La Paz, 17 de mayo. Cercado nuevamente por las movilizaciones sociales, el presidente boliviano, Carlos Mesa, hizo una maniobra elusiva que se convertiría en búmerang: se negó a promulgar o vetar la nueva ley de hidrocarburos y pasó esa responsabilidad al presidente del Congreso, senador Hormando Vaca Díez. El parlamentario, en la sesión de la […]
La Paz, 17 de mayo. Cercado nuevamente por las movilizaciones sociales, el presidente boliviano, Carlos Mesa, hizo una maniobra elusiva que se convertiría en búmerang: se negó a promulgar o vetar la nueva ley de hidrocarburos y pasó esa responsabilidad al presidente del Congreso, senador Hormando Vaca Díez. El parlamentario, en la sesión de la tarde del Congreso Nacional, la firmó sin dilación alguna.
Y aunque Mesa aceptó más tarde gobernar «administrando» los efectos de la ley, un sector de los movimientos sociales bolivianos decidió avanzar en su ofensiva contra él y los parlamentarios; en los próximos días los campesinos aymaras, la ciudad de El Alto y otras zonas del interior del país podrían derrocar al presidente y llevar adelante su propia agenda política.
Por su lado, dos de las compañías petroleras que operan en este país (Repsol y British Gas) ya anunciaron posibles demandas internacionales contra el Estado boliviano.
En medio de las tensiones de los últimos días, el encargado de fijar la posición del gobierno fue el ministro de la Presidencia, José Galindo, quien dejó clara una sola cosa: Mesa ni vetaba ni iba a promulgar la ley, amparándose en el artículo 78 de la Constitución, que prevé este tipo de situaciones y, terminado el plazo de 10 días que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre la nueva norma, faculta al líder en turno del Congreso a firmarla y darle vigencia plena.
Con esto, el gobierno boliviano pareció hacerse a un lado en el conflicto, ratificando su posición sobre la ley de hidrocarburos aprobada el 6 de mayo pasado y dejando en apariencia toda la presión social y política al Poder Legislativo.
Administración de la ley
Hormando Vaca Díez, senador por el departamento de Santa Cruz (quien sucedería a Mesa en caso de renuncia del presidente), no perdió tiempo. Apenas iniciada la sesión del Congreso citada para esta tarde en La Paz, firmó la nueva ley.
Vaca Díez dejó claro al hacerlo que el gobierno «no le dejaba otra opción» que cumplir con su responsabilidad. «Hemos promulgado la ley, en un contexto muy complejo para el país, donde se ha generado un altísimo nivel de incertidumbre para el pueblo boliviano», explicó el senador.
Inmediatamente después, el Movimiento al Socialismo (MAS), que preside el diputado Evo Morales, presentó un proyecto para modificarla, en particular en el polémico tema del pago de impuestos y en el que legaliza los contratos vigentes de las transnacionales de petróleo, que hace unas pocas semanas fueron declarados ilegales por el Tribunal Constitucional de Bolivia.
Unas horas más tarde, acompañado por su gabinete, Mesa volvió al escenario con un discurso transmitido a todo el país.
Al explicar que para él había quedado atrás el tema de la nueva ley de hidrocarburos, y que asumía «la administración de la nueva ley», el mandatario realizó un resumen de su gestión y presentó un nuevo plan económico y social titulado «Bolivia productiva y solidaria».
Según el presidente boliviano, su propuesta pasaría por la creación de un «nuevo Estado» acorde con la realidad imperante, por lo cual durante más de una hora detalló los objetivos de su iniciativa que, aseguró, esperaba diera respuesta a las demandas de los «más desfavorecidos».
Eso sí, los objetivos expresados por el presidente incluyen acciones ya planificadas con anterioridad, como la construcción de una siderúrgica o más fomento al turismo; sin embargo, Mesa anunció «un paquete» de proyectos de ley y otras iniciativas legales para apoyar sus acciones, que se espera haga público a partir de esta semana.
Los movimientos se radicalizan
Mientras, la marcha organizada por el MAS junto con diversos sectores sociales hacia La Paz es esperada el próximo lunes en la sede de gobierno. De todos modos, Evo Morales dejó bien claro que no pretenden desestabilizar al gobierno ni la nacionalización total de los hidrocarburos, sino forzar a los poderes políticos a dar «al pueblo una ley justa de acuerdo con lo votado en el referendo» del 18 de julio de 2004.
La marcha continúa, ahora con la consigna de presionar al Congreso para votar y aprobar las modificaciones propuestas, pero informaciones llegadas del lugar donde se encuentra el contingente decían que «las bases» rebasan a la dirigencia campesina del MAS, lo cual radicaliza el discurso y se pide asumir las demandas de la gente de la ciudad de El Alto por la nacionalización y la renuncia del presidente.
Por su parte, los movimientos sociales alteños continuaban al cierre de esta nota debatiendo su posición frente a los últimos sucesos, y una respuesta al presidente Mesa, aunque en general se discutía cómo y cuándo radicalizar sus movilizaciones.
El vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Eliodoro Iquiapaza, calificó a Mesa y a los parlamentarios de «traidores a la patria» y anunció que esperan nada más definir la fecha de su nuevo paro cívico general indefinido con sus tres demandas: la nacionalización total de los hidrocarburos, la renuncia de Mesa a la presidencia y el cierre del Congreso.
En esa línea, Gualberto Choque, principal dirigente de los campesinos del departamento de La Paz, mayoritariamente aymaras, se comunicó con La Jornada para dejar claro que no aceptan las propuestas de Carlos Mesa y han decretado un bloqueo total de caminos en el altiplano boliviano.
«En vista de los últimos acontecimientos, en que tanto el presidente como los parlamentarios han decidido promulgar la ley de hidrocarburos, nosotros decimos que eso no provoca sino más rebelión de nuestra parte. Por tanto, hemos declarado al presidente Carlos Mesa y a los parlamentarios cobardes, traidores y enemigos del pueblo», explicó Choque, quien se encuentra desde ayer en huelga de hambre, junto con otros dirigentes campesinos de la etnia aymara.
«Hemos decretado el inmediato bloqueo de caminos y la ampliación de nuestra huelga de hambre. En ese sentido, los campesinos no vamos a cejar hasta que se apruebe una nueva ley que beneficie al pueblo. Y tampoco descartamos un nuevo cerco a La Paz. Nuestro objetivo es, luego de largos 500 años de pobreza y opresión, recuperar todos nuestros recursos naturales», señaló el dirigente campesino.
Choque concluyó diciendo que «ya que no han tenido la capacidad de responder al mandato del pueblo, finalmente el único camino que les queda es seguir la ruta de Goni (el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada) y abandonar este país».