Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se […]
Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Constitución Nacional de la República Argentina
Para que el lector siga con atención el contenido de este artículo, extenso por cierto, debo aclarar que mi posición frente a las próximas elecciones legislativas en la República Argentina del 23 de octubre próximo es la de no votar par nadie. Una vez aclarado esto corresponde justificar los motivos que me han llevado a ésta decisión tajante y a la vez, quizás, encontrada con el criterio democrático tradicionalista que impone la necesidad de elegir obligatoriamente entre las diferentes opciones políticas impuestas.
Desde el año 1983 los argentinos hemos votado mayoritariamente a las propuestas políticas ofrecidas: Alfonsín en 1983 (51,9%), Menem en 1989 (47,3%) y 1995 (49,8%), de la Rúa-Álvarez en 1999 (48,4%) y por último la elección presidencial de 2003, convertida en una interna partidaria entre Menem, Kirchner y Rodríguez Saá, en donde el justicialismo alcanzó el 60,7% de los votos. Todo ello ha tenido de una u otra forma su correlato en las once elecciones parlamentarias realizadas.
Los cambios estructurales en los últimos veintidós años han sido escasos en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza como en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Su extremo ha sido magnánimo en el aumento de la riqueza para una minoría privilegiada, la explotación del trabajador y debilitamiento de su participación en el producto bruto nacional, la entrega de la representación sindical a las enquistadas cúpulas gremiales que llevaron adelante el desamparo del pueblo trabajador, la precariedad del empleo con desocupación y subocupación insostenibles e inimaginables, el aumento a niveles inmorales de la pobreza, la indigencia y la exclusión social, el facilitar la injerencia y coerción económico-financiera-social de los organismos internacionales de crédito junto al de los oligopolios de privatizadores y concesionarios, la pérdida del control sobre los recursos nacionales fundamentales otrora en manos del Estado, la desarticulación, actualización y fo mento de las políticas públicas educativas y de salud, el quebrantamiento de la seguridad jurídica junto a la cooptación de jueces, la implementación de las economías populares de mercado y todas las variantes neokeynesianas ensayadas hasta el hartazgo, el retroceso en la vigencia de los derechos humanos y ciudadanos, etc.
Al mismo ritmo que el pueblo fue perdiendo los derechos y garantías fundamentales consagradas constitucionalmente un pequeño grupúsculo de políticos se fue adueñando del centro de la escena nacional. Han realizado tantos pactos, acuerdos, frentes, alianzas y trapisondas como fueron necesarias para hacerse del mismísimo poder. Todo sin la más mínima presencia de concepciones ideológicas, dogmáticas ni de principios. Puro pragmatismo político.
La utilización de los medios de comunicación -mediatización de la política- ha terminado y determinado la exclusión del debate interno en cada fuerza política. Obviamente que ello no ha sido ingenuo sino que tras de sí lleva la perversidad propia de la hegemonía y el autoritarismo político partidario. Éste último aún bajo su forma solapada de «autoridad» política. La mediatización ha sido impuesta al pueblo hasta convertirlo en un «escucha», «lector» o «veedor» simple y sin opinión.
Haber logrado en cuatro años quebrar el pensamiento y la exigencia de «que se vayan todos y que no quede ni uno solo», ha sido mérito innegable de las elites políticas que veían peligrar su continuidad en el crecimiento de las posiciones contestatarias. La falta de acciones activas, sostenidas y revolucionarias de las organizaciones, movimientos y asambleas populares pueden justificarse en el temor popular de caer en propuestas anti-sistema imperante, la confianza traicionada una vez más por los ejecutores de las políticas, el nivel de apatía generalizado que fue aprovechado por el eje político dominante, con más los errores de los que intentaron adueñarse estúpidamente de los incipientes movimientos sociales.
La democracia representativa impuesta es totalmente excluyente de los más mínimos intereses sociales y populares mayoritarios. Estos no cuentan a la hora de establecer políticas porque su nivel de acción y de actuación ha sido perfectamente atomizado, desarticulado, vilipendiado y entregado por las propias dirigencias sociales, políticas, empresariales y sindicales en pos de las propias conveniencias del poder.
