El pasado 28 de octubre se encendían de nuevo las luces de alarma en Bolivia: las elecciones quedaban suspendidas. Los mismos que habían defendido la salida electoral como solución a las movilizaciones de mayo y junio, trataban por todos los medios de retrasar y deslegitimar los comicios y, de paso, desestabilizar todavía más al país. […]
El pasado 28 de octubre se encendían de nuevo las luces de alarma en Bolivia: las elecciones quedaban suspendidas. Los mismos que habían defendido la salida electoral como solución a las movilizaciones de mayo y junio, trataban por todos los medios de retrasar y deslegitimar los comicios y, de paso, desestabilizar todavía más al país. La crisis quedaba resuelta a través de un Decreto Supremo que suponía un nuevo parche en la desestructurada política boliviana.
La crisis comenzó a gestarse el 22 de septiembre cuando el Tribunal Constitucional y a petición de una serie de diputados de la derecha neoliberal, declaraba inconstitucional el artículo 88 del Código Electoral. Este fallo obligaba a redistribuir los escaños del Parlamento en función del nuevo Censo de Población realizado en 2001, según el cual el número de habitantes de los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba había crecido, en detrimento de los de La Paz, Oruro y Potosí.
Las negociaciones entre los representantes de las diferentes regiones no dieron resultado y tras más de diez propuestas, y como consecuencia de la intransigencia cruceña, el 28 de octubre, la Corte Nacional Electoral (copada, como el Tribunal Constitucional, por representantes de partidos de la derecha que perderán casi toda representación en los próximos comicios) declaraba que ya era imposible el cumplir con el calendario electoral y que, por tanto, las elecciones quedaban suspendidas. La derecha boliviana, actuando desde diferentes frentes, ponía de nuevo al país al borde del abismo. Los movimientos sociales, que habían transigido al aceptar unas elecciones que no veían en absoluto como solución a sus demandas, se enfrentaban a una nueva estrategia desestabilizadora de los poderes políticos del país.
Esta decisión, aparentemente ecuánime y ajustada a derecho, se descubre como parte de una estrategia sospechosa y metódicamente tramada cuando se tienen en cuenta otros hechos. Por un lado, tal y como señalaba Mauricio Ochoa en un artículo publicado en Bolpress el 31 de octubre, si bien es cierto que la distribución de los escaños debe establecerse de acuerdo al número de habitantes de cada departamento, la legislación electoral y la propia Constitución establecen que la aplicación de la ley de redistribución de los escaños debe esperar a la legislatura posterior a la que es aprobada. No debería, por tanto, afectar a las presentes elecciones, sino a las siguientes. Este dato, ha sido ocultado por la prensa boliviana, controlada por los poderes económicos del país. Y en segundo lugar, hace aproximadamente un mes, las autoridades competentes declaraban imposible por falta de tiempo, y a pesar del fallo de la Corte Superior de Justicia de La Paz, el poner en práctica las medidas necesarias para que el voto emigrante contara en las presentes elecciones.
El Tribunal Constitucional redundaba en esta posición hace solo unos días al no aceptar por defecto de forma el recurso de amparo presentado por los representantes de la comunidad emigrante boliviana. Así, en un país cuya población no alcanza los 9 millones de habitantes, un total de casi dos millones de bolivianos y bolivianas, no podrán ejercer su derecho a voto. Es decir, el retraso electoral no sólo se fundamenta en decisiones que sólo toman en cuenta la ley a medias, sino que está basado en una doble moral: sí se posponen las elecciones en base a intereses partidistas de la oligarquía cruceña, pero no para que casi dos millones de personas ejerzan su derecho al voto; un voto que, según los analistas, hubiera ido a parar masivamente a Evo Morales.
Tras la alarma social despertada por la decisión de la Corte de suspender las elecciones, el Presidente Eduardo Rodríguez establecía la noche del 1 de noviembre y a través de un Decreto Supremo la nueva distribución de los escaños otorgando a Santa Cruz tres en lugar de los cuatro que demandaba y convocando elecciones para el 18 de diciembre. Cochabamba ganaba un diputado, La Paz perdía dos, y Oruro y Potosí, uno.
