Son muchas las preocupaciones y altercados que se tejen sobre la asamblea constituyente. Desde el debate especializado hasta la pragmática opinión pública, desde las apreciaciones del más letrado hasta el menos, desde los intereses del más próspero y emprendedor empresario fabricante de ilusiones y mercancías hasta la del más simple consumidor y receptor; nadie deja […]
Son muchas las preocupaciones y altercados que se tejen sobre la asamblea constituyente. Desde el debate especializado hasta la pragmática opinión pública, desde las apreciaciones del más letrado hasta el menos, desde los intereses del más próspero y emprendedor empresario fabricante de ilusiones y mercancías hasta la del más simple consumidor y receptor; nadie deja de opinar y afirmar temerariamente que la Asamblea Constituyente (AC) va camino al fracaso, ya ha fracasado o simplemente especulan sobre su cierre temporal o definitivo.
Si a estas opiniones y afirmaciones se incorporan proyecciones a corto plazo, tomando en cuenta comportamientos sociales, impactos mediáticos e intereses económicos, políticos y sociales de los sectores que van incidiendo de manera gravitante en las distintas etapas del proceso constituyente, es probable que el camino hacia los acuerdos y los consensos sean valorados de manera más significativa en contraposición a las opiniones apresuradas, apasionadas y sin significancia hacia el consenso.
La Asamblea va camino al fracaso: Esta es una postura política, con valoración sectorial y extremadamente coyuntural. Los indicadores que empujan afirmar el fracaso de la AC, por ahora están relacionados a la demanda de la «Capitalidad plena para Sucre» y «La sede no se mueve de La Paz».
Aparentemente la salida concertada desde las representaciones de los departamentos de Chuquisaca y La Paz se viene alargando. Si ambos departamentos se cierran y no toman en cuenta los esfuerzos del Consejo Político Suprapartidario y otras instancias, lo más probable es que terminen atrincherándose en la radicalidad de sus demandas abriendo viejas heridas y frentes de lucha en los otros siete departamentos. En pocas palabras un problema regional puede convertirse en un problema nacional sin proyecciones de solución inmediata.
Una solución inmediata parte de un análisis de la correlación de fuerzas y una valoración política de los intereses regionales y nacionales. En primer lugar la correlación de fuerza que difícilmente puede ser revertida, tiene que ver con la ausencia de un preámbulo reivindicativo en un espacio de impacto en el tema de la capitalidad plena. La demanda no fue trabajada con anterioridad por el departamento de Sucre; esta omisión hace que la demanda no tenga el apoyo generalizado en el cónclave constituyente.
Es decir que la demanda de la capitalidad plena hasta antes de la instalación de la Asamblea Constituyente era historia escrita y recordada por pocos representantes sucrenses y en eventos sin trascendencia. Técnicamente hablando, jamás se trazó una línea de trabajo dentro la estrategia regional en una etapa pre-constituyente para vincularla a la Asamblea Constituyente.
Es distinta la demanda construida sobre la autonomía departamental en Santa Cruz y la autonomía indígena, que por peso propio vislumbran y se encarnan en las regiones y en estructuras sociales, pero que al mismo tiempo se consolidan en un entronque de demandas y luchas históricas concretas, desarrolladas a partir de la etapa pre-constituyente, o de la etapa republicana o pre-colombina.
En si, es posible pensar que las demandas de autonomías departamentales e indígenas contienen los objetos reales e imaginarios en concordancia a los sujetos constituidos como elementos trascendentales y viabilizadores de la construcción de entidades autónomas en toda época o proceso constituyente. Las demandas autonómicas son viables, fundamentalmente porque contienen los elementos mencionados y que son, en última instancia, un «Derecho de piso» para exigir el debido consenso dentro un acuerdo nacional.
«La capitalidad plena para Sucre» remueve piedras de un proceso tapiado después de una guerra y que durante el último siglo y el presente del periodo republicano no fue agenda de proceso de movilización importante. La demanda de capitalidad no es parte de cambios adjuntados a procesos revolucionarios, de transformaciones críticas y de eficiencia o eficacia administrativa estatal. Llevarla a los extremos de prioridad constitucional es afianzar una amenaza real para seguir confundiendo el procesos Constituyente y coartarle seguir adelante; proyectándolo a empezar ciclos de enfrentamientos entre los bolivianos. Esta demanda es difícil que sea considerada como potencializadora de la democracia u otra categoría sociopolítica de esa naturaleza. Es una demanda que por sus componentes negativos obscurece y confunde el proceso constituyente.
Una proyección política intransigente diseñada a partir de las amenazas de no dejar sesionar a la AC y condicionar su funcionamiento es tan irracional como la guerra misma, y ridícula es la idea misma por su semejanza a la de los suicidios inducidos a colectivos de creyentes manipulados por líderes espirituales de las sectas religiosas. Es aterrador creer que en Bolivia se haya perdido la capacidad de pensar y construir relaciones de encuentro. Es irónico que la Asamblea Constituyente tenga que seguir con tantos altercados por la tozudez de «líderes» y el apasionamiento de activistas callejeros que minimizan o pretenden dejar a un lado toda la agenda marcada por las marchas y movilizaciones indígenas.
