El presidente Evo Morales propuso reunirse con los nueve prefectos de Bolivia para dialogar sobre la aplicación de la nueva Constitución, pero cuatro de ellos, de línea opositora, se resisten e inclusive algunos de ellos plantean la desobediencia civil. El ministro de Autonomía, Carlos Romero -cargo de reciente creación tras entrar el sábado en vigencia […]
El presidente Evo Morales propuso reunirse con los nueve prefectos de Bolivia para dialogar sobre la aplicación de la nueva Constitución, pero cuatro de ellos, de línea opositora, se resisten e inclusive algunos de ellos plantean la desobediencia civil.
El ministro de Autonomía, Carlos Romero -cargo de reciente creación tras entrar el sábado en vigencia la nueva Constitución- informó que Morales convocará a los prefectos (gobernadores), posiblemente esta semana, a una reunión de coordinación sobre la flamante norma.
«Esta reunión será lo antes posible, seguramente será en esta semana», afirmó el ministro, uno de los principales promotores de la nueva Constitución.
El criterio del gobierno es tratar de concertar la aplicación de las leyes interpretativas de la Constitución, que deberán aprobarse en el Parlamento, donde la oposición controla el Senado mientras el oficialismo controla la cámara baja.
Morales ya envió el lunes al Congreso una ley de la nueva Constitución –aprobada en un referendo hace dos semanas con 61% de los votos– para llamar a elecciones generales en diciembre.
Sin embargo, la Constitución, de cuño indígena y estatista, aún choca con las objeciones de los prefectos de cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, que consideran que la ausencia de un pacto nacional es el gran impedimento para su aplicación.
La prefecta de Chuquisaca, la quechua Savina Cuéllar, llamó a un comité cívico-político de su departamento a definir una estrategia de resistencia a la nueva Constitución.
«Estamos engañados todo el pueblo boliviano, eso tenemos que tener en claro, para lo único que sirve ese proyecto constitucional es para la reelección del presidente», aseguró Cuéllar, en referencia al artículo que permite a Morales postularse en diciembre por un segundo mandato de cinco años.
El 25 de enero, tras el referendo, Cuéllar propuso el «desacato» a la nueva Constitución, apoyada a nivel nacional y en su región, Chuquisaca, aunque rechazada en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
La inmediatez para la aplicación de la nueva Constitución, que para el gobierno de Morales es vital para consolidar su política oficial, aún genera dudas, según analistas locales.
Para el politólogo, Carlos Cordero, «su aplicación va a ser muy difícil y costosa; existen problemas más urgentes que resolver», y además este año, por ser un año electoral, va a tener una agenda muy política.
Además de enviar al Parlamento una ley de convocatoria a elecciones generales, el gobierno comenzó a aplicar paulatinamente la nueva Constitución. Una de las medidas fue ordenar a todo el aparato público -nacional y regional- izar la whipala, la multicolor y ajedrezada bandera de los quechuas y aymaras bolivianos.
La medida es resistida por el departamento de Santa Cruz, motor de la economía boliviana y bastión de la derecha, que anunció que no la acatará.
Los cuatro prefectos rebeldes tampoco expresaron su disposición de acudir a un diálogo con el gobierno, pues -argumentan- estos escenarios de concertación fueron infructuosos el año pasado.
«No queremos un diálogo donde el presidente no escucha, nosotros queremos ir por nuestra autonomía que fue apoyada por el voto del pueblo», afirmó el secretario General de la Prefectura de Santa Cruz, Rolando Aguilera.
La discrepancia fundamental es que Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni aprobaron en referendos separados –no reconocidos por el gobierno– dotarse de estatutos autonómicos.
En cambio el gobierno propone autonomías departamentales, pero igualmente municipales e indígenas, lo cual es considerado por los opositores como un sistema que en la práctica sólo busca restarle fuerza a las autoridades regionales.