A pesar de que el Decreto ha frenado la alarma social creada por la suspensión de los comicios, los afectados no han aceptado de buen grado la nueva distribución de los escaños. Santa Cruz insiste en que los cuatro que demanda son una cuestión puramente matemática y se niega a aceptar la decisión del Presidente, aunque afirma que no va a boicotear las elecciones. Las organizaciones sociales de La Paz y sobre todo de El Alto tampoco ven con buenos ojos una decisión que califican de triunfo de las clases pudientes del país. En el caso de El Alto se complica aún más la cuestión porque si bien es una ciudad que ha crecido en su número de habitantes, sus parlamentarios dependen del número de residentes de La Paz. Así pues, han llamado a las movilizaciones y cuentan ya con el apoyo de algunos sectores de Oruro.
¿Pero qué intereses se esconden tras las reivindicaciones por la redistribución de los escaños, cuando lo único que provocan es alarma e inestabilidad social y política?
Por un lado hay que tener en cuenta el estancamiento que el representante de la oligarquía cruceña, Samuel Doria Medina, ha sufrido en las encuestas. Ahora mismo, las elecciones son cosa de dos: Evo Morales y «Tuto» Quiroga. Así pues, y dada la ventaja que el líder del MAS lleva en los sondeos, el proceso democrático no parece que les vaya a dar la oportunidad de mantener unas estructuras económicas que les han enriquecido a costa del pueblo boliviano. La negativa a sus reivindicaciones daría al autonomismo oriental nuevos argumentos en busca del fortalecimiento del neoliberalismo en la zona, dejando en un segundo plano las demandas sociales y desestabilizando todavía más el país. Según muchos analistas, la derecha pretende retrasar cuanto pueda las elecciones para mantenerse el máximo tiempo posible en el poder. Pero, aunque esa no sea una afirmación descartable, el emprender unas medidas de presión tales tan sólo para conseguir retrasar unas semanas las elecciones, parece más una pataleta que una razón de peso. Quizá se tendrían que buscar otras razones.
Personalmente destacaría dos. La oligarquía neoliberal cruceña pretende, a través de una mayor representación parlamentaria, situarse en una posición de mayor poder en vistas a la Asamblea Constituyente. No hay que olvidar que será allí, y no en estas elecciones, en donde se va a dirimir verdaderamente el futuro de Bolivia.
La otra razón, aunque íntimamente unida a esta, es más preocupante. Los movimientos sociales, tanto aquellos que han decidido apoyar explícitamente al MAS, como los que critican su giro político a la derecha, están a la espera de lo que ocurra en las elecciones, pero sobre todo en la Asamblea Constituyente. Si Podemos y UN pactan por la presidencia aunque Evo Morales gane las elecciones, sin duda habría movilizaciones contundentes. Pero si llegara el líder cocalero al poder y sus medidas (como muchos pronostican) no fueran lo suficientemente populares y, sobre todo, si la derecha impidiera una verdadera refundación del país a través de la Constituyente, las organizaciones sociales también saldrían a las calles.
Así pues, se prevé un futuro convulso para el país. El clima de inestabilidad social y política sería el perfecto caldo de cultivo para tomar medidas de fuerza contra todas esas posibles movilizaciones. Tras los sucesos de octubre de 2003, se necesitan «razones de peso» para ordenar el uso de la violencia contra el pueblo boliviano, y el ambiente de desorden democrático que se está creando, bien podría constituirse en la excusa perfecta. Es más, si Evo Morales llevara a efecto medidas demasiado contrarias a los intereses de las trasnacionales, esa misma inestabilidad podría ser «razón» de una intervención militar foránea. Como recordaba el vicepresidente del MAS, Zacarías Flores, en su reciente gira por Suecia, y tal y como señala un informe de la agencia Startford Globe, existe un plan de intervención militar en Bolivia, que se llevará a efecto «dependiendo de que se logren las condiciones favorables para ello». 10.000 efectivos estadounidenses esperan en Paraguay, cerca de la frontera boliviana, a que se den unas condiciones que ya casi les lleva a entrar en acción entre mayo y junio de 2005.
En conclusión, sea cual sea la coyuntura política del país en los próximos meses, a los poderes políticos y económicos bolivianos y extranjeros (pero con enormes intereses en la zona) les interesa una inestabilidad social que en un momento dado, les sirva para justificar el uso de la violencia, un golpe de estado o, incluso, la intervención militar de los EEUU.