Los prefectos bolivianos opositores, conocidos como de la «media luna», condicionaron este miércoles su presencia en el diálogo conciliador que mantienen desde hace tres semanas con el gobierno del presidente Evo Morales. Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca se retiran de las conversaciones hasta que el Ejecutivo se pronuncie sobre la detención […]
Los prefectos bolivianos opositores, conocidos como de la «media luna», condicionaron este miércoles su presencia en el diálogo conciliador que mantienen desde hace tres semanas con el gobierno del presidente Evo Morales.
Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca se retiran de las conversaciones hasta que el Ejecutivo se pronuncie sobre la detención del líder cívico cruceñista José Vaca, dijo el prefecto de Tarija, Mario Cossío, en nombre del bloque opositor.
«Hemos tomado la decisión de suspender temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo, hasta que el gobierno nacional reconduzca su actuación en este caso», afirmó Cossío, quien aclaró que «no rompemos el diálogo».
Además pidió a los veedores internacionales de Unasur, OEA, ONU y la Unión Europea, que acompañan el proceso, una reunión para «expresar nuestra preocupación y ayuden a salvar el diálogo nacional».
El gobierno apresó al cruceño Vaca bajo acusaciones de estar implicado en la toma violenta de entidades públicas, además de plantas petroleras y gasíferas en esa sureña región.
De acuerdo con Cossío, esa aprehensión viola uno de los puntos del acuerdo firmado con las principales autoridades políticas de la nación, por lo que solicitó al presidente Evo Morales manifestarse al respecto.
El prefecto pidió a Morales que responda si se cumplirá un preacuerdo entre el gobierno y las prefecturas, sobre el respeto a las garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos, como requisitos para las negociaciones.
Detención fue legal
Por su parte, el ministro del Interior de Bolivia, Alfredo Rada, justificó poco antes la detención del activista cívico José Vaca, sindicado por la fiscalía de cortar el bombeo de gas a Brasil.
Rada señaló que el referido arresto se enmarca dentro de la ley, pues poseen pruebas de la participación de en atentados terroristas contra gasoductos.
Además, Rada aclaró que el apresamiento se realizó de la forma correcta, y no se trató de un secuestro como aseguran algunos medios nacionales de prensa.
«Toda acción terrorista tiene consecuencias legales y en este caso eso es lo que se está viendo. La Policía no hizo nada más que cumplir con las órdenes impartidas con el Ministerio Público».
Debido a este conflicto las mesas técnicas que analizaban los ejes del conflicto político no contarán temporalmente con los representantes de las cuatro regiones mencionadas.
«Nuestros actos están en base a la normativa y en ese marco se van a establecer estos hechos», apuntó.
Esas comisiones buscan mecanismos para compatibilizar la nueva Constitución con las aspiraciones autonómicas, y la reinstauración a las prefecturas del Impuesto Directo de Hidrocarburos.
Sin embargo, la inesperada situación podría poner en peligro la continuidad de la negociación entre el gobierno y ocho de los nueve prefectos de Bolivia, previstas para reiniciarse este domingo con la aspiración de lograr un pacto nacional.