas y organizaciones, que ahora no pudimos realizar un proceso de organización a cabalidad. A la par que juntábamos firmas y organizábamos los recorridos del CIG, teníamos que pensar en qué tipo de estructuras estábamos y debíamos construir. Esta falta de coordinación y organización previas son las que explican que la recolección de firmas haya sido un objetivo primordial hasta que empezó el 2018.
Aunque todas estas condicionantes son puntuales y tuvieron expresiones distintas en cada red de apoyo y espacio territorial, hay un punto que resultó infranqueable para toda la campaña. En el contexto que hemos descrito, donde la política se ha vuelto una mercancía que ofrece soluciones mágicas sin el menor esfuerzo, un llamado que afirma la vida y promueve la organización tiene mucho merito pero puede ser poco audible y comprensible por sí mismo. Si este sistema nos mata y no sirve, tenemos que esbozar en nuestras propuestas qué tipo de mundo queremos y podemos construir al organizarnos. Es decir, plantear que la lucha y organización que propone el CIG en voz de Marichuy es para construir una salud, educación, trabajo, condiciones de la mujer, de la diversidad, de los pueblos indios con características claras y en la cual la gente común pueda ver reflejados sus esfuerzos y aspiraciones. A esto se le ha llamado programa, plan de lucha, demandas, demandas de transición, ruta de gobierno, plan quinquenal, utopía y de muchas formas más. Me parece este horizonte de futuro fue poco desarrollado en relación con la enorme potencialidad que implica «luchar por la vida y contra la muerte» en el México de 2018. Una interpelación a las condiciones de vida y aspiraciones de los varios Méxicos que coexisten nos hubiera aportado la dosis necesaria de esperanza y estrategia. Es claro que generar esta traducción de lo que significa pelear por la vida, en medio de una campaña que recorre todo el país con recursos económicos muy limitados, la cual es asediada y en un proceso donde nos íbamos encontrando y rencontrando era una tarea titánica. Por suerte nuestros tiempos no se reducen al primero de julio, aún es tiempo de ponerlo en práctica. Lo importante es entender que para dar el siguiente paso, afirmar lo que queremos es necesario. Si otro mundo es posible, llegó el momento de decir cuál es y cómo lo conseguiremos, porque una izquierda sin visión de futuro no es tal.
Las compañeras nos han dado una lección de esperanza y traductibilidad política: la afirmación de un futuro nuevo a partir de negar el presente, es posible. El Encuentro de las Mujeres que Luchan, realizado el pasado 8 de marzo en el Caracol de Morelia, es el más claro ejemplo de que podemos ir dando pasos para construir esa imagen de nuevo mundo que queremos. No sería descabellado pensar que para completar esa visión inicial, tendríamos que promover encuentros entre las nueve mesas de trabajo que definió el CIG (mujeres, pueblos indígenas, migrantes, diversidad, educación, trabajo y empleo, jóvenes, madre naturaleza, otras capacidades). Porque el siguiente paso está por darse, y no depende de ninguna boleta.
Addendum
El fallo por parte de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que avala la candidatura presidencial de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón «El Bronco», la noche del 9 de abril, lejos del alterar lo planteado aquí, confirma la trayectoria y estrategias para la continuidad del régimen. Que un político priista como «El Bronco» pueda aparecer en la boletas con más de un 1, 100,000 apoyos inválidos (59% del total de firmas recaudadas) es un signo más de que a la oligarquía empresarial de este país y sus políticos mayordomos les tienen sin cuidado las apariencias democráticas. Están dispuestos a cualquier cosa con tal de asegurar su continuidad. Qué grande es el contraste con el Concejo Indígena de Gobierno y Marichuy.
Notas:
2 Antes, aunque bajo control, las centrales sindicales y campesinas corporativas, y en menor medida la oposición por derecha e izquierda frente al PRI, constituyeron condicionantes para la repartición de riqueza y construcción de infraestructura pública. La transición a la democracia del año 2000 con el gobierno de Fox, marcó el fin de estos condicionamientos, ya que las formas corporativas tendieron cada vez más a relaciones puramente clientelares que se alquilan al mejor postor.
3 Tal vez el caso más parecido al mexicano sea el de guerra contra las drogas y el crimen encabezado por Rodrigo Duterte en Filipinas.
Diego Bautista Páez es historiador. Militante de la Red Universitaria de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno (RUACIG).
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