La jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá llamar a indagatoria al ex Presidente Mauricio Macri antes del próximo 9 de diciembre para evitar que prescriba una de las tres imputaciones relacionadas con el anómalo acuerdo dispuesto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2018.
Los imputados en la causa, además del ex Presidente, son el ex ministro Nicolás Dujovne y los tres ex titulares del Banco Central: Luis Andrés Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. A los cinco se les imputan tres delitos: (a) incumplimiento de los deberes de funcionario público, (b) malversación de caudales públicos, y (c) defraudación por administración indebida de los recursos públicos.
El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, dirigida por Carlos Zannini, fue aceptado como querellante en marzo de 2021, luego de que se formalizara la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Félix Crous. La documentación aportada ante la Justicia federal incluyó informes técnicos aportados por el Banco Central y una auditoría elaborada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que brindan fundamentos y evidencia de una acción delictiva monumental cuyos damnificados directos son el Estado nacional y la totalidad de la ciudadanía argentina.
Según fuentes judiciales próximas al tercer piso de Comodoro Py –donde se encuentra el despacho de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, María Eugenia Capuchetti–, los cinco imputados se verían beneficiados con la impunidad en relación con uno de los tres delitos dados los dos años transcurridos desde el fin de su mandato gubernamental, fechado el 9 de diciembre de 2021. Este escenario le garantizaría al ex Presidente volver a esquivar a la Justicia –como ha hecho durante las últimas tres décadas– debido al vencimiento de los plazos procesales con relación al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
De no existir el llamado a indagatoria, la jueza Capuchetti podría optar, como alternativa para evitar la prescripción, por la integración sumatoria de los tres delitos, tomando la fecha más tardía como vencimiento posible de la acción penal. Sin embargo, esta última opción le concedería a los variados estudios jurídicos que asesoran a la famiglia –con sus íntimos nexos tribunalicios dentro de Comodoro PRO– una ventana de oportunidad para defender la prescripción ante la Cámara Federal, que audita el trabajo de la jueza de instrucción. Dada la indudable capacidad de sortear a la Justicia que ha evidenciado Macri, la magistrada deberá estar atenta ante las maniobras dilatorias que pueden observarse, también en la actualidad, en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan.
El acuerdo con el FMI fue celebrado violando todos los procedimientos regulados al momento de suscitarse. No se respetaron las asignaciones de competencias estipuladas ni se acataron los pasos administrativos requeridos. La normativa exigía que todo endeudamiento externo de índole multilateral debía estar previsto en la ley de presupuesto (del año en curso) o, en su defecto, consignado en una norma específica, aprobada por el Congreso. Sin embargo, no se efectivizó ninguna de las dos opciones, dada la asunción del oficialismo macrista de que no hubiese contado con la complicidad de la entonces oposición legislativa, que no estaba dispuesta a avalar tamaña irresponsabilidad. Al no contar con votos suficientes en las Cámaras, el macrismo decidió quebrantar, de forma flagrante, la norma vigente.
Los artículos 4 y 75 de Constitución Nacional autorizan las operaciones de endeudamiento al Poder Ejecutivo bajo ciertas condiciones explícitas, ninguna de las cuales fue cumplida ni respetada en el caso del “Acuerdo de Derechos de Giro (Stand- By)” concretado en 2018. El entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fueron los encargados de firmar las “Cartas de Intención” con fechas del 12 y el 18 de junio de 2018, aunque ninguno de los dos contaba con la autorización para certificar dicho acuerdo.
Una situación similar se observó el 18 de octubre de 2018, cuando la extensión del convenio fue rubricada nuevamente por Dujovne y por Guido Sandleris. Sin embargo, al momento de celebrarse dichos compromisos de “Derechos de Giro”, sólo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, contaba con la potestad para rubricarlos.
Tocata y fuga
La normativa también consignaba que debían elaborarse dictámenes previos de índole técnico-financieros y jurídicos. Dichos informes, entre ellos el del Banco Central, debían justificar la necesidad, la oportunidad, la conveniencia y la legalidad del convenio con el organismo multilateral, al tiempo que debían preverse los formatos de reembolso de los créditos.
Lejos de respetar el marco institucional republicano, el primero de los expedientes domésticos elaborado para respaldar el acuerdo con el FMI fue confeccionado días después de haberse producido la firma con el Fondo: el 18 de junio se divulgó un documento de tres carillas, laudatorio de las políticas financieras y económicas impulsadas por el gobierno cambiemita, sin la más mínima referencia a cómo se iba a honrar la deuda de los años posteriores, que suponía erogaciones por 42.000 millones de dólares: 4.854 millones debían devolverse en 2021; 19.271 millones en 2022; y 19.523 millones en 2023. Un total de 43.600 millones, en concepto de restitución de capital más intereses.
El informe de la Sindicatura General de la Nación presentado ante la Justicia cuestionó la inexistencia de los informes técnicos previos –exigidos por la normativa– que debían evaluar de forma detallada, las proyecciones de los ingresos y/o ahorros de fondos capaces de garantizar la capacidad de reembolso del crédito. No se hicieron los informes porque en 2018, cuando se firmó el acuerdo, la Argentina tenía un saldo negativo de la balanza comercial cercano a los 3.000 millones de dólares y no podía pensarse que dos años después podrían cancelarse 20.000 millones de dólares. Sólo el financiamiento electoral de la campaña de Macri impulsado por el trumpismo –con el único interés de evitar el triunfo del Frente de Todos– explicaba un préstamo de esas características a un país que no poseía capacidad cierta de reembolso.
