El asunto de la recuperación del petróleo y el gas argentino entregado en los noventa a REPSOL para su explotación trae a la mente ciertos asuntos. Es obvio que la propiedad de los yacimientos de petróleo o de gas es del Estado argentino, que representa a sus 40 millones de habitantes. Lo que se discute […]
El asunto de la recuperación del petróleo y el gas argentino entregado en los noventa a REPSOL para su explotación trae a la mente ciertos asuntos. Es obvio que la propiedad de los yacimientos de petróleo o de gas es del Estado argentino, que representa a sus 40 millones de habitantes. Lo que se discute entonces es la propiedad de las acciones en la empresa; es necesario tener eso en claro pues pareciera que REPSOL es la propietaria del petróleo.
La propiedad de los recursos naturales de un país no entra en cuestión; hasta en el Perú la Constitución fujimorista de 1993 reconoce que éstos son del Estado cuando se hallan bajo la tierra o no han sido aún explotados. Entonces ¿está en su derecho un gobierno cuando busca revertir una decisión extrema y muy probablemente corrupta que afecta su propiedad? Para responder ello además es necesario tener en cuenta que por ejemplo México, que hoy critica la decisión argentina, al igual que la mayoría de países de la OPEP, no permiten inversiones extranjeras en el petróleo; además, la mayoría de los productores de petróleo como Brasil y Noruega tienen empresas de propiedad estatal.
Hablan los responsables
Por otro lado resulta contradictorio observar las medidas y amenazas del gobierno de Rajoy, que apresuradamente ha suspendido la importación de biodiesel argentino, con lo cual los ciudadanos españoles pagarán más por este combustible y, oh paradojas, hasta lo tendrán que recomprar a países que se lo compraron en un primer momento a Argentina. Como se ve, las decisiones descabelladas tienen que ver más con un ánimo colonial que con medidas que beneficien a los ciudadanos de un país en grave crisis como España.
Otra de las paradojas del asunto tiene que ver con las calificadoras de riesgo, que han anunciado que castigarán a Argentina bajando su calificación. Pues si alguien aún confía en estas entidades luego de haber sido cómplices del descalabro financiero internacional del 2008, pues está en la libertad de hacerlo. Pero lo cierto es que la irá desatada es inversamente proporcional a las grietas que el sistema comercial y financiero ha desnudado en los últimos años.
Revertir mitos
Si bien es cierto que ciertas opciones de política nacionalizadoras o estatistas en el pasado medio siglo han demostrado inconsistencias y fracasos, eso no debe llevar a aceptar el dogma neoliberal de que todo lo que hace el Estado lo hace mal. Aceptar ello es condición previa para entregar toda la dinámica productiva, económica y comercial al mercado, que como sabemos por sí solo es incapaz de resolver la pobreza y la inequidad. De lo que se trata es de aspirar a lograr el equilibrio entre Estado y mercado, que es el camino que más ha acercado el bienestar a las sociedades, sino veamos los países nórdicos
También es necesario desmontar el mito de que son justamente las políticas de los estados de protección social las que han producido las crisis. Por si aún algunos no lo quieren aceptar, las sucesivas crisis del modelo se han dado por la quiebra empresarial debido al mal manejo o a la corrupción que han ejercido los grandes capitales. Por eso los estados han tenido que inyectar en EEUU y en la UE ingentes sumas de dinero a los bancos, en detrimento de los derechos sociales tan trabajosamente logrados. Es decir, los bancos puntales del sistema quiebran y le pasan la factura a la gente.
Además resulta alucinante que se pretenda sancionar a Argentina en las relaciones comerciales internacionales, como si se tratará de un país que anda invadiendo otros para apoderarse de recursos. Esas sanciones en todo caso deberían recaer en países como España, Inglaterra o EEUU, que hace muy poco invadieron Medio Oriente con el único y exclusivo fin de hacerse del petróleo iraquí y lo lograron. Resulta insultante pues que el neo colonialismo utilice sus tentáculos (con el perdón de los pulpos) para amenazar a una nación que decide qué hacer con sus recursos naturales y que se ha comprometido a pagar el precio de la indemnización.
Y es que se trata de un asunto ajustado a derecho lo que sucede en Argentina. Ningún contrato puede ir más allá de las necesidades de una sociedad; y si se establecieron acuerdos con empresas, pues las naciones tienen los atributos legales para resolverlos, tal y como hacen día a día las grandes empresas y potencias del mundo poniendo límites a ahí cuando sus intereses se ven afectados. ¿Alguien imagina a un tribunal confirmando la validez de la venta de un órgano hecha por una persona desesperada? Argentina, como muchos países estuvo desesperada en los noventa y hoy es hora de revertir ciertos disparates.
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