A dos meses del golpe en Bolivia la persecución se agudiza, el país andino amazónico vive una instauración conservadora apoyada por una buena parte de la sociedad civil que durante todo el gobierno de Evo Morales fue debidamente estimulada por las campañas de odio tan conocidas a lo largo de América y Europa. Repasemos algunos […]
A dos meses del golpe en Bolivia la persecución se agudiza, el país andino amazónico vive una instauración conservadora apoyada por una buena parte de la sociedad civil que durante todo el gobierno de Evo Morales fue debidamente estimulada por las campañas de odio tan conocidas a lo largo de América y Europa.
Repasemos algunos casos que evidencian tal afirmación y configuran un escenario de violación sistemática al Estado de Derecho.
El 23 de diciembre pasado la policía y la fiscalía interrogan a la ex jefa de gabinete de Evo Morales por su presunta participación en actos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Fue incluida en la causa por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo. La prueba es que recibió 7 llamados telefónicos de Evo Morales. Luego de algunas horas es liberada.
El mismo día en Entre Ríos Tarija, su sub-gobernador Walter Ferrufino inaugura un mercado y durante el acto se comunicó vía telefónica con Evo Morales. Murillo lo judicializa: «Ha cometido un delito, y ese delito lo va a tener que purgar en la justicia». Acusado por sedición y usurpación de funciones; la autoridad se presenta espontáneamente ante la justicia y declara «libertad de expresión no es sedición y saludar no es usurpar».
El 27 de diciembre la encargada de negocios de la embajada de España en La Paz visita la residencia de la embajada de México donde permanecen exiliados 9 ex funcionarios de Evo Morales -lógicamente, en función del contexto- lo hace acompañada de un grupo de élite de las fuerzas de seguridad de su país.
A la salida de la delegación un grupo de civiles exaltados golpea el vehículo diplomático en la creencia de que allí podría encontrarse el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. La policía local no interviene.
Horas después, la canciller boliviana Karen Longaric pide explicaciones al gobierno español sobre los hechos y ante una consulta periodística avala la reacción popular sobre el vehículo diplomático sin siquiera hacer un llamado al respeto por la inmunidad diplomática ni mucho menos un pedido de disculpas.
Días después el ministro Murillo visita a los vecinos para «saludarlos». Parece que el nuevo gobierno boliviano estuviera mucho más interesado en impulsar el accionar de estos grupos que en resguardar la integridad de la legación diplomática.
México denunció acoso a su delegación y llevó el caso a la CIJ; Bolivia expulsó a la embajadora azteca y a la encargada de negocios de España. Cuando la embajadora mexicana dejó la residencia con dirección al aeropuerto, su inmunidad diplomática fue violentada nuevamente por los grupos civiles que la obligaron a requisar su vehículo, otra vez sin intervención de la Policía. Todo esto no mereció ningún comentario desfavorable en la prensa ni en el gobierno.
Este caso desata una nueva cacería de brujas, pero esta vez de alcance transcontinental. El cow boy Murillo realiza una nueva puesta en escena acompañado de dos diputados del partido ultraderechista español VOX, en el que revela una nueva supertrama internacional de narco financiamiento entre las huestes de Evo Morales y las de Pablo Iglesias. Los euro fascistas lucen extasiados y Murillo ordena a la fiscalía boliviana citar a declarar al nuevo vicepresidente de España, junto a Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, el ex juez Baltazar Garzón y el ex jefe de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La diputada del MAS Sonia Brito caracteriza al cruzado boliviano de manera precisa: «Murillo dice un montón de mentiras que tendrá que probarlas. Él es juez, fiscal, testigo, el ya juzga y sanciona a las personas que odia, haciendo absoluto abuso de poder, eso se llama dictadura».
Horas antes ella misma ha sido acusada falsamente de cometer diversos delitos ante un periodista sin capacidad de repregunta. Por primera vez entiendo que el periodista no insista; repreguntar podría colocarlo en el peligroso lugar de la sedición.
