El Gobierno de Bolivia promulgó este martes la Ley General de Transportes, una normativa que fue consensuada con el pueblo y que para el presidente de ese país suramericano, Evo Morales, demuestra la existencia de una Asamblea Legislativa Plurinacional, con representantes que conocen las necesidades primordiales de los habitantes. En el acto de promulgación del […]
El Gobierno de Bolivia promulgó este martes la Ley General de Transportes, una normativa que fue consensuada con el pueblo y que para el presidente de ese país suramericano, Evo Morales, demuestra la existencia de una Asamblea Legislativa Plurinacional, con representantes que conocen las necesidades primordiales de los habitantes.
En el acto de promulgación del documento, que contempla los derechos y obligaciones para los choferes nacionales, Morales explicó que esta Ley fue elaborada con la participación simultánea de sindicatos y de los Órganos Legislativo y Ejecutivo.
El mandatario reiteró que esta forma de trabajar demuestra que en Bolivia «se acabaron los tiempos en los que las Leyes eran elaboradas por sectores burocráticos» que desconocían las opiniones y las necesidades del pueblo.
Asimismo, afirmó que «cuando trabajamos juntos hay resultados para todos los bolivianos» y agregó que «los dirigentes departamentales nacionales y los ministros con la experiencia que tuvimos sabemos que ellos no pueden trabajar solitos para aprobar un decreto».
La Ley promulgada establece, entre otras cosas, los derechos de circulación de los peatones y de los discapacitados, así como tarifas especiales y solidarias que serán reglamentadas en un decreto.
Abarca, además, las condiciones técnicas y mecánicas que deben cumplir los motorizados del sector público para dar seguridad a los usuarios.
«Tenemos que aprovechar esta coyuntura para que el pueblo apruebe normas que sean un blindaje que beneficie a todos los ciudadanos, y no como en el pasado con la acción de grupos neoliberales que solamente aprobaban Leyes para su propio beneficio», aseveró el líder nacional.
Morales recalcó que con esta meta, los legisladores del país también están dispuestos a consultar a las fuerzas y movimientos sociales en aras de precisar cuando se necesite elaborar un proyecto de Ley.
«Esta Ley, al igual que otras, ha sido construida junto a los sectores sociales y es fruto de las demandas nacionales y no de imposiciones de intereses que no son los del pueblo (…) me encuentro muy contento por el trabajo conjunto», subrayó Morales.
Trabajo por hacer
Por otro lado, al mencionar las metas que aún faltan por cumplir en este gremio, Morales también admitió que lo primero que debe hacerse es hacer gestiones para que la Ley aprobada este martes «entre en plena vigencia».
En este sentido, el jefe de Estado indicó que el Gobierno está amplio a elaborar un Decreto que sea trabajado con los sindicatos del transporte para que sus afiliados sean incorporados plenamente a la Ley de Pensiones y puedan jubilarse como los demás trabajadores.
Esta afirmación fue en respuesta a una inquietud manifestada por el secretario general de los sindicatos del sector, Franklin Durán, quien abogó por este beneficio.
El vocero también dijo que su sector está satisfecho porque será una autoridad competente la que inspeccionará sus vehículos para saber si están en están o no en capacidad de servir a la población; «son muchos los compromisos que vamos a cumplir y vamos a demandar respeto a nuestro gremio», puntualizó.
Esta normativa establece que las alcaldías deberán regular el costo de las tarifas para el servicio urbano; las gobernaciones para el servicio interprovincial; y el Gobierno central para el servicio interdepartamental e internacional.
Del mismo modo, en relación con la seguridad, la Ley hace referencia a preservar la integridad física del usuario y la carga con normas que minimicen las probabilidades de accidentes, programas de prevención y el cumplimiento de obligaciones.
En lo que va de año, el Ejecutivo de Bolivia ha promulgado importantes normativas que complementan el sistema de administración autonómica, entre ellas la Ley de Telecomunicaciones y la de la Revolución Productiva y Comunitaria; que persiguen la nacionalización del patrimonio natural del país.