Finalmente el 8 de noviembre, tras cuatro horas de «discusión» y componendas entre sus miembros de todos los partidos -evidentemente al margen y con la absoluta ausencia de la población y de los trabajadores- el Pleno del Poder Legislativo aprobó el Proyecto de Reforma Laboral que envío el Ejecutivo Federal con 361 votos a favor […]
Finalmente el 8 de noviembre, tras cuatro horas de «discusión» y componendas entre sus miembros de todos los partidos -evidentemente al margen y con la absoluta ausencia de la población y de los trabajadores- el Pleno del Poder Legislativo aprobó el Proyecto de Reforma Laboral que envío el Ejecutivo Federal con 361 votos a favor y 129 en contra, y se instruyó al Senado para que enviara a publicación lo aprobado por ambas cámaras del Proyecto de Decreto en materia laboral.
De esta forma, con la aprobación de esta reforma de Calderón y su respaldo por el futuro gobierno del PRI de Peña Nieto, se enviaron las señales suficientes al capital nacional e internacional para delimitar las características de las políticas neoliberales que adoptará e impulsará el nuevo gobierno en los próximos seis años a partir del 1 de diciembre del presente año, y que surtirán efecto en materia de relaciones contractuales, procesos productivos, contratación individual y colectiva, empleos, calificación, salarios y subcontratación.
La flexibilización de las relaciones laborales, así como de la compra, uso y venta de la fuerza de trabajo, que implica dicha reforma, es sólo el telón de fondo para implementar, en el mediano y corto plazos, la privatización del sector energético, la reforma hacendaria que implicaría un aumento sustancial al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la llamada reforma financiera por supuesto a favor de los grandes intereses nacionales y extranjeros del capital financiero que opera en el país.
De esta manera cristalizó el compromiso histórico establecido entre el PRI y el PAN para garantizar la continuidad del patrón capitalista dependiente de acumulación de capital implementado en México hace ya treinta años, es decir, desde que asumió el poder del Estado el priísta Miguel de la Madrid Hurtado, quien reaccionó con la imposición de cientos de programas de ajuste económico y austeridad social acordados con el FMI y el BM frente a la crisis estructural y financiera de 1982 que prácticamente desarticuló y agotó la fase expansiva de la industrialización mexicana que se había desarrollado en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y marcado el llamado «milagro mexicano».
Desde entonces la historia del capitalismo mexicano ha sido la historia de la imposición de sendos programas de ajuste económico y de austeridad social para la gran mayoría de la población: recortes en los salarios, disminución en los niveles de vida y de bienestar social, reducciones a los subsidios a la educación pública (primaria, secundaria, licenciatura y posgrados) en el país; precarización monumental del mundo del trabajo, incremento de los niveles y grados de pobreza y de miseria extrema en que se debaten millones de personas para medio subsistir -al respecto en la prensa nacional se anuncia que durante el actual sexenio aumentó en más de 3 millones del número de pobres en el país-; incremento inusitado del endeudamiento global público y privado, interno y externo que absorbe grandes cantidades del producto interno bruto para amortizar los intereses y el pago del principal; privatización y extranjerización de las empresas públicas prácticamente en todas las ramas y sectores productivos y de servicios que antes competían a la esfera pública del Estado y un sinfín de medidas todas ellas encaminadas a incrementar los de por sí ya altos niveles de rentabilidad de que gozan el gran capital nacional y extranjero que opera en el país.
La reforma laboral tiende, así, a satisfacer las demandas patronales acumuladas durante treinta años de vigencia del neoliberalismo en México y constituye el corolario a partir del cual se deberán establecer las relaciones sociales y de explotación en México bajo los intereses del mercado, de las empresas y, de manera particular, del capital financiero en su forma de capital ficticio que es hegemónico en el conjunto del ciclo del capital de la economía capitalista global.
Sin embargo, desde el punto de vista del mundo del trabajo no se aprecia, hasta ahora, una respuesta que esté a la altura de estas imposiciones. Por el contario, el movimiento obrero y sindical se encuentra fracturado y fragmentado por la base, lo que, obviamente, opera a favor del capital y, en ausencia de una robusta oposición, de la imposición de las llamadas reformas estructurales.
El corporativismo, la adhesión ideológica a través de la cooptación, la represión selectiva o abierta, la falta de unidad entre los trabajadores y de sus organizaciones de lucha han constituido factores para que la precariedad laboral se extienda en el tejido social y las múltiples, así como las distintas formas de superexplotación de la fuerza de trabajo -tales como el aumento de la jornada laboral (plusvalor absoluto), de la productividad (plusvalor relativo), la intensificación del uso de la fuerza de trabajo con cargo en su mayor desgaste y, finalmente, la remuneración de la fuerza de trabajo por debajo de su valor- y la flexibilidad prosperen en un ambiente socioeconómico y político de crisis estructural que hasta ahora ha actuado como un acicate para frenar sus efectos perniciosos tanto para garantizar la reproducción del capital (su tasa de ganancia) como para la supervivencia del trabajo en sus múltiples determinaciones: empleo, salario, calificación, condiciones de despliegue de sus actividades, subcontratación, desempleo, superfluidad y, finalmente, lo que caracteriza en la actualidad la realidad del mundo del trabajo: desechabilidad.
Por todo ello resulta vital recomponer el movimiento obrero y sindical, destruir todos los mecanismos de dominación como el corporativismo político y el neocorporativismo, así como los caudillismos mesiánicos que todo prometen pero nada cumplen, pero sí lo atan a los designios de las dirigencias entreguistas al gobierno y al capital.
Propiciar la unidad por la base a partir de la discusión, los acuerdos tácticos y de principio y la elaboración de estrategias comunes de lucha son otras tantas tareas que se tendrán que emprender para que el mundo del trabajo, convertido en movimiento social y clasista, esté en mejores condiciones de luchar contra las imposiciones patronales, presentes y futuras, entre las que figuran la laboral y las estructurales (hacendaria, fiscal y energética) que están en las agendas del futuro gobierno priísta que asumirá el poder a partir del próximo 01 de diciembre y por los siguientes seis años con pretensiones de repetir la «hazaña» de permanecer en el mismo por décadas.
¡Los trabajadores tienen la iniciativa y la palabra!
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