Después de una etapa que obligó a la oposición a replantear sus estrategias de acción política y al oficialismo a escarbar la realidad en busca de nuevos emprendimientos, la coyuntura se presta para bosquejar la realidad política y ensayar una proyección política y un balance del proceso de cambio desde la gestión gubernamental y las […]
Después de una etapa que obligó a la oposición a replantear sus estrategias de acción política y al oficialismo a escarbar la realidad en busca de nuevos emprendimientos, la coyuntura se presta para bosquejar la realidad política y ensayar una proyección política y un balance del proceso de cambio desde la gestión gubernamental y las tensiones y relaciones políticas entre el gobierno, las fuerzas políticas opositoras y los movimientos sociales, entendiendo que estas últimas (las tensiones y relaciones) ayudan a identificar la fuerza política o instancia institucional que lleva o puede marcar una nueva iniciativa para (re)encaminar el proceso de cambio. Cabe suponer que hay fuerzas políticas que se oponen al cambio y finalmente esperan que el esfuerzo ajeno los potencie o que los errores y desmanes de los dirigentes del Movimiento Al Socialismo MAS lleve al gobierno hacia una virtual pérdida del monopolio discursivo en favor del cambio.
Igualmente la coyuntura condiciona a que el ciudadano esté alerta o persuadido a identificar una nueva fuerza política con opciones a instalarse como vanguardia del cambio, sin desechar que puede aún destinar esfuerzos para reencaminar el proyecto del MAS y el Programa de Desarrollo Nacional (implementado por el Gobierno central) hacia el proceso revolucionario sustentado en la normativa constitucional.
Expresamente, y como avance de especulación del proceso de cambio, en virtud a las condicione y las rutas legales por la que tienen y vienen atravesando las transformaciones políticas y económicas, cabe cuestionarse si los partidos políticos deben mantenerse en la línea instrumental o cambiarse a la institucional. Concretamente la pregunta es si el MAS debe mantener su máxima de ser Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos o debe ser la instancia institucional que liderice el proceso de cambio. Salomónicamente se podría decir que ambas, pero sería un error, ya que al optar por lo institucional demanda negar la esencia que alberga el concepto y estrategia del instrumento político para ampliar el espectro de acción política hacia lo económico y social a través del Gobierno central.
Posicionamiento político ante la coyuntural configuración política.
En función a los cuatro años anteriores, por ahora queda la certeza de que las relaciones y tensiones políticas con las que el gobierno dinamizó su acción política han cambiado debido a la naturaleza diversa de los sectores a los que el Gobierno central se ha visto enfrentada en la primera mitad del presente año. Un análisis crítico en las esferas gubernamentales (si hay intensión de hacerlo) debe partir considerando que las alternativas estratégicas, que sirvieron para enfrentar a grupos de poder regional, logias y cívicos de la media luna, no son adecuadas para aplicarlas ciega y cerradamente para construir hegemonía aprovechando la demanda sectorizada y regional en la que participan movimientos sociales y sectores económicos y políticos diversos (Menos aun tratar de meterlos en la misma olla en la que se cocinó el debacle de las fuerzas reaccionarias).
Algún analista podría esforzarse por encontrar semejanzas o parecidos y al lograrlo lo mas probable es que llegue a conclusiones que lleven a repetir la vieja receta liberal (muy útil en la lucha por el control del Estado) que se sintetiza en al «Acatamiento de la Ley» y la respectiva imputación al desacato o la violación de la misma. Pero ¿Qué Ley es confiable y aplicable a fines estratégicos de transformación social y empoderamiento de la sociedad en circunstancias en que la legitimidad de las leyes está en tela de juicio, no por sus efectos mismos, sino porque el proceso viene caracterizado por los cambios de la estructura jurídica del Estado Plurinacional?
Con lo anterior, es importante poner en evidencia tres conjuntos de hechos dinámicos que ayudarán a profundizar el análisis del presente político ya sea para viabilizar el proceso de cambio dentro una gama de intereses que buscan posicionar un nuevo liderazgo en la nueva configuración política en continuidad al proceso constituyente o viabilizando el liderazgo hacia la restauración de la vieja normativa y las viejas relaciones y estructuras de explotación y exclusión social.
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Liderazgo personal frente al institucional.
Una primera manifestación que el momento arroja como elemento precedente a conclusiones es que el proceso de cambio ya no se asienta en el liderazgo personal o caudillista, en la misma magnitud y significancia cualitativa con la que se asentaba durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, de los procesos de consulta popular por las autonomías, del revocatorio de mandato de autoridades ejecutivas electas y de las elecciones de autoridades nacionales y gobiernos autónomos ocurridos entre el 2006 y 2008. En ese entendido se constata que el momento de Cambio a favor de las grandes mayorías nacionales no se cualificará desde el potenciamiento o debilitamiento de caudillismos políticos regionales o nacionales sino desde liderazgos institucionales asentados en las regiones y con impacto en el ámbito nacional. Esto supone visiblemente un sesgo preferencial de la ciudadanía hacia la aceptación de una nueva institucionalidad positivada que supere en si misma los remanentes y resabios de las prácticas dictatoriales heredadas de las épocas de gobiernos militares, de corrientes golpistas y de los periodos de democracia liberal que ignoraron el valor de la participación social en las decisiones estatales.
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Degradación de la calidad normativa revolucionaria.
Un segundo hecho refleja la degradación del impulso revolucionario que se generó a partir del 2000, centrado en la construcción normativa del Estado Plurinacional, donde la CPE y la construcción de su contenido fue movilizador y entendida en su conjunto como una ruta revolucionaria, propia y en legitimidad de una nueva organización estatal en concordancia con las aspiraciones de las mayorías marginadas y excluidas históricamente.
Hoy, las nuevas normativas en construcción no movilizan favorablemente a los votantes y actores del cambio, al grado de generar una especie de catalepsia y acriticidad con argumentos justificados en la fidelidad al liderazgo del presidente Evo Morales. Los que se movilizan lo hacen para cuestionar el contenido normativo propuesto por el nivel central, desde el Órgano Ejecutivo y Legislativo principalmente. Es evidente que la normativa en su esencia revolucionaria se degrada a medida que se avanza desde las leyes orgánicas y leyes derivadas del texto constitucional. En esta mirada se constata que el curso del cambio pierde sus atribuciones de transformación revolucionaria encaminada a crear relaciones sociales, económicas y políticas igualitarias y armónicas con el Vivir Bien.
Este proceso de degradación o descomposición revolucionaria, como no podía ser de otra manera, mantiene callados a los grupos de poder económico porque los relocaliza favorablemente en la estrategia de desarrollo económico, pero altera los ánimos de los radicales del movimiento obrero y campesino porque los mantiene como mano de obra expuesta a relaciones asalariadas de explotación regularizadas por Estado pero en protección de la Empresa Privada y la Empresa Estatal mas que la protección social de la fuerza de trabajo.
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Conflictos y demandas que ignoran el Plan Nacional de Desarrollo y viceversa.
Un acontecimiento que se suma a los dos anteriores viene de los conflictos y las demandas regionales hacia el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos.
Definitivamente las demandas y exigencias sectoriales y regionales, en voces de sus actores sindicales, corporativos y asociativos de diversa índole denotan el desconocimiento o desacuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo PND. En las actitudes de los negociadores institucionales como los ministerios y sus entidades dependientes se detecta la falta de recursos políticos y metodológicos de persuasión para encaminar el proceso de cambio desde el Plan Nacional de Desarrollo. Estos hechos muestran que el Plan Nacional de Desarrollo elaborada el año pasado no