El modelo neoliberal capitalista ha trascendido a los diferentes partidos políticos y a las alianzas frentes creados para alcanzar el poder en los actos eleccionarios. Tanto peronistas, radicales y frepasistas han seguido abrazados al modelo, al cual lo han maquillado al solo efecto de hacerlo más efectivo y perverso. Sin dudas criminal también.
Con el neocorporativismo, llevado adelante por todas las dirigencias que ocuparon el poder, han demostrado su alejamiento de los sectores populares y fundamentalmente del pueblo trabajador al que han traicionado y empobrecido sistemática y políticamente. Basta recordar las reformas del Estado, de los regímenes de jubilación, de las leyes de empleo; así como las políticas de privatizaciones y concesiones, emergencias económicas, planes de ajuste económico-financiero y superpoderes otorgados al Poder Ejecutivo.
Sabemos perfectamente que nos han llevado a una plutocracia, donde el poder de la riqueza personal condiciona al derecho del pueblo en la búsqueda de su genuina representación y posibilidades de participación.
Las posiciones sostenidas por la izquierda nacional han sido una vergüenza, desde la negativa sectaria de procurar la posibilidad de sustanciar un polo político que pretendiera luchar por el poder real y que convirtiera, desde la unidad en la diversidad, a la lucha de clases en el eje central de las reivindicaciones populares, sociales y fundamentalmente de la clase trabajadora. Los principios esenciales del ideario, dogma, doctrina y pensamiento marxista, que siempre reivindicaré, fueron destruidos por un manojo de dirigentes miopes. La única cuestión que no se les puede atribuir es el desencanto en el manejo de la cosa pública, por razones lógicas de no haber pretendido hacer cosas superiores políticamente.
Al analizar quienes han sido más duramente castigados en las últimas décadas nos permite advertir que las políticas llevadas adelante no han sido casuales y que no han sido producto de efectos colaterales de ellas. Son el cúmulo de las acciones tendientes a generar el empobrecimiento y la exclusión de las mayorías, por un lado para posibilitar el enriqueciendo de las minorías que en definitiva los políticos representan y por el otro mantenerlas cautivas en la desesperación del hoy y mañana oscuro que se presenta. Para comprobarlo solamente hace falta comprobar la distribución del ingreso y la riqueza que han llevado adelante las diferentes administraciones, las que han sido permitidas por las diversas conformaciones del Congreso Nacional.
Las administraciones ejecutivas y los parlamentos han estado más atentos de las opiniones y exigencias de los gobiernos de países desarrollados del primer mundo hacedores de guerra e invasiones terroristas, de los acreedores usurarios externos y de los organismos internacionales de cualquier tipo, en lugar de la opinión, lucha y resistencias del pueblo argentino en toda su territorialidad. Éstas no han sido cuestiones menores en todos estos años por más de se haya intentando minimizarlas y ningunearlas hasta extremos de características autoritarias y represivas.
Las diferentes facciones de los partidos políticos mayoritarios han accionado siempre en el sentido de hacer acallar las opiniones en contrario de sus propias huestes, para imponer las decisiones de los grupos concentrados de poder interno dentro de cada espacio político. Solamente ha sido el mantenimiento de la ocupación de los espacios ejecutivos y legislativos sus intereses supremos y que los han llevado adelante con los mismísimos personajes que dicen ellos condenar y separarse una vez logrado sus espurios objetivos. En estas elecciones de la democracia representativa para cargos legislativos una vez más ha quedado al desnudo las miserias internas de los partidos políticos al bloquear cualquier tipo de discusión intestina.
Si los partidos políticos que se ofertan en esta puja legislativa han quebrantado en las últimas dos décadas sus principios ideológicos, y sus representantes más sobresalientes se han cambiado de traje y posición -según la mejor ocasión- para perpetuarse en el poder, acometer con dádivas y sacar ventajas y réditos personales dentro del sistema político institucional plagado de corruptelas. ¿Quién puede seriamente pensar en votar por alguno de ellos?