En medio de todo este contexto los diputados de VOX visitan otros sets televisivos para alertar sobre estos terribles nexos entre Pablo Iglesias y el MAS. El congresista Hermann Tertsch afirma: «Los tenemos, tenemos a la gente que después forman Podemos, los tenemos también en otros países, los tenemos en Ecuador, pero sobre todo los tenemos en Venezuela. Los tenemos haciendo lo que es técnicas de represión, técnicas de desinformación, técnicas de guerra psicológica en la universidad, los tenemos haciendo todo tipo de prácticas de, de, de, de lo que es penetración comunista en general, y penetración y creación de cuadros comunistas precisamente para la represión…»
Antes de lanzar Podemos, el grupo de sus cuadros principales pertenecían a una especie de Think Tank de izquierda llamado CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales). Esta fundación asesoró los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por supuesto que no lo hicieron de manera gratuita.
ENTRANBASAGUAS
Todo este acompañamiento mediático que ofrece el paraguas necesario para consolidar esta sarta de atropellos tiene un capítulo a destacar encarnado por el enviado especial del medio ultraderechista español OKDIARIO, Alejandro Entrambasaguas, quien llega a Bolivia para «investigar» el financiamiento de Evo Morales al partido de Pablo Iglesias.
Como primera medida el comunicador se da a la tarea de hostigar a los agentes de seguridad españoles que abandonan Bolivia desde el aeropuerto de El Alto. Allí, el periodista se presenta en plan ciudadano indignado y monta su show; entre otras acusaciones cuestiona a los agentes que huyan a la una y media de la mañana del aeropuerto.
La escena es digna de ver https://www.youtube.com/watch?v=53sPI0Rx6E8
El aeropuerto internacional de El Alto tiene pocos vuelos internacionales y uno de los más utilizados para conectar con Europa es el que sale diariamente a las 2.30 am hacia Bogotá.
Empoderado tras la escena del aeropuerto, Entrambasaguas entrevista al ministro de Defensa Fernando López, quien fue el encargado de convencer a los militares de dar el golpe contra Evo y del encuentro nace el siguiente titular: «Pablo Iglesias representa el hilo conductor de la mafia terrorista sediciosa».
La próxima misión de Entrambasaguas será ir tras los pasos del ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero. El justiciero de la comunicación encuentra el edificio donde se «esconde» la ex autoridad y monta guardia, ahora parece más un agente de inteligencia al servicio de la dictadura boliviana que un profesional de la comunicación. Informa que Romero sale de su casa el 27 de diciembre, reporta que visita dos domicilios en la zona sur de la ciudad y que acude en reiteradas oportunidades la embajada argentina.
¿Aguanta la guardia tanto tiempo o recibe información de la policía boliviana capitaneada por Murillo?
Publica en su medio y es replicado por los bolivianos: «Acudía en taxi a la residencia de la Embajada de Argentina en La Paz de la calle Macario Pinilla, muy próxima al apartamento donde se esconde, allí pasaba varias horas reunido con altos cargos diplomáticos argentinos e incluso, en alguna ocasión llegó a dormir en las dependencias de la embajada.»
La cruzada de Entrambasaguas nos muestra su última acción el 8 de enero cuando aborda al ex ministro en un departamento de Sopocachi: «¿Cuánto dinero le ha pagado a Pablo Iglesias y a Podemos el gobierno de Evo Morales?», «¿Por qué le han adjudicado varios millones a una asesoría vinculada a Juan Carlos Monedero?», «¿En cuántas ocasiones se ha reunido usted con Pablo Iglesias?».
Horas más tarde Murillo vuelve a comparecer en TV para informar que Romero ha sido citado a declarar y grupos civiles cercan al ex Ministro en su vivienda, le cortan el agua e impiden la llegada de alimentos. 48 horas después Romero es retirado en camilla y trasladado a un hospital cercano, presenta deshidratación severa y un pico de presión provocado por una crisis de ansiedad depresiva muy fuerte.
