Es curioso que la oposición se ha vuelto extremadamente formalista en sus críticas a la nueva Constitución, pues no observa hasta hoy temas de fondo; únicamente, las supuestas irregularidades con que habría sido aprobada. Pero basta leer el texto de la nueva Ley Fundamental para comprobar que expresa la mayor extensión horizontal de los ideales […]
Es curioso que la oposición se ha vuelto extremadamente formalista en sus críticas a la nueva Constitución, pues no observa hasta hoy temas de fondo; únicamente, las supuestas irregularidades con que habría sido aprobada. Pero basta leer el texto de la nueva Ley Fundamental para comprobar que expresa la mayor extensión horizontal de los ideales democráticos, en especial el concepto de pluralidad, que beneficia a todos los bolivianos.
Aparte de la pluralidad, los conceptos que nutren la nueva Constitución son difícilmente rebatibles: unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, y distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, respeto por el medio ambiente.
El eje más visible de la nueva Constitución es la redistribución de la economía, la política, la justicia social, el diálogo intercultural e interlingüístico. La nueva Constitución no excluye nada; al contrario, incorpora todo, en todos los niveles, no sólo reconociendo idiomas y culturas sino sistemas de propiedad, sistemas de organización social y mecanismos de toma de decisiones de orden público.
En verdad, es una transacción horizontal que afecta todos los órdenes pero sin afectar a ninguno, como no sea el acaparamiento, la acumulación excesiva, la corrupción, el abuso de poder económico, político o social.
¿Cómo un país pobre puede basar su prosperidad en un sistema liberal basado en la recaudación de impuestos? ¿Cómo es posible que uno pueda perder su vivienda familiar por no tener con qué pagar impuestos? Un país pobre necesita que el Estado intervenga en la economía, que respete todas las formas públicas, privadas y comunitarias de organización económica, pero que vele por el ser humano a través de subsidios. Nos han hecho creer, en mala hora, que no hay peor cosa que un Estado que subsidie. Sin embargo, hasta los defensores del neoliberalismo, que a su turno elogiaron el Bonosol, confían en las virtudes del Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad como una inyección importante a la economía que va en beneficio directo de los sectores más necesitados.
Un país pobre necesita un Estado que genere riqueza, un sector público que genere empleo y que redistribuya la riqueza nacional a través de subsidios para aliviar la crónica pobreza de nuestra gente. En verdad, parecemos excombatientes de una guerra quizá más dura que la Guerra del Chaco; no tenemos seguridad laboral, no podemos vislumbrar un futuro. En esas condiciones, ¿Puede ser malo que el Estado se acuerde de nosotros a través de un código fundamental que se preocupa de los más necesitados?
Hay puntos conflictivos que irán a referéndum, como el del tamaño del latifundio, que en casos reales excede lo imaginable. ¿Cómo es posible que una familia acapare extensiones más grandes que una provincia mientras el conjunto no tenemos ni un techo propio?
Al margen de las observaciones formales que se hicieron, es bueno leer el texto constitucional para comprobar que no hay por qué temerle.