La falta de proyectos políticos es producto, o mejor dicho resultado final, de los caminos que han querido recorrer sus máximos dirigentes. Los que justamente, y no por casualidad, son los mismos que pregonan la necesidad de que el ciudadano vote. Esa es la cuestión que les preocupa. Que se vote.
Claro, si así fuese, acto seguido deben estar nuestras preguntas:
¿Votamos a una persona o votamos por un proyecto político? ¿Votamos para que ellos no se bajen del tren político o votamos para que nuevos y jóvenes legisladores tengan la oportunidad de cambiar las cosas? ¿Votamos para que la corrupción y la mentira sigan enquistadas e impunes o votamos para que sea una nueva legislatura la garantía del control constitucional? ¿Votamos a los familiares y secuaces de los políticos o votamos por aquellos que no tienen compromisos y que contribuyan a legislar con una visión amplia y superadora? ¿Votamos para que sean recompensadas sus apetencias materiales personales y de sus lacayos o votamos para lograr recuperar la honorabilidad perdida y abandonada de los legisladores?
Sumando a todo lo expuesto, resulta a todas luces insuficiente e inmoral cada una de las ofertas «partidario-políticas», «frente-políticas», «encuentro-políticas» y/o «individualistas-políticas» que nos presentan para la renovación parcial de la clase legislativa.
Los candidatos no saben para qué fines quieren acceder al parlamento. Surgiendo, sin embargo, de forma clara y precisa que sus postulaciones y ofertas son para:
• Apoyar ciegamente y sin reservas el poder hegemónico y autoritario del kirchnerismo. • Dirimir en una elección nacional problemas irresueltos dentro de cada fuerza partidaria. • Desprestigiar y atacar con vehemencia y mentiras cualquier opción contestataria y cualquier cambio propuesto. • Impedir cualquier discusión sobre el modela neoliberal imperante e impuesto democrática y representativamente. • Domesticar a la opinión del electorado bajo el pretexto de no volver a un pasado del cual han sido ellos los artífices y partícipes necesarios. • Imposibilitar la participación ciudadana en las cuestiones nacionales basada en el principio de que el sistema de representación es el único camino viable. • Negarse sistemáticamente al debate de ideas y obstruir cualquier especie de discusión política e ideológica. • Pedir ayuda y apoyos para intensificar las políticas que no han permitido que sean debatidas con la participación ciudadana. • Crear en la opinión pública un concepto de necesidad en el alineamiento irrestricto entre la función legislativa y la ejecutiva, como única forma de llevar adelante a las instituciones. • Mentir sobre las consecuencias de las políticas realizadas que han dejado al ser humano por fuera de cualquier contemplación sobre su desarrollo y bienestar.
Sabemos que votar es un derecho constitucional al que no se puede renunciar y sobre el cual nadie puede avanzar para conculcarlo o suprimirlo. Pero también sabemos que a cada ciudadano le asiste el derecho de no actuar contra sus propios intereses y no permitir que se le relegue a la simple condición de votante.
Los argentinos nos hemos equivocado en infinidad de oportunidades y circunstancias, hemos sido llevados de un lado a otro de los intereses personalistas de los políticos, nos han arrinconado bajo las promesas mendaces del capitalismo original y del salvaje, nos hemos hecho los desentendidos de haber llevado al poder a los políticos que no han rendido cuentas y tampoco se las hemos exigido.
En consecuencia, no votar por nadie, no votar a ninguno, es una manifestación de rechazo a la clase política, es no posibilitar con nuestro voto que las tendencias políticas se agudicen, es manifestar que no compartimos ni apoyamos estas prácticas disociadas del interés general del pueblo argentino.
No votar no es evitar o evadirnos de participar.
Es justamente participar para que todo cambie. No votar en estas circunstancias es tener un compromiso revolucionario y por el cual seguiremos luchando hasta que hagamos posible cada uno de los cambios necesarios.
20 de octubre del 2005