Cinco prefectos de la oposición de derecha exigieron hoy al presidente Evo Morales convocar a un referendo nacional para definir la sede de la capital de Bolivia entre La Paz y Sucre, y amenazaron con una huelga de hambre al insistir en que el gobierno central les restituya fondos públicos regionales deducidos de las exportaciones […]
Cinco prefectos de la oposición de derecha exigieron hoy al presidente Evo Morales convocar a un referendo nacional para definir la sede de la capital de Bolivia entre La Paz y Sucre, y amenazaron con una huelga de hambre al insistir en que el gobierno central les restituya fondos públicos regionales deducidos de las exportaciones de gas y petróleo.
Los prefectos rebeldes de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío; de Beni, Ernesto Suárez; y Pando, Leopoldo Fernández, reunidos en la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca, resolvieron así apoyar a la prefecta de esa región, la indígena disidente del oficialismo Savina Cuéllar.
Fijaron para el próximo 11 de agosto la fecha para comenzar una recolección de firmas y llamar a referendo popular, si para entonces el presidente no ha convocado a consulta para definir la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cedidos por Sucre a La Paz hace más de un siglo, tras una guerra civil por la sede de gobierno y que dejó a la capital de Chuquisaca sólo con el Poder Judicial.
Los gobernantes de la llamada Media Luna -los distritos petroleros de Santa Cruz y Tarija, y los amazónicos Beni y Pando- ratificaron sin embargo su decisión de someterse a la consulta revocatoria de mandato, que se efectuará el 10 de agosto y en la que participarán también el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
De esta manera, sólo el prefecto de Cochabamba, el ex militar Manfred Reyes Villa, sigue oponiéndose al proceso revocatorio. Los prefectos oficialistas de Oruro y Potosí y el opositor de La Paz anunciaron previamente que se someterán al referendo, y sólo la autoridad de Chuquisaca no está incluida en el proceso debido a su reciente elección en el cargo.
Los cinco prefectos reunidos en Sucre, más el de Cochabamba, intentaron en vano en las dos últimas semanas modificar las reglas del referendo revocatorio por considerarlas «favorables» a Morales, al que inicialmente se oponían tras haber sido sancionada la medida en el Congreso.
En cuanto a la amenaza de una huelga de hambre para el 4 de agosto, establecieron que la harán si para el primero de ese mes no se les han restituido los recursos de un impuesto regional a la venta y exportación de gas y petróleo.
Una medida que tomarían a seis días del referendo revocatorio de autoridades, que para analistas políticos sería la última acción de presión de la oposición frente a la consulta popular.
Las cinco regiones se quejan de que el Poder Ejecutivo recorta a los nueve departamentos el equivalente a unos 166 millones de dólares para la renta anual de 315 dólares a todos los ancianos mayores de 60 años, y afirman que ese bono les perjudica en la ejecución de obras de desarrollo.
Lo anterior, pese a que la renta petrolera aumentó sustancialmente con la nacionalización de hidrocarburos por el gobierno.
En ese contexto, el presidente Morales lleva a cabo una gira por Oruro en campaña por el referendo revocatorio en puerta, quien busca expandir su política de obras sociales y de infraestructura.
Llamó a la consulta para que sea en las urnas donde se defina su proyecto político nacionalista y popular, frente al de la derecha de corte neoliberal. Aseveró que no se trata de una unidad de los neoliberales «contra Evo», sino «contra el pueblo boliviano».