Siempre quedó claro para quien quiso verlo que el proceso electoral de 2012 estaba marcado antes que nada por una gigantesca operación para asegurar el regreso del PRI a la presidencia de la República a través de un personaje tan peculiar como Enrique Peña Nieto. Las bases para esa operación las constituían la polarización a […]
Siempre quedó claro para quien quiso verlo que el proceso electoral de 2012 estaba marcado antes que nada por una gigantesca operación para asegurar el regreso del PRI a la presidencia de la República a través de un personaje tan peculiar como Enrique Peña Nieto. Las bases para esa operación las constituían la polarización a la que llevó el proceso electoral de 2006 entre el PAN y las izquierdas; el prematuro e irreversible descrédito del partido en el gobierno, con su rápidamente evidenciado rostro de incapacidad, corrupción y violencia; la campaña de descrédito contra el seguro candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador; el control del PRI sobre la mayoría de los gobiernos estatales y la alianza con poderes fácticos como la principal empresa de televisión del país y diversos medios de comunicación. Peña Nieto, un político de mediana trayectoria que circunstancialmente llegó al gobierno del Estado de México, resultó ser la figura que permitiría coronar la operación por sus pocos antecedentes en la política y su adaptabilidad para el manejo mediático, así como su alta disponibilidad de recursos para sostener durante seis años una campaña en los grandes medios de comunicación.
Y la operación ha resultado, en la inmediatez, exitosa. El conteo preliminar de votos dio al candidato presidencial del PRI una ventaja aparentemente cómoda y suficiente para alejar el fantasma del 0.65 % y el haiga sido como haiga sido que dejó marcado para siempre al gobierno calderonista. Más de seis puntos de diferencia sobre el segundo lugar aparentemente disuadirían a las oposiciones de cuestionar o impugnar el triunfo del mediático candidato y serían suficientes para arrastrar una mayoría parlamentaria que le asegurase gobernabilidad.
Sin embargo, no bien se terminan de contar las boletas extraídas de las urnas, se manifiestan sobre el escenario los elementos concretos que han venido a desdorar la supuestamente inobjetable victoria. Nada que no se supiera y que había sido señalado por las izquierdas electorales, por algunos medios críticos y aun en algunos casos por el gobernante Partido Acción Nacional; pero que ahora queda documentado con diáfana claridad dando fe de cómo el PRI gana elecciones.
Las empresas encuestadoras como Mitofski, GEA-ISA y media docena más, que a lo largo de toda la campaña le sirvieron acreditando ventajas en intención de voto de hasta veinte puntos sobre Josefina Vázquez Mota o AMLO han quedado evidenciadas como meros instrumentos de propaganda e inducción sobre los votantes. La compra de votos, oprobiosa práctica que potencialmente dispone de un mercado de más de 60 millones de pobres, y a la que recurren también, en la medida de sus posibilidades, el PAN y el PRD, quedó desnudada desde el día siguiente de la elección, cuando miles de tenedores de monederos electrónicos abarrotaron las tiendas Soriana para hacer comprar mercancías por los 700 o 1000 pesos que cada uno de ellos había recibido del PRI o del gobierno del Estado de México a cambio de mostrar fotografías tomadas con aparatos celulares de su boleta cruzadas en las casillas. Otros muchos han tomado avenidas o se manifiestan frente a las sedes del PRI y del sindicato petrolero exigiendo el pago incumplido de sus sufragios o de sus servicios de trampeo durante la jornada electoral.
El evidente derroche de recursos por parte del PRI, varias veces superior al monto señalado como tope para las campañas y cuyos orígenes no están esclarecidos, adquiere concreción en cifras y porcentajes de votación. Sergio Aguayo, cabeza de la organización de observación electoral Alianza Cívica, afirma que, con una muestra levantada en 21 Estados, la compra o coacción del voto alcanzó en alguna forma al 28.4 de los electores.
El propio IFE ha reconocido, al momento de escribirse este artículo, que al menos el 54 por ciento de los paquetes electorales requieren ser abiertos y recontados por inconsistencias numéricas entre las actas y el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), por ser aquéllas ilegibles u otras causas diversas. Y pese a que en su mensaje del domingo por la noche el presidente del IFE Leonardo Valdés advertía que se trataba, en efecto, de cifras preliminares, fue con base en estas cifras que se ha proclamado el triunfo de Enrique Peña Nieto y ha comenzado a recibir no sólo el reconocimiento de Felipe Calderón sino felicitaciones de los mandatarios de diversas naciones.
Faltan varias etapas por agotar. López Obrador ha anunciado su impugación a la elección y la exigencia de que se abra en los órganos distritales la totalidad de los paquetes para recontar los votos. Debe hacerse, por principio de certidumbre, en todos los casos que lo ameriten por inconsistencias, así parezcan mínimas, y con independencia de a quién beneficie o afecte el nuevo cómputo; y seguramente los recursos proseguirán hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El rasgo notable de la coyuntura poselectoral es, empero, otro. Peña Nieto es en la historia nacional el candidato que más oposición activa ciudadana ha enfrentado, desde la campaña misma. La irrupción del movimiento Yo Soy 132 a la mitad de las campañas planteó un escenario imprevisible al inicio de éstas. Hoy son los jóvenes universitarios los que están en la calle movilizándose por sí para vigilar los cómputos en las juntas distritales, tomando fotografías de las sábanas electorales para cotejarlas con el PREP, manifestándose en las plazas contra lo que perciben como una imposición. Muestran que, contrariamente a la acusación que se les hacía, no dependen de las directrices de López Obrador, que mantiene a la espera al Morena en tanto transcurre el proceso por los cauces jurisdiccionales.
Vendrá el momento de la crítica y la autocrítica a los actores de la izquierda lopezobradorista; por ahora, los jóvenes universitarios han salido a rechazar un proceso viciado desde el principio por la parcialidad absoluta de las televisoras y de los encuestadores, por el mercadeo impúdico del sufragio, por la falsedad de un candidato que tempranamente evidenció sus limitaciones. No es claro si los partidos del Movimiento Progresista tendrán capacidad para demostrar en los órganos las múltiples violaciones al sufragio que se aducen; pero el movimiento juvenil se ha reactualizado y estará hasta el final del proceso, que ahora, como en 2006, se avizora muy difícil, incluso para los vencedores. Las calles y plazas llenas no resolverán, como entonces, el resultado definitivo de la contienda; pero serán el medio para cuestionar la validez de una elección a la que aún le falta mucho para demostrar si estuvo apegada a los principios de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que mandata la Constitución general de la República. Diversos escenarios son posibles, entre ellos desde luego el de la validación de la elección que dé como triunfador a Peña Nieto; mas no el de que éste se yerga con una victoria ética.
Eduardo Nava Hernández es Politólogo – UMSNH
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