Un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) afirmó que un 38 por ciento de los asalariados del país tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Además, un 5 por ciento está por debajo de la línea de indigencia. Ante esto, los gremios afirman que los acuerdos salariales quedan atrasados “a los dos o tres meses”.
Desde octubre del año pasado, el aumento de la inflación disparó el IPC en todo el país, en especial en alimentos, lo que impacta de forma directa en la cantidad de personas que están afectados por la pobreza. Es que el crecimiento de precios es el “impuesto de los pobres”, como suelen analizar los economistas, e impacta de forma directa en los sectores con ingresos más bajos.
Pero la tendencia alcista se mantiene al punto que comenzó a afectar a otros sectores, incluyendo a los asalariados, y lo que hace que hoy cada vez más trabajadores son pobres. Este fenómeno, que afecta a informales y cuentapropistas, también alcanza a empleados bajo convenio, lo que genera alarma entre los gremios.
En este punto, un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) alerta que con los datos actuales, uno de cada tres asalariados argentinos están en esa condición de precariedad. Los números marcan que las mujeres son las más afectadas por este fenómeno, que además tiene en algunos sectores una incidencia mayor, como los estatales municipales, que vienen bregando para que los salarios en las comunas no puedan ser inferiores del mínimo, vital y móvil.
En el Gobierno confían que el ritmo inflacionario se frenará, pero las paritarias, herramienta para proteger los sueldos, siguen cerrando acuerdos por debajo de la expectativa del crecimiento de precios.
El informe del IPyPP, que lidera el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, analizó el impacto de la actual situación económica en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Según los datos del trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, “el 38 por ciento de los trabajadores percibe salarios por debajo de la canasta familiar”, es decir, uno de cada tres empleados, mientras que “el 44,7 por ciento se encuentra precarizado”. Además, “si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente, surge que el 32,4 por ciento de los asalariados están por debajo de la línea de la pobreza y el 5 por ciento en la indigencia”.
“Uno de los datos más alarmantes que arroja el estudio es el hecho de que uno de cada tres trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, vital y móvil (23.544 pesos”, agregó el informe. “Esto es una radiografía de la crisis en el mercado laboral y hace imprescindible la necesidad de garantizar un Ingreso Básico Universal”, destacó el instituto, que viene trabajando en este “salario universal”, una propuesta que apoyan diversos sectores gremiales y sociales, como la CTA Autónoma.
El detalle, por ramas y género
En el detalle, el informe dirigido por Lozano bajo la coordinación de Ana Rameri, indicó que al cuarto trimestre del 2020, “hay cuatro ramas de actividad que concentran la mitad de las ocupaciones: comercio (17 por ciento), industria manufacturera (13,2 por ciento), servicios financieros, de alquiler y empresariales (11,1 por ciento) y construcción (10,1 por ciento).
La actividad mercantil es la que más empleados bajo convenio tiene en el país, y no escapa a la realidad de tener muchos empleados bajo la línea de pobreza. “En el sector tenemos este problema, en especial entre los empleados que realizan tareas ‘part time’ o de medio tiempo”, explicó Mario Amado, líder de la agrupación La Voz de Comercio, que viene alertando sobre este tema.
En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente recalcó que “cuando se negocian las paritarias los sueldos quedan por encima de la línea de pobreza, pero en este contexto de inflación y deterioro salarial a los dos, tres meses te supera, volvés a quedar abajo”. “Esto afecta a los trabajadores de jornada completa también, porque a los ‘part time’ siempre los tenés bajo esos niveles”, dijo Amado.
Además, el informe del IPyPP alertó que existe un fuerte componente de género en este fenómeno, ya que “mientras el 26,7 por ciento de los varones gana menos que el mínimo, el porcentaje asciende al 43 por ciento en el caso de las mujeres”.
En parte, analizó el estudio, esto responde a que las trabajadoras “son también las más afectadas por la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de conciliación entre el trabajo productivo y reproductivo”. Sin embargo, “los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial.
De hecho, aun ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, resulta que una cuarta parte de las/os trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora”. “Este porcentaje asciende a casi el 40 por ciento para las/os cuentapropistas y para la población asalariada informal”, recalcó el informe.
Además, se subrayó que el nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina “se manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 15,8 por ciento no logra siquiera”.
Salario Mínimo
Para el trabajo de Lozano, en este contexto “obtener un empleo no garantiza acceder al salario mínimo, vital y móvil”. Esto es algo que vienen alertando varios sectores, en especial los municipales de todo el país. Con salarios deteriorados, son un sector que históricamente denuncia la presencia de “trabajadores pobres”.
En este sentido, desde la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM) vienen trabajando en un proyecto de ley para que ningún empleado comunal cobre por debajo del ingreso mínimo. La propuesta está en el Congreso, presentado por el diputado nacional Walter Correa, y además fue llevado a la discusión en la última reunión del Consejo del Salario. En este sentido, la dirigencia sindical viene pidiendo este paso desde el año 2000, pero hasta ahora no lograron el consenso para aprobar la iniciativa.
“Hoy hay provincias donde se cobran salarios conformados más bajos, como en el NEA, donde no hay un valor de referencia y el poder político paga lo que quiere. La nueva ley haría que nadie cobre por debajo del salario mínimo”, le dijo a Gestión Sindical el titular de la Federación de Trabajadores Municipales, Rubén “Cholo” García, a mediados de abril en la previa de la reunión del Consejo del salario.
En ese encuentro, los municipales no lograron avanzar sobre su pedido, pero pudieron plantear sus necesidades. Como ejemplo, contó García, “en Jujuy un municipal cobra un sueldo de 15 mil pesos, cuando el mínimo, sin la actualización de abril, está en 21.600 pesos”.
En coincidencia con esto, el informe del Instituto que lidera Claudio Lozano reafirmó en este contexto “resulta aún más grave si tenemos en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido ese valor (el salario mínimo) de referencia en los últimos años”. “
“Lo expuesto sumado al mayor crecimiento de la indigencia (el hambre) en el marco del empobrecimiento general de la población, ratifica la imprescindible necesidad de garantizar un Ingreso Básico Universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo que fije un piso alimentario para toda la sociedad argentina”, concluyó el trabajo.
Fuente: https://gestionsindical.com/precarizacion-laboral-uno-de-cada-tres-trabajadores-pobre/