Hostigamientos, despojo, amenazas de desalojo forzoso, amagos de detenciones arbitrarias contra autoridades y bases de apoyo zapatistas se agudizan alarmantemente en el territorio indígena de Chiapas, según revela el informe «Opddic: atando cabos», del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), presentado hoy aquí. «El promotor de estas amenazas y despojos, que […]
Hostigamientos, despojo, amenazas de desalojo forzoso, amagos de detenciones arbitrarias contra autoridades y bases de apoyo zapatistas se agudizan alarmantemente en el territorio indígena de Chiapas, según revela el informe «Opddic: atando cabos», del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), presentado hoy aquí. «El promotor de estas amenazas y despojos, que aparece una y otra vez en un marco de absoluta impunidad, es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)».
El estudio identifica a dos dirigentes principales. «Carlos Moreno Hernández, actual presidente de Opddic, firma todas las cartas que Opddic envía a las juntas de buen gobierno y las autoridades de los municipios autónomos para exigir el desalojo de zapatistas. Su jefe inmediato, Pedro Chulín Jiménez, estrechamente vinculado a Roberto Albores Guillén, es fundador y líder principal de Opddic. Fue diputado local por el PRI y es el principal responsable de las agresiones contra autoridades autónomas y bases de apoyo del EZLN».
Estas personas promueven el despojo y desalojo de las bases zapatistas asentadas en los municipios autónomos Olga Isabel, Vicente Guerrero, San Manuel y Ricardo Flores Magón. «Pero Opddic no trabaja ni se manda sola. Está estrechamente vinculadas con la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Secretaría de la Defensa Nacional».
«Clara estrategia de contrainsurgencia»
En Olga Isabel el estudio identifica unas 3 mil hectáreas. En 2002 se creó el nuevo ejido Muk’ulum Bachajón (municipio oficial de Chilón). En 2005, Opddic toma control como autoridad del nuevo ejido. A partir de ese año se incrementan las amenazas de desalojo contra las bases del EZLN. «En esta primera fase de control y despojo de territorio, en el marco de una clara estrategia de contrainsurgencia, el número de hectáreas en situación de despojo es de 1,586-17-67 hectáreas, asignadas al nuevo ejido y distribuidas a 336 ejidatarios. Sin embargo, antes de su conversión a ejido, este terreno, denominado Primer Paquete Fideicomisario, era repartido a 547 fideicomisarios».
Así, «no sólo despojaron en forma ilegal, ilegítima y arbitraria a 211 campesinos al crear Muk’ulum Bachajón (547 del primer paquete, menos 336 del nuevo ejido, igual a 211 campesinos despojados), sino además a la lista de 336 familias habrá que añadir 69 nombres que nunca existieron en el primer paquete; no conformes con ello, 16 campesinos que forman parte del segundo paquete agregaron su nombre en la creación del ejido Muk’ulum Bachajón». Esto es, como si su nombre apareciera en el primer paquete, «haciéndose pasar como ‘propietarios’ de otros terrenos además del que originalmente les pertenece, incrementando el despojo a 296 familias indígenas bases de apoyo zapatistas y a miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI)».
El acta de asamblea para la creación del nuevo ejido, donde se asienta (falsamente) que estuvo presente la totalidad de los fideicomisarios, fue avalada y firmada por la Procuraduría Agraria, mediante su visitador Andersen Morales Tovilla.
Intento de desalojo
Desde 2005, la dirigencia de Opddic ha intentado también desalojar a todos los zapatistas de la cabecera municipal autónoma de Olga Isabel, en el lugar conocido como Crucero San Antonio. Esto no ha sido posible para la organización priísta «por no sostener una suficiente base política en la región, y porque el Crucero no formaba parte del primer paquete fideicomisario; o sea, no está dentro del nuevo ejido Mukulum Bachajón, sino en un segundo paquete».
Sin embargo, Opddic ya no tendrá este «problema», añade el documento. Durante la investigación de CAPISE, el ingeniero Luis Demetrio Domínguez López, jefe de residencia de la Procuraduría Agraria en Ocosingo, confirmó que Opddic inició trámites para convertir en ejido las mil 320 hectáreas que comprende el segundo paquete. «Toda aquella familia que no se integre a Opddic deberá abandonar sus tierras.»
En resumen, mil 586 hectáreas del primer paquete y mil 320 del segundo sumarán este año dos mil 906 hectáreas en situación de despojo, sólo en Olga Isabel. «El problema no termina ahí. La dirigencia de Opddic metió denuncias penales contra más de 60 jefes de familia zapatistas, acusándolos de invasión y daños contra el patrimonio. Además tramita juicios agrarios contra 71 familias zapatistas en el tribunal agrario del distrito 3 (Tuxtla Gutiérrez)». El abogado que tramita el desalojo de las bases del EZLN es Mario Ventura Ruiz, apunta el estudio.