Durante estas primeras diez semanas de gobierno, el presidente espurio Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) delinearon los ejes programáticos que pretenden aplicar durante todo el sexenio: 1. Militarización, contrainsurgencia, acciones represivas contra las fuerzas populares oposicionistas; cooptación de algunos sectores de la izquierda institucionalizada, absorción del priísmo y el sindicalismo oficialistas. 2. […]
Durante estas primeras diez semanas de gobierno, el presidente espurio Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) delinearon los ejes programáticos que pretenden aplicar durante todo el sexenio: 1. Militarización, contrainsurgencia, acciones represivas contra las fuerzas populares oposicionistas; cooptación de algunos sectores de la izquierda institucionalizada, absorción del priísmo y el sindicalismo oficialistas. 2. Profundización del modelo neoliberal (con todo lo que eso significa para los niveles y las condiciones de vida de los mexicanos, sus derechos a la alimentación, educación, salud, seguridad, empleo, vivienda y bienestar social) y privatización de los recursos estratégicos. 3. Sujeción absoluta de México a la hegemonía política, ideológica, cultural, militar, de inteligencia y seguridad de Estados Unidos y a los planes estratégicos imperialistas dirigidos en contra de los gobiernos democráticos de Cuba, Venezuela y Bolivia; se busca que el gobierno de Calderón sea el cipayo estadunidense en la región latinoamericana. 4. Control de los medios masivos de comunicación como instrumentos ideológicos al servicio de los poderes fácticos y del régimen calderonista que los representa y persecución de periodistas independientes en el segundo país más peligroso del mundo, después de Irak, para el gremio de los informadores.
Ante este sombrío proyecto en desarrollo las preguntas centrales son: ¿Están dispuestos los ciudadanos que no votaron por Calderón, que se abstuvieron, o incluso quienes se han arrepentido de su voto por el PAN a soportar seis largos años de penurias, autoritarismo, desnacionalizaciones y entreguismo? ¿Sobrevivirá la nación mexicana como ente soberano ante el acoso sistemático privatizador de los apátridas que gobiernan para beneficio exclusivo de las corporaciones capitalistas? ¿Es necesario el precio que hay que pagar en vidas humanas, sufrimientos y esfuerzos inútiles por aguantar todo un sexenio a un gobierno que en tan sólo unas semanas resulta intolerable para millones de mexicanos? ¿Existe alguna duda razonable sobre la naturaleza reaccionaria y regresiva del actual grupo gobernante que pudiera dar posibilidades de un cambio distinto al que se ha observado en estos dos primeros meses de gobierno? Si las respuestas a estos interrogantes son negativas, una propuesta que podría ser enarbolada por las coordinaciones frentistas, organizaciones gremiales y de la sociedad civil agrupadas en el Diálogo Nacional y aun por organismos políticos y sociales de todo el espectro ideológico es la realización de un referendo presidencial revocatorio. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, infamado por las derechas continentales y europeas como déspota y dictador, se sometió exitosamente a ese procedimiento, que por cierto forma parte de la avanzada Constitución de ese país. El propio Andrés Manuel López Obrador organizó ejercicios telefónicos periódicos para ratificar o revocarlo del cargo de jefe de Gobierno de la ciudad de México. Incluso, la sangrienta dictadura encabezada por Augusto Pinochet aceptó someterse a un histórico referendo que dio paso a la democracia formal que lo expulsó del gobierno de facto que usurpaba desde el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende.
Una iniciativa de esta naturaleza podría ser presentada en el Congreso de la Unión y lo más probable es que la maquinaria del PRI-PAN no permita que este importante mecanismo de consulta popular sea parte integral de nuestra Constitución. Ante esta muy segura eventualidad, el referendo de revocación deberá organizarse por la sociedad civil para, de inclinarse la mayoría de los ciudadanos por esa opción, exigir la renuncia de Felipe Calderón e iniciar la verdadera transición democrática que el país requiere.
Este referendo se justifica aún más para el caso mexicano tomando en cuenta las circunstancias por las que llegó al poder Felipe Calderón, cuestionado por millones de ciudadanos que lo acusan de haber usurpado el triunfo legítimo de AMLO en las elecciones del 6 de julio de 2006, en lo que se caracterizó como un golpe de Estado técnico. Inclusive para los millones de votantes que consideran que las acusaciones de fraude y golpe de Estado son inaceptables y que las elecciones mexicanas fueron trasparentes e inobjetables, podrían estar de acuerdo en participar en un ejercicio democrático común en muchos países del mundo, si se reúne un número suficientemente representativo de firmas para realizar una consulta nacional de carácter vinculante con una simple pregunta: ¿Esta usted de acuerdo en que Felipe Calderón sea revocado de su cargo como titular del Ejecutivo federal: SI o NO?
La iniciativa ciudadana hacia el referendo podría ser también un eficiente mecanismo para lograr una unidad nacional patriótica que se abocara a organizar en todo el país los comités por el SI, por la revocación del mandato que de manera ilegítima ocupa Felipe Calderón. Aquí podrían coincidir muchas fuerzas políticas que son conscientes de la amenaza que representan los grupúsculos económicos y políticos que se han apoderado del control del Estado.
Obviamente que es necesario un proceso unitario y de acumulación de fuerzas que promueva el voto revocatorio, pero en el camino podrán perfilarse aquellos que buscan el interés general del país y de la mayoría nacional por encima de los intereses grupales o partidistas. Ante el choque de trenes que se vislumbra en un futuro cercano, el referendo revocatorio puede ser también la última salida pacífica a la crisis que provocaron la defraudación electoral y la imposición de Calderón.