Pasando a la afirmación de que la Asamblea Constituyente ya ha fracasado se debe poner en claro algunos elementos de análisis con principios y metodología.
Para empezar cuando un proceso histórico ha generado y enraizado instancias jurídicas de concertación y pacto social, no se las puede adscribir en la antonimias del triunfo o del fracaso. Son sencillamente procesos que deben cumplirse y cíclicamente cualificarse para dar cabida a otros nuevos procesos, cualitativamente superiores.
La deliberación en el cónclave constituyente es una etapa de concertación para acomodar, reajustas y ordenar, el conjunto de las transformaciones económicas, políticas, sociales y hasta religiosas generadas y desarrolladas en el periodo republicano, periodo donde las civilizaciones existentes en territorio nacional vienen conformándose con visiones de naciones, pueblos o territorialidades en igualdad de condiciones y oportunidades, para normarse a través un nuevo contrato o pacto social en vías de un mejor futuro y un Estado por el bienestar social.
Objetivamente, el cónclave constituyente continúa; de hecho sabemos que la próxima semana se pueden reiniciar las plenarias, pero a diferencia de las plenarias realizadas antes del receso, ahora lo harán con previa deliberación y con acuerdos temáticos establecidos en el consejo político suprapartidiario. Se entiende que los acuerdos no son vinculantes, pero son acuerdos entre las fuerzas políticas con represtación parlamentaria y acuerdos entre representantes de las bancadas asambleístas, y eso tiene su propio peso específico.
Ahora bien, el que existan desacuerdos, aun entre los asambleístas y algunos movimientos sociales e instituciones, con las conclusiones finales de este consejo, no es argumento para pensar en sepultar definitivamente al proceso constituyente y tampoco para predecir categóricamente y a ciencia cierta su tácito fracaso. Por ello es lícito afirmar que es interesada toda afirmación de que la Asamblea Constituyente ya ha fracasado.
Los que afirman que la Asamblea Constituyente ha fracasado; o desconocen el proceso o sencillamente se constituyen en portavoces del pesimismo muy peculiar de aquellos que viven contentos con lo que son y tienen, y se dan cuenta que lo que tienen y lo que son, es gracias a aquellos que les han quitado todo y a quienes no se les quiere reconocer lo que son. En otras palabras, hay quienes quieren difundir el slogan de que la Asamblea Constituyente ha fracasado para contraer el proceso de cambio que demanda la sociedad boliviana y convencer a que no se ensaye en muchos años una nueva «Aventura Constituyente»
Afirmar que la Asamblea Constituyente ha fracasado es infantilismo político o racismo encubierto. Solo de esas dos fuente puede emanar posturas que especulen con que la Asamblea ya no está vigente.
La Asamblea Constituyente en el campo de los recursos jurídicos incorporados a la actual CPE es una de las mejores opciones de encuentro, deliberación y acuerdos nacionales. Curiosamente no es una concesión liberal; es más bien el resultado de años de lucha de los pueblos y naciones indígenas en la construcción y transformación de formas superiores de organización política.
Por último toca dar respuestas a la preguntas de que si la asamblea constituyente debe cerrarse de manera temporal o definitiva.
Jurídicamente es posible que se pueda plantear el reemplazo de los actuales constituyentes por nuevos constituyentes. Pero plantear cerrar la Asamblea Constituyente definitivamente es desconocer las reformas que se han hecho en el año 2004 a la CPE,. Categóricamente la Asamblea constituyente no puede cerrarse definitivamente. No mientras la CPE de Bolivia siga siendo tal.
Cerrar definitivamente la asamblea constituyente, es como querer anular definitivamente el voto universal para elegir representantes camarales y presidenciales. Es quitarle al pueblo una de las bases deliberativas y de gobierno. El artículo 4to de la CPE de Bolivia dice «El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente….» Quien propone el cierre definitivo de la Asamblea Constituyente es quien implícitamente propone el cambio de un artículo de la actual CPE. ¿Pero? Claro que hay muchos «peros».
Bajo el tenor del artículo mencionado, la Asamblea Constituyente no puede cerrarse definitivamente, como no puede cerrarse el parlamento o cerrarse el poder judicial de manera definitiva. La historia de Bolivia no conoce un cierre definitivo de alguno de los poderes constituidos y tampoco de algunas instancias deliberativas o de gobierno. La historia nos muestra siempre incorporaciones de nuevas formas deliberativas y de gobernabilidad. Los políticos novatos y aprendices de analistas no se percatan de los niveles de trascendencia que adquiere la institucionalidad al ser constitucionalizada, por lo menos en los parámetros democráticos -liberales.
