La Paz.- Cada minuto que pasa, las protestas sociales, los enfrentamientos, las movilizaciones y la represión se multiplican no sólo en La Paz, la sede de gobierno de Bolivia, sino en la mayoría de los departamentos del territorio nacional. A los campesinos, indígenas, originarios, sin tierra, colonizadores y mujeres del agro que arribaron a esta […]
La Paz.- Cada minuto que pasa, las protestas sociales, los enfrentamientos, las movilizaciones y la represión se multiplican no sólo en La Paz, la sede de gobierno de Bolivia, sino en la mayoría de los departamentos del territorio nacional.
A los campesinos, indígenas, originarios, sin tierra, colonizadores y mujeres del agro que arribaron a esta capital el lunes 23 – después de cumplir con una marcha sacrificada de más de 200 kilómetros- se sumó la rebeldía de los mineros, cooperativistas, campesinos del altiplano, gremiales, maestros, estudiantes, desocupados y la fortaleza de los vecinos de El Alto.
El clamor popular de convocatoria a la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos se va quedando en un segundo plano porque los miles de manifestantes, cada vez con más fuerza, van socializando el pedido de renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Parlamento Nacional.
En las últimas horas, el intento de miles de manifestantes de tomar la plaza Murillo de esta ciudad, donde están ubicados el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional, fue brutalmente reprimido.
«No pasa por mi cabeza renunciar al cargo porque mi obligación como ciudadano es cumplir el mandato de la constitución, por difícil que sea el cumplimiento de ese mandato», dijo ayer el presidente Mesa en el 196 aniversario de Sucre, la capital de la república.
En octubre de 2003, días antes de su destitución, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada conocido como «Goni», ante la convulsión social que dejó el trágico saldo de 67 bolivianos y bolivianas asesinados, señaló que no dejaría la presidencia «porque su esposa no quería dejar de ser la Primera Dama de Bolivia».
Ayer, el presidente Mesa aseveró: «Ni la esposa del Presidente ni el Presidente se irán. Enfrentaré lo que venga con mi esposa y con mis hijos. El día en que se tome una decisión de cualquier naturaleza lo haremos de cara al país».
Radicalizar medidas
El principal dirigente de la primera fuerza política del país, Evo Morales, ante la grave situación por la que se atraviesa, señaló: «El responsable directo de esta situación es el presidente Mesa por haber jurado cumplir con la agenda de octubre y luego venderse al imperialismo, a las transnacionales y a la clase política corrupta».
En los enfrentamientos de las últimas horas, los manifestantes llevaron la peor parte por la brutalidad policial: fueron heridas tres personas y detenidas dos, entre ella el concejal y dirigente de El Alto, Roberto de la Cruz.
Los voceros del «Pacto de Unidad» instruyeron a nivel nacional radicalizar todas sus medidas de presión, tanto en la ciudad como en el campo.
El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Román Loayza, instruyó a los miles de marchistas cambiar en las movilizaciones sus wiphalas (banderas originarias) «por hondas, palos y piedras».
El jacha mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), Vicente Flores, señaló que a partir de hoy están dispuestos a responder la violencia policial y militar con sus propias estrategias.
«Cuando nos toca un trance tan complejo y difícil como el que estamos viviendo, la primera lección debe ser la serenidad y la templanza. Todo escenario de confrontación de ideas distintas y posiciones cerradas, posturas excluyentes deben marcar un horizonte de paz. Mi compromiso con ustedes desde que asumí la presidencia era caminar con ustedes en paz. Trabajo todos los días de mi mandato para que las cosas sean siempre mirando la paz porque la violencia tiene un costo de dolor, la paz implica paciencia, diálogo tolerancia. A quienes no creen en la paz e intentan forzar al gobierno a romper su compromiso por la paz nuestra respuesta será serena y templada», respondió el Jefe de Estado.
Intento separatista
A la convulsión social de las movilizaciones, se suma desde ayer el pedido de convocar al referéndum autonómico el 12 de agosto.
El Comité Cívico de Santa Cruz, conformado por los grupos de la oligarquía, empresarial y de los terratenientes, consiguió el apoyo de sus pares de Tarija, Beni y Pando para que el 12 de agosto, junto a la elección de prefectos (gobernadores) también se realice el referéndum sobre las autonomías.
Estos grupos de poder, en franco accionar ilegal y anticonstitucional, pretenden no sólo controlar los recursos naturales en forma autónoma sino conformar gobiernos federales, sin el consenso de la mayoría nacional.
Hoy, un contingente militar y policial, partió hasta la población denominada Yuquises (provincia Santiesteban de Santa Cruz) para desalojar por la fuerza a cientos de familias sin tierra asentadas en esa región hace más de un año; los campesinos advirtieron responder violencia con violencia.
El dirigente de Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B), Moisés Torres, comentó que los campesinos están dispuestos a ofrendar sus vidas antes que les quieten el único pedazo de tierra que tienen para sobrevivir.
El Alto de La Paz cumple el tercer día de un paro indefinido que cada vez es más contundente, los campesinos del altiplano bloquean las carreteras y determinaron ya no enviar productos a las ciudades, en Cochabamba se tomó en forma simbólica la refinería del petróleo y las protestas se multiplican, en Sucre el presidente Mesa fue abucheado, en Potosí se cumple un paro cívico y en el resto del país, los maestros y trabajadores de salud están en huelga. El descontento contra la actual administración es creciente.
El representante fabril y portavoz de la Coordinadora de Defensa del Gas, Oscar Olivera, advirtió que si el gobierno permite la autoconvocatoria sobre las autonomías antes que la Asamblea Constituyente, «Bolivia estará a puertas de una guerra civil».
Los principales dirigentes del «Pacto de Unidad» y los movimientos sociales reiteraron que el «ultimátum» otorgado al presidente Mesa y los parlamentarios vence el viernes 27, si hasta esa fecha, no se aprueba la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia podría ingresar a una etapa de convulsión social con imprevisibles consecuencias…