En esta última semana se ha arreciado el debate en los espacios periodísticos ya reservados y consagrados a determinados «intelectuales orgánicos» más cercanos a la elite intelectual de la pequeña burguesía (como lo bien lo expresa Gerardo Garfias en su columna del día hoy en el periódico Noticias de Oaxaca), que, a la vida y […]
En esta última semana se ha arreciado el debate en los espacios periodísticos ya reservados y consagrados a determinados «intelectuales orgánicos» más cercanos a la elite intelectual de la pequeña burguesía (como lo bien lo expresa Gerardo Garfias en su columna del día hoy en el periódico Noticias de Oaxaca), que, a la vida y el pensamiento de los pueblos originarios de esta Nación, en el sentido de que si con el nuevo gobierno estamos asistiendo a un nuevo «neoindigenismo». Lamentablemente, el silencio que ha guardado Andrés Manuel López (AMLO) tanto en su campaña y, ahora como presidente electo, respecto a la condición política y colonizadora en que sobreviven actualmente los pueblos indígenas de nuestro país y su justo reclamo al derecho a la autonomía me hacen pensar que estos intelectuales les asiste cierta razón.
En efecto, no obstante datos del INEGI, censo 2015, nos dice que más del 23% de la población mexicana tiene alguna adscripción étnica, AMLO ha omitido emitir cualquier pronunciamiento respecto a la composición pluricultural de nuestra Nación y la necesidad de la construcción de un Estado plurinacional y, no se diga sobre los derechos autonómicos y territoriales, minimizando, por el contrario, la cuestión indígena a que las coordinaciones indígenas de los Estados, en lo que en otros tiempos fueron los centros coordinadores, estarán presididas por personas indígenas.
Asimismo, en materia de crecimiento económico, en reiteradas ocasiones el próximo jefe de ejecutivo ha apuntalado el proyecto del «tren maya» y el «corredor transístmico», los cuales, en caso de ejecutarse afectaran de alguna u otra manera el hábitat, los recursos naturales y los territorios indígenas en los Estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, elementos socioculturales, fundamentales, para el ejercicio del derecho a la libre determinación de las naciones originarias y tutelados, principalmente por el Convenio 169 de la OIT sobre los cuales, los gobiernos no pueden imponerse unilateralmente si no es a través de una consulta previa, informada y de buena fe a los pueblos interesados.
En este escenario, se hace necesario efectuar una serie de acciones concretas, no tanto de políticas públicas en la medida de que no solamente existen necesidades indígenas por satisfacerse, sino más bien, acciones basadas en la transversalidad e inter-dependencias, en la medida que atraviesan pensamientos, practicas, conductas o instituciones. Dichas medidas, parten de hechos tan simples, pero tan significativos, como que el presidente electo reciba y dialogue, en un marco de respeto y aprendizaje con los representantes legítimos de los pueblos.
Descolonizar las instituciones significa ir más allá de transformar la CDI en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; descolonizar implica la creación de un organismo más apegada a la figura de una Fiscalía o una auditoría, un organismo autónomo, representativo, con facultades acusatorias, vinculantes y de auditoría institucional de programas y acciones de gobierno, y no solamente un organismo de implementación de políticas públicas o «recomendaciones» como los actuales organismos de derechos humanos, que se erigen como verdaderos «elefantes blancos», despilfarradores del presupuesto público.
Descolonizar no solo es crear un programa universitario de estudios indígenas en alguna universidad pública, sino de reformas a la Ley General de Educación, las leyes orgánicas de la Secretaría de Educación Pública y de las universidades públicas y privadas que nos permitan en cada carrera universitaria, en cada posgrado, en cada mapa curricular, en cada trabajo de investigación, incluir estudios relacionados con los conocimientos indígenas y su situación actual de explotación y colonización.
Descolonizar, implica tipificar sin temor los delitos de racismo o discriminación, cometidos por servidores públicos y por particulares. Significa garantizar la representación indígena en una cuarta parte del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados, siendo la vía plurinominal la idónea para ello. La libre determinación, basado en las ideas de la comunalidad, la interculturalidad o el socialismo, es la condición superior a que aspiran todos los pueblos indígenas como una forma de erradicar cualquier estado de colonización o indigenista.
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