El 20 de junio de 2018 el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el stand-by por un monto de 15.000 millones de dólares. Dos días después, el titular de la Secretaria de Hacienda difundió un informe justificatorio sin especificar la viabilidad ni la posibilidad de repago del crédito. También de forma extemporánea, el 22 de junio, se dio a conocer un documento de la Secretaría de Hacienda en el que se examinaba la necesidad del acuerdo con el FMI, que se había concretado diez días antes. Ese mismo día se conoció un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Hacienda que avalaba los hechos consumados. Es síntesis: para emparchar los desaguisados normativos se rubricaron actos administrativos en forma retrospectiva, sin siquiera respetar los que la ley exigía.
Tres meses después, de forma consecuente con la violación de la normativa, Dujovne y el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, volvieron a suscribir una nueva Carta de Intención en la que solicitaron una ampliación de la asistencia, luego de haber permitido y alentado la fuga. Tampoco en esta oportunidad se respetaron los pasos requeridos por la ley: el informe técnico previo del área de finanzas, las evaluaciones jurídicas ni la firma del jefe de Gabinete. A fines de 2018 la deuda bruta implicaba un 86,4% del PBI, cuando tres años antes, en 2015, suponía un 52,6%.
El ingreso de los aportes del FMI posibilitó el remanido dispositivo utilizado por los sectores concentrados para enriquecerse a costa del resto de la sociedad. Habilitó de forma inmediata el desfalco programado de las divisas recibidas por el Banco Central, situación que infringió, incluso, los compromisos asumidos con el FMI.
Apenas una centena de personas jurídicas y físicas se apoderaron de casi la totalidad de los dólares ingresados, dejándole la deuda al resto de la sociedad. Durante 2018 un grupo minoritario de mil agentes embolsó 24.679 millones de dólares, a pesar de las evaluaciones críticas realizadas por los técnicos del FMI durante ese mismo periodo, en las que advertían la continua utilización de las divisas para la formación de activos externos, sinónimo de fuga de capitales.
rivilegiados versus endeudados
En el documento titulado “Memorándum de políticas Económicas y Financieras”, adjunto a la “Carta de Intención” del 12 de junio de 2018, Dujovne y Caputo se comprometían a “limitar la venta de reservas internacionales durante los periodos en que haya una clara disfunción del mercado”. Perjuraban, además, que se adoptarían “ventas de divisas muy limitadas” para enfrentar las presiones del mercado. No sólo fueron capaces de transgredir las normativas exigidas para la tramitación de todo endeudamiento externo. Tampoco tuvieron empacho en infringir los compromisos con sus socios geopolíticos, los prestamistas de última instancia.
En el mismo lapso que Dujovne aseguraba que no iba a ofrendar las divisas, autorizó al Banco Central a liquidar 100 millones diarios, a partir del 25 de junio, y entre 150 y 75 millones a partir del 10 de agosto de ese mismo año 2018. En los dos meses posteriores a la aprobación del acuerdo se esfumaron 3.275 millones, casi el 44% de los 7.500 millones que había transferido el FMI desde junio. El crédito cedido –según los propios informes del FMI– no fue utilizado para aquello que se solicitó. Fue destinado a beneficiar la rentabilidad del capital financiero especulativo mediante un circuito (rulo) asegurado por las ingentes tasas de interés ofrecidas por las Letras del Banco Central (LEBACs), reconvertibles de forma accesible en divisas.
En septiembre de 2018 los técnicos del FMI evaluaron el funcionamiento del programa iniciado en junio de ese año y confirmaron que el crédito se estaba fugando a través de las canaletas de la especulación financiera, gracias a la connivencia de las autoridades económicas, que se desprendían alegremente de las divisas concedidas para reforzar las reservas del Banco Central. En realidad, dado que la asistencia tenía un motivo político-electoral –más que de blindaje financiero– las autoridades del Fondo no dudaron en darle continuidad a los giros.
Luego de que los técnicos enviados a la Argentina comprobaran la prolongación de la fuga de divisas, se giraron otros 15.000 millones de dólares con el objetivo de reforzar las posibilidades electorales de los candidatos cambiemitas del Departamento de Estado. En 2020 el entonces representante de Washington ante el FMI, el republicano Mauricio Claver-Carone, admitió en una videoconferencia organizada por el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI) que aprobó el crédito de 2018 “por orden de Trump, para ayudar a Macri y evitar que el peronismo regresara a la Casa Rosada”.
El monto de los compromisos que adeudan hoy los argentinos fue hurtado durante 2018 y 2019 por el 0.01 % de la población, un número asociable a 5.000 familias. Esta operatoria, organizada y viabilizada por los funcionarios macristas, se inscribe en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, tal como se deduce de lo expuesto en el informe del Banco Central, titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2025-2029”.
En 1965 Raúl Scalabrini Ortiz publica Bases para la Reconstrucción Nacional. En uno de sus párrafos consigna lo siguiente: “Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Sólo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la Patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros”.
Jorge Elbaum. Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)