Tampoco cabe el cierre temporal, eso sería dictadura. Lamentablemente o para bien, en la actual Constitución Política del Estado de Bolivia, en ninguna parte se menciona los casos que ameritarían el cierre de la Asamblea Constituyente y tampoco se construyó una normativas de receso, de renovación parcial o total. Todo el arsenal ideológico político se dirigió a normar la elección de los constituyentes, darle un poco seguridad jurídica y asignarle la misión de redactar la nueva Constitución Política del Estado. Pero no fue mas lejos y tampoco fue más organizado. La reforma constitucional del 2004 y la ley de convocatoria de convocatoria a la Asamblea Constituyente, son incompletas, son insuficientes para interpretar los nuevos acontecimientos políticos y en ellos radica la actual fragilidad de la vida política nacional. Al priorizar coyunturalmente un hecho político sin sustento normativo sólido de todo un ciclo de funcionamiento es claro que todo evento político que de él salga será inestable.
A manera de hacer un recuento de poco mas de un año se observa que: a).- Las elecciones de los constituyentes se llevaron a cabo de manera aceptable. b).- La seguridad jurídica del cónclave está en tela de juicio junto con la independencia con respecto a los poderes constituidos, c).- La misión no la cumplieron en el tiempo establecido, a ellos se debe agregar que d) No les permitieron trabajar libremente y en base al mandato expresado en la Ley de Convocatoria; e).- La sociedad civil y las instituciones cívicas no les prestaron la ayuda que ellos necesitaron en unos casos, en otros demandaron mas de lo que podían comprenderse racionalmente y por último f) .- A los constituyentes los consideraron o trataron como personas no deseables en algunas regiones.
Sintetizando el contenido del presente escrito, es factible mencionar conclusiones relevantes y entendibles en la coyuntura:
Los obstáculos por los que está atravesando la Asamblea Constituyente, no son atribuibles a los constituyentes. Muchos de estos obstáculos ya estaban presentes antes de la instalación del cónclave y visible a los ojos de los líderes políticos que apresurados no se dieron tiempo para reflexionar y diseñar sus proyecciones favorables, y otros obstáculos simplemente se dieron en el proceso.
La sociedad civil aun no asume la responsabilidad histórica que tienen al frente y la necesidad de comprender que en todo proceso las cosas tienen un avance cuantitativo y salto cualitativo. Muchos procesos aun no han madurado, otros se están gestando y otros hay que iniciarlos, pero no todos van a tener los resultados deseados en un mismo tiempo y espacio.
La Asamblea Constituyente es un proceso sistémico que se vive por la existencia de un conjunto de procesos maduros e interrelacionados, y a punto de dar saltos cualitativos, pero también es un proceso que se va potenciando con la incorporación de procesos nuevos. Es inconcebible y antidialéctico pensar que los proceso en gestación tengan mas fuerza que los maduros y los listos a cambiar de calidad.
La Asamblea Constituyente es un proceso que necesita revitalizarse con lo nuevo y con la creación de nuevos ciclos políticos, económicos y sociales, por ello se debe pensar en una Carta Magna sostenible y de utilidad a nuevas generaciones.
Por último la Asamblea Constituyente, no ha fracasado, no va a fracasar y tampoco puede cerrarse. La asamblea constituyente está madurando, con viejos y nuevos procesos, unos que han concluido su ciclo y no quieren ser parte de otros ciclos negándose a si mismos, otros que van potenciándolos de manera continua y otros que apenas empiezan viabilizarse.
Ahora bien, el cónclave constituyente es apenas un parte de todo el proceso de constitución boliviana, pero al no tener una norma de renovación total o parcial de sus integrantes y no tener una norma de suspensión, cierre o clausura, debemos esforzarnos para que cumpla con su misión, esa misión es redactar la nueva Constitución Política del Estado. Ya luego tendremos tiempo para aceptarla o negarla. Eso está muy bien y de manera clara legislado en la Ley de Convocatoria.
Si en algún momento los involucrados en la incorporación de la Asamblea Constituyente en la CPE creyeron que el asunto era semejante a la incorporación del referéndum o consulta popular, pues se equivocaron totalmente, quienes creyeron que era suficiente con darle un tiempo de vida o vigencia, también se equivocaron. Se debe empezar a creer que la Asamblea Constituyente no es la de 1825 y no será nunca más una comisión o instancia desgajada del congreso nacional.
A la Asamblea Constituyente, apenas estamos conociéndola, por ello es prudente que la sociedad y sus instituciones se distensionen por poco menos de dos meses, y dejen que los constituyentes, con sus defectos y virtudes, con sus grandezas y mediocridades, con sus disensos y consensos establecidos, trabajen libremente, sin presiones y reconociendo que hay muchas cosas que faltan por hacer, hay que mostrar voluntad política y gastar menos energía en entorpecerla.
Se trata ahora de hacer lo que en su momento quisieron que se haga, ya habrá más tiempo para mejorar las cosas que ahora se quiere y no se puede.