El caso Molares Shoenfeld
El 11 de noviembre el militante y comunicador argentino Facundo Molares Schoenfeld es internado en el Hospital Municipal Alfonso Gumucio Reyes Santa Cruz de la Sierra en estado crítico. El origen de su dolencia es dudoso, unos dijeron que padeció una insuficiencia renal aguda y otros que tenía heridas por combatir con grupos contrarios a Evo Morales.
El ciudadano argentino había pertenecido a las FARC e informó que estaba haciendo una cobertura periodística. Es atendido en el hospital, detenido y trasladado a una prisión al Altiplano. Hace más de un mes no se sabe nada sobre su estado.
Durante la noche del sábado 4 de enero, las fuerzas represivas alcanzan a la doctora Mirtha Mery Sanjinez Alcócer, jefa del hospital municipal, quien había prestado auxilio al joven argentino. Detenida.
El 5 de enero Murillo amenaza al líder cocalero y posible candidato presidencial Andrónico Rodríguez vía twitter: «Andronico, cuidado, el radicalismo te aleja del votante, te acerca a narcoterroristas y pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro.»
El 6 de enero la razzia alcanza al doctor Carlos de la Rocha, quien coordinaba las acciones de la misión médica cubana desde el Ministerio de Salud. Detenido.
El 7 de enero, el Ministerio de Comunicación incauta equipos de la Radio Kausachum Coca que desde hace décadas es la voz de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
El 8 de enero una joven influencer de La Paz cruza la frontera hacia la Argentina huyendo de una persecución judicial y casi segura detención, anteriormente ha sido acosada sistemáticamente con amenazas de violación en sus redes sociales. Dos de sus colegas cercanos fueron detenidos la anterior semana.
Roxana Lizárraga
El mismo 8 de enero la Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga -quien se auto define como «guerrera de la democracia y la libertad de expresión»-, informa que la radio de los cocaleros no cumple con el objeto de informar y educar con la verdad. «Respetamos la libertad de expresión, pero pondremos límites si pretenden desinformar».
En septiembre de 2016 un tribunal de ética periodística muy poco afecto a Evo Morales le había obligado a Lízarraga a pedir disculpas a la entonces Ministra de Salud. Lízarraga había desinformado sobre una situación personal de la ex autoridad en el marco de una campaña sistemática de desprestigio contra el gobierno de Morales. Su programa siguió al aire.
Actualmente Lízarraga investiga la situación tributaria de todos los medios que mantuvieron una línea favorable al proceso de cambio liderado por Evo Morales. ATB, PAT, La Razón y Abya Yala.
El presidente del directorio de ATB permanece detenido y su director periodístico exiliado en Argentina.
Pocos días antes del golpe, Lizárraga visitó Miami donde fue invitada al programa del operador Jaime Bayly, quien al presentarla agradeció su presencia gracias «a los buenos oficios de mi amigo Carlos Sánchez Berzaín».
Sánchez Berzaín, conocido en Bolivia como «el zorro» o «el chulupi» (cucaracha en guaraní), es un estrecho colaborador de la CIA que ofició como ministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y es prófugo de la justicia local por la masacre de octubre de 2003. Desde entonces vive en Estados Unidos y es consultado por «prestigiosos» medios de comunicación donde acostumbra despotricar sin pausa contra el castro chavismo y el narco terrorista Evo Morales, a quien en su momento intentó asesinar.
Actualmente 592 ex funcionarxs del gobierno derrocado están siendo investigadxs por la justicia boliviana. Mis fuentes me informan que los fiscales compiten por ver quién pone a más gente tras las rejas.
El ministro Murillo ha declarado en reiteradas oportunidades que Evo Morales es un terrorista confeso por haber ordenado un bloqueo a los ingresos de la ciudad de Cochabamba. En las acciones represivas ordenadas por él mismo para desbloquear esas vías murieron al menos 5 bolivianos.
Durante la semana pasada fue Donald Trump el encargado de ponerle el marco adecuado a toda esta situación.
«La prestación de asistencia de Estados Unidos a Bolivia en el año fiscal 2020 es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos».
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