El tiempo y los hechos ayudan a aclarar el verdadero rol y las intenciones que inspiran los actos de ciertos «dirigentes cívicos» e incluso autoridades electas, en el marco de las reivindicaciones autonómicas. Estas han servido, no cabe duda ahora, para que enemigos de la patria debiliten las instituciones, las infiltren y, sin importar la […]
El tiempo y los hechos ayudan a aclarar el verdadero rol y las intenciones que inspiran los actos de ciertos «dirigentes cívicos» e incluso autoridades electas, en el marco de las reivindicaciones autonómicas. Estas han servido, no cabe duda ahora, para que enemigos de la patria debiliten las instituciones, las infiltren y, sin importar la vida de las personas, fomenten la desintegración del Estado boliviano.
No otra cosa puede interpretarse de la confesión de parte del presidente del «civismo» beniano, quien, desenmascarando los objetivos de un grupo de poder terrateniente muy cuestionado en ese departamento, ha develado que los «prefectos y cívicos del CONALDE decidieron buscar un protectorado de un país extranjero». Tal cual.
Como se sabe, un protectorado involucra la cesión de parte de la soberanía de un país a favor de un Estado extranjero, quien puede ocupar militarmente a aquel, aunque sus «autoridades» sigan siendo oriundas. Esa figura es la que algunos grupos de poder del oriente y norte bolivianos habrían encontrado como anillo al dedo para defender sus intereses privados y evitar someterse a las leyes del país. Para eso, como se ve, no dudan en rifar la integridad y soberanía nacionales.
El debilitamiento de la soberanía nacional, vale la pena recordarlo en este contexto, es un proceso al que el país está siendo sometido de manera implacable. Para referirnos sólo a lo acontecido en los últimos años, recordemos que Gonzalo Sánchez de Lozada, con su neoliberal política «capitalizadora» ha liquidado las empresas estratégicas del Estado, que son él único instrumento que tienen los países sometidos para abandonar su extrema pobreza.
De manera paralela, cientos de ONG, que responden también a los centros de poder mundial, aprovecharon la prédica indigenista para socavar las bases ya debilitadas del Estado nacional.
En enfrentamiento entre separatistas e indigenistas ha dado lugar, en las últimas semanas, a una ingerencia extrema de países vecinos, bloques regionales y extra regionales que se atribuyen el derecho de señalar el destino de Bolivia. El colmo de lo anterior, se dio cuando conocidos personajes chilenos, que ocupan altas funciones, como Michelle Bachellet, Gabriel Valdés o José Miguel Insulza afirman que están preocupados por la «integridad territorial de Bolivia», olvidando las mutilaciones que su país ocasionó al nuestro.
Sorprende, ya en el caso tarijeño, que sólo la vicepresidenta del Comité Cívico haya sabido del asunto y que, además, lo apoye y justifique sin rubor, a tiempo de confirmar la versión de su colega beniano y añadir que se le encomendó nada menos que al presidente cívico cruceño, Branko Marinkovic, gestionar ese «protectorado». ¿Por esa vía intentará tal vez escapar a su obligación de defenderse de las graves acusaciones penales que tiene el Estado contra ella? ¿Puede permitirse que el Comité Cívico, esa respetable institución que se la considera la reserva moral de los tarijeños, sirva para exponer la soberanía nacional y defender intereses de orden privado?. Felizmente, otros miembros de esa institución han confirmado que nada saben del asunto y, además, han condenado la inadmisible pretensión, lo que confirma que las decisiones no han sido institucionales si no exclusivamente personales, de quienes, claramente, tienen asuntos de ese mismo carácter que proteger.
Sin embargo, sorprende también la respuesta de un influyente asesor prefectural cuando se le consultó el tema: desconoce pero justifica la acción. ¿Sabe el prefecto de esta decisión? ¿La ha apoyado?. Si se trató el asunto en alguna reunión del CONALDE, ¿porqué no lo denunció públicamente?. Por el contrario, parlamentarios, autoridades municipales y dirigentes han condenado enérgicamente, como corresponde, la pretensión de someter a nuestro país a cualquier aventura intervencionista cualquiera sea el nombre o la figura que pretenda dársele.
Urge, a la luz de los hechos, una inmediata cualificación y rescate institucional del Comité Cívico y, a la vez, una clara manifestación de posiciones políticas por parte de autoridades electas de todos los niveles. Bolivia no puede más seguir expuesta a las aventuras irresponsables de indigenismos disgregadores ni de separatismos embozados en el legítimo movimiento autonomista.
Asimismo, corresponde que el presidente cívico cruceño, Branko Marinkovic, explique al país si, en cumplimiento del supuesto encargo del CONALDE, hizo gestiones para el conseguir el «protectorado» y señale el nombre de los países y de las autoridades con las que se contactó para ese objetivo, añadiendo las respuestas que obtuvo.