Contenido:
1.- Introducción
2.- Método y fuentes
3.- Saldos del despojo violento de tierras
4.- Del despojo de tierras al desalojo forzoso y desplazamiento forzado interno
5.- Nociones generales de desalojo forzoso y desplazamiento forzado interno (DFI)
6.- Desalojo Forzoso y DFI en el contexto Chiapaneco
7.- ¿Quiénes objetivaron el despojo de tierra, los desalojos forzosos, el desplazamiento forzado interno y detenciones arbitrarias?
8.- Los daños del despojo de tierras
9.- Caso comunidad 02 de Noviembre del municipio de Socoltenango
10.- Las detenciones arbitrarias durante el año en el contexto de los desalojos forzosos
11.- Conclusión
Resumen:
El gobierno actual se proclamó gobierno “del pueblo y del cambio”, pero una marcada contradicción se manifiesta a inicios del sexenio. A través del titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, el gobierno de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas determinó “hacer valer” el estado de derecho, discurso con el que justifican el despojo de tierras, los desalojos forzosos y el desplazamiento forzado interno de personas, además, de detenciones arbitrarias e injustas de quienes defienden su derecho a la tierra.
La política del gobierno de Chiapas que implica el despojo violento o “legal” de tierras, así como los desalojos forzosos, el desplazamiento forzado interno y detenciones arbitrarias se objetivó mediante el “Programa de Seguridad y Justicia 2019” que formalmente dio inicio el 15 de febrero del año 2019. Los saldos del “protocolo de desalojos” que implementó son los que a continuación se muestran en los mapas, cuadros y gráficas.
Como se observa en el mapa siguiente, la aplicación del protocolo de desalojos se extendió a 23 municipios del estado, las principales regiones afectadas por el despojo de tierras es la región Soconusco, Centro, Frailesca, Frontera. Regiones ricas en recursos naturales y zonas estratégicas para el comercio.
Veamos: La siguiente grafica da muestra de la frecuencia con la que el Estado ejecutó el protocolo de desalojos en cada municipio.
Un total de 81 desalojos durante el 2019, un promedio de 7 desalojos al mes, el municipio donde más desalojos hubo es Berriozábal seguido de Venustiano Carranza y el tercer peldaño lo ocupan los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocuautla y Tapachula.
Cada desalojo es una cantidad de hectáreas de tierras despojadas, y a un número de familias desplazadas de sus hogares.
En la actualidad la principal causa de desalojo forzoso y Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas es el despojo de tierras, por cada operativo policiaco militar para quitar tierras a campesinos y colonos existe un número de personas desplazadas y obligadas a vivir sin hogar y sin tierras para trabajar.
El siguiente cuadro sistematiza la información recabada en lo que respecta a las víctimas y los daños materiales, para cuantificar el número de familias afectadas, población y viviendas destruidas.
De este modo tenemos a un total de 6 mil 525 familias afectadas, un total de población de 19 380, 53 escuelas destruidas, son las cifras estimadas fundamentadas con el testimonio de las víctimas.
Como se observa en algunas imágenes, gran parte de las familias vivían en un hogar construido de madera, cartón, lámina, nylon y en el mejor de los casos de concreto, todo fue destruido. El Estado, al no reconocer a las familias como propietarios legales de las tierras, justifica la destrucción de las viviendas, roba y quema sus pertenencias con el argumento de ser a petición de sus “legítimos propietarios”.
No existe muestra alguna del gobierno de Chiapas por ofrecer a las familias garantías de atender y resolver las necesidades de tierras para vivir o trabajar, menos la “reubicación, indemnización o reparación de daños”.
Más información: http://fnls.mayfirst.org/spip.php?article2365&var_mode=calcul