Desde el momento en que los incrementos a los precios de las gasolinas entraron en vigor, el pasado domingo, primer día del año, han tenido lugar numerosas expresiones de repudio a la medida. Marchas, bloqueos carreteros, tomas de casetas de peaje, cierres de gasolineras e incluso la retención de algunas pipas de combustible han sacudido […]
Desde el momento en que los incrementos a los precios de las gasolinas entraron en vigor, el pasado domingo, primer día del año, han tenido lugar numerosas expresiones de repudio a la medida. Marchas, bloqueos carreteros, tomas de casetas de peaje, cierres de gasolineras e incluso la retención de algunas pipas de combustible han sacudido al país y han empezado a exhibir el calado de la indignación social por una decisión que afecta al conjunto de la ciudadanía, en un momento de estancamiento económico por sí crítico, que impulsa una inflación generalizada, amenaza la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas y representa una afectación tan concreta como tangible a los niveles de vida de las clases medias y de los sectores mayoritarios de la población.
Con el telón de fondo de las manifestaciones de descontento -pacíficas y legales, en su abrumadora mayoría- se han multiplicado los saqueos de comercios, especialmente en el estado de México. Tales hechos han sido magnificados en las redes sociales, las cuales resultan hoy en día un valioso instrumento de información y difusión, pero también un espacio propicio para propalar rumores sin fundamento. En Twitter y Facebook se han presentado incluso imágenes de explosiones y de cuerpos sin vida como si fueran producto de confrontaciones en el país, pero que corresponden a escenarios bélicos de Medio Oriente, y se han propalado volantes falsos de organizaciones políticas verdaderas en los que se exhorta a realizar acciones violentas.
Tan consistentes ha sido estos empeños por desinformar y causar pánico en una coyuntura nacional y estatal de por sí preocupante que sería un pecado de candidez suponerlos producto de la acción de cibernautas aislados y confundidos. Todo indica que se asiste a la aplicación de un operativo de desinformación y de siembra de pánico.
Otro tanto puede decirse de los ataques vandálicos a comercios, que no llegaron el pasado martes a media docena, pero que ayer se multiplicaron y se extendieron a los estados de México, Michoacán e Hidalgo, así como a esta capital. Claramente, los saqueos no guardan más relación con las expresiones de protesta que aprovecharse de ellas para cometer robos y tropelías.
Pero cabe la posibilidad, también, de que los ilícitos perpetrados en el contexto de las movilizaciones sociales y populares tengan como propósito desvirtuarlas ante la opinión pública.
Resulta obligado preguntarse qué instancias se ocupan en sembrar pánico, quiénes están detrás de la organización de los saqueos a comercios -acciones que han sido convocadas por manos anónimas, y que sólo podrían entenderse como espontáneas en escenarios de severo desabasto alimentario- y con qué propósito. En suma: debe analizarse quiénes podrían ser los beneficiarios de un eventual desbordamiento de la ira social generada por los gasolinazos.
En esta circunstancia, las autoridades tendrían que sentirse obligadas no sólo a garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y resguardar los comercios, sino también a investigar el origen de los llamados al saqueo y a contrarrestar la desinformación y la zozobra reinantes con una estrategia informativa veraz, puntual y precisa.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/01/05/opinion/002a1edi