El 31 de diciembre de 1996, previamente a la privatización de YPFB, las reservas probadas de petróleo en el país llegaban a 38,7 millones de barriles ─sin contar el condensado ni la gasolina natural─ para el 2005 habían disminuido a 17,7 millones; para el 2009 se redujeron a 9,58 millones; y actualmente queda un remanente […]
El 31 de diciembre de 1996, previamente a la privatización de YPFB, las reservas probadas de petróleo en el país llegaban a 38,7 millones de barriles ─sin contar el condensado ni la gasolina natural─ para el 2005 habían disminuido a 17,7 millones; para el 2009 se redujeron a 9,58 millones; y actualmente queda un remanente de 6,1 millones.
Esta disminución se explica porque las empresas transnacionales se dedicaron soló a desarrollar los campos que se habían descubierto con anterioridad a la capitalización, así concluyeron los campos de gas natural y atendieron el compromiso de exportación al Brasil, pero dejaron en segundo plano, la búsqueda y desarrollo de nuevos campos de petróleo, y por ende el abastecimiento de combustibles en el mercado interno.
Tan grande fue el apoyo que se dio a las determinaciones de las trasnacionales que sus acólitos y una serie de autoridades del sector proclamaron a los cuatro vientos que la única manera de abastecer el mercado interno era exportar mayores cantidades de gas natural, porque al aumentar la producción de gas aumentaba también la producción de líquidos. Hoy sabemos que de los líquidos del gas natural (Condensado) no se pueden extraer, o se extrae proporciones mínimas, de diesel y gasolina automotriz.
Cuando ya se había estabilizado la exportación y se habían garantizado las reservas de gas para tal objetivo, allá por el año 2001, las petroleras consiguieron que se las eximiera de la obligación de perforar un pozo por parcela. No querían seguir explorando, según sostuvieron, en tanto no se les garantizará nuevos mercados. Por supuesto, las necesidades del mercado nacional ─consistentes en reponer las reservas de petróleo y sustituir las importaciones de diesel─ no eran una prioridad para ellas.
En ese marco, las transnacionales se limitaron a «abrir el grifo» para extraer el petróleo de los campos ya existentes. De hecho el año 1996 se producía en el país aproximadamente 13 mil barriles de petróleo por día (BPD); el año 1998, cuando las empresas ya estaban a cargo, esa cifra ascendió a 19 mil BPD; y desde ese año a la fecha, la producción ha descendido hasta llegar al nivel de 4,8 mil BPD el año 2011.
En conclusión, a medida que iban generando ganancias prácticamente sin ningún esfuerzo, también iban vaciando los yacimientos de petróleo, que valga anotarlo, en su mayor parte fueron descubiertos por YPFB. El extremo es que existen algunos indicios de que han explotado irracionalmente esos yacimientos.
Esto se hizo paralelamente al establecimiento de «incentivos» para que las petroleras invirtieran más y descubrieran más reservas hidrocarburíferas. Uno, de los muchos que hubo, fue reclasificar los campos existentes, como campos con «hidrocarburos nuevos» para luego reducirles el canon de regalías al 18%. Otro, era que el precio nacional del barril de petróleo, aunque no estaba atado al precio internacional, iba acorde al mismo; así las empresas obtenían un «precio atractivo» por su producción. Empero, contrariamente a lo que se perseguía, incentivaron el agotamiento del petróleo y no la búsqueda del mismo.
Acontecimientos similares han sucedido en otras partes del mundo. La lección es que donde van las transnacionales la industria petrolera nacional no progresa, por el contrario, decrece si es que no es desarticulada completamente. Por ello, la tendencia mundial y suramericana es constituir empresas petroleras estatales, que sean efectivamente operativas y capaces de desplazar a las transnacionales; y en caso de no ser posible, la regla general es dejarles a éstas el menor campo de acción y, por ningún motivo, generarles incentivos.
Sensiblemente, las actuales autoridades gubernamentales y los ejecutivos de YPFB, desconociendo estos hechos, pretenden devolver impuestos a las petroleras, según reza el artículo 4° del proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado «como mecanismo para garantizar la continuidad de la seguridad energética, mediante el incentivo a la exploración y al incremento de la producción de petróleo, con el objeto de reducir las importaciones de derivados de petróleo».
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