Primero de mayo en Bolivia

Vimos un ejemplo en Francia donde hubo una movilización de multitudes (se calcula en 2,3 millones) de trabajadores y trabajadoras frente a las reformas regresivas al sistema de pensiones, así también en Alemania, con grandes marchas, lo que parece indicar que los movimientos sociales europeos están recuperando vitalidad y protagonismo. En Sudamérica, lo vimos también en Uruguay, donde el gobierno derechista de Luis Lacalle extendió la edad de jubilación. Y no hace mucho, la demanda de mejora de salarios en Japón por la inflación que afecta a los trabajadores, activó movilizaciones de magnitud en ese país asiático. Es en medio de esta crisis global que Bolivia vivió este primero de mayo un escenario distinto.

Luego de la crisis económica mundial agravada por la pandemia del SARS-Cov2, estalló una nueva crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania que provocó inflación en el mundo a causa del incremento sostenido de precios de los combustibles y de alimentos; a esto se suma la crisis financiera que dejó en quiebra varios bancos en Estados Unidos y afectó también a bancos europeos. Mientras tanto la crisis ambiental afectó la producción en varias regiones del mundo y generó la reciente gripe aviar. Todo esto está golpeando a las poblaciones más vulnerables a nivel mundial, incluida la clase trabajadora.

La respuesta de los Estados a estas crisis se dividió en dos bloques: por un lado aquellos gobiernos que trataron de intervenir lo menos posible en el mercado, dejando que la crisis recaiga en las espaldas de los trabajadores; por otro lado los gobiernos que entendieron la necesidad de que el Estado tenga un rol protagónico ante la inestabilidad del mercado capitalista mundial.

El caso de Bolivia, que está en este segundo grupo de gobiernos, fue más allá que varios países ya que medidas como la subvención al precio interno de los combustibles, preservar los bonos sociales y mantener la inversión pública, utilizando los recursos generados con las nacionalizaciones en varios sectores productivos estratégicos, permitieron generar mayor presencia del Estado en la economía del país desde hace varios años, logrando extender las políticas de apoyo a la producción para la soberanía alimentaria como se hace a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que surgió el 2007 por la experiencia de la lucha contra el agio y especulación que la burguesía intentó a través de un sabotaje económico al gobierno antes de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado el año 2009.

Lograda la recuperación de la democracia se tuvo que reparar el daño causado por el Golpe de Estado del 2019 en la economía. El primer reto fue reconstruir el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, por ello la clase trabajadora entendió el 2021 que era necesario destinar recursos a la reconstrucción económica y aceptaron el pedido de no incrementar salarios mientras se priorizaban fondos para la reactivación de las empresas públicas, que casi fueron desmanteladas durante la dictadura de Jeanine Añez el año 2020.

Dos años después los resultados de la reconstrucción económica permitieron avanzar en los derechos laborales con estos logros para el primero de mayo:

1. Se otorgó este año un incremento al salario básico de 3% y al salario mínimo nacional de 5% aplicando el principio de justicia social para beneficiar a quienes ganan menos.
2. El mejoramiento de los sistemas de seguridad social a largo plazo (jubilaciones), a través del incremento de los límites solidarios hasta 1000 bolivianos en los límites máximos, lo cual permitirá mejorar el monto que recibirá un jubilado que se beneficia con el Fondo Solidario creado con la nueva Ley de Pensiones del año 2010. Así por ejemplo, en el caso de un profesor con 35 años de aportes podría llegar a jubilarse con 5200 bolivianos (equivalente a 750 dólares) mensuales gracias ese fondo. ¿Cómo es posible este mejoramiento cuando en otros países los sistemas de pensiones se están deteriorando y retroceden? Porque en Bolivia las utilidades que obtiene la estatal Gestora Pública de Pensiones retornarán al Fondo Solidario y a la Renta Dignidad que es un bono que reciben todas las personas mayores de 60 años, tengan o no jubilación.
3. Justamente la administración soberana de los fondos de pensiones a través de una Gestora Estatal que ha sustituido por completo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) que instauró el neoliberalismo, es la que permitirá remediar dos males de la administración vía AFPs, que son males comunes en todos los países donde existe esta forma de privatización de los ahorros laborales, al punto que hoy solo queda administración privada en 12 países ante el fracaso de la desestatización de los fondos de pensiones. Esos dos males son: el elevado costo de comisión que cobraban las AFPs, que se reducirá de cuatro comisiones (el 0,5% del total ganado de cada asegurado, 1,31% del total de pensión de cada jubilado, 0,85% del fondo de riesgos y 0,2285% de los portafolios administrados) a una sola comisión con la Gestora del 0,5% que solo pagarán los trabajadores activos; y el segundo mal que es la baja rentabilidad generada por las AFPs que en promedio de los últimos meses en que funcionaron apenas llegaron al 3,4%, mientras que la Gestora Estatal en sus primeros meses ha logrado el 4,4%, lo que mejorará las rentas de los jubilados.

Estos aspectos que he reseñado reflejan diferencias importantes de lo que pasa en materia de derechos laborales en Bolivia respecto de otros países que cargan la crisis en la espalda de los trabajadores y que, además de no compensar la pérdida de valor del salario ante la inflación global, también están impulsando medidas regresivas en los sistemas de pensiones y en la disminución de salarios reales.

Es notorio cómo en mayo de 2023, pese al sabotaje económico internacional y local, Bolivia está logrando avanzar en un Modelo Económico soberano con la salida de las transnacionales que administran las AFPs y cómo, en el trabajo conjunto con la clase trabajadora, se logra impulsar el rol del Estado para que los trabajadores no queden a expensas del libre mercado y de los intereses capitalistas, que siempre los utilizan como variables de ajuste ante las crisis.

Este primero de mayo se ha ratificado el compromiso de las y los trabajadores bolivianos para cuidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo planteando la profundización del proceso de transformaciones, luchando de esa forma contra las tendencias regresivas privatizadoras y neoliberales.

Edmundo Juan Nogales Arancibia es abogado

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