El fallo condenatorio en contra de nuestro compañero Leobardo Reyes Meza en Michoacán y el trámite a destiempo de la apelación en contra de nuestros compañeros ex presos políticos Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar en Chiapas, es represión que se expresa en persecución hacia los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) como parte de una política de gobierno hacia la organización popular independiente.
La decisión del juez de emitir un fallo condenatorio contra el compañero Leobardo Reyes Meza en Michoacán representa el uso de la ley a conveniencia política para someter la voluntad popular de lucha del pueblo. Alfredo Ramírez Bedolla, gobierno del estado, pretende mantenerlo en prisión bajo argumentos jurídicos fuera de toda lógica y objetividad, prueban con creces que la política institucional es represiva.
La decisión política del gobierno de Michoacán trasciende porque éste representa una administración que llega al poder estatal con siglas morenistas, ejecuta una política encaminada a la represión selectiva en sintonía, por ejemplo, al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas y Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz. A pesar del discurso gubernamental, la prisión por motivos políticos y persecución política contra el pueblo organizado persisten en este gobierno.
Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar consiguieron su libertad incondicional el 29 de octubre de 2021, sin embargo, el Poder Judicial el Estado de Chiapas, acepta una apelación extemporánea, es decir, una clara violación al marco legal y una pretensión de mantener al acecho a nuestros compañeros, éste es persecución política instrumentada por las instituciones y funcionarios del gobierno de la cuarta transformación.
Higinio Bustos Navarro es otro caso de persecución política, el gobierno de Veracruz lo mantiene en prisión por ser integrante del FNLS, esa es la esencia del encarcelamiento de nuestro compañero. Las carpetas incriminatorias es solo la expresión del rostro antipopular del gobierno en turno para conducir a la cárcel a luchadores sociales con el fin de castigar a la organización popular independiente.
La sigla partidista que identifica al gobierno de Chiapas, Michoacán y Veracruz es el MORENA, por ende, el contexto político y jurídico que priva en estos estados hacia quienes militamos en el FNLS no es un hecho aislado, ajeno o del desconocimiento del gobierno federal, existe un hilo conductor, una política que es la del gobierno de la cuarta transformación. En los hechos, criminalizan la organización y protesta popular, la judicializan coartando el derecho a éste.
La existencia de presos políticos del FNLS en estos tres estados habla de una política represiva de forma selectiva a nivel nacional. Es una manifestación de la injusticia en el país, del carácter y los intereses de clase que la ley protege y garantiza.
La ley es dura contra el trabajador, pero suave contra el burgués y los políticos de oficio; sentencia y persigue a luchadores sociales para callar su voz de denuncia ante las violaciones a los derechos humanos e indulta a funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno en turno da continuidad a la política represiva hacia quienes decidimos organizarnos fuera de los marcos institucionales y realizamos crítica política al régimen que socava los intereses populares. El objetivo político es silenciar la voz de denuncia a través de la prisión por motivos políticos y la persecución política que existe en los estados donde el FNLS tiene presencia y arraigo popular.
La prisión por motivos políticos y persecución política es un acto de violación a los derechos humanos, limitan o de facto anulan los derechos humanos y constitucionales que debe garantizar la integridad física y psíquica del individuo. Hacer uso de la Ley Nacional de Procedimientos Penales o violarla para condenar a un inocente es un acto de injusticia que debe ser denunciado por las víctimas y el pueblo en general.
Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro son presos políticos víctimas de una política antipopular que a través de la vía jurídica el Estado Mexicano busca castigar a quienes se mantienen con la convicción de defender los intereses populares. Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar son perseguidos políticos del gobierno de la cuarta transformación, las medidas jurídicas en contra nuestra constituyen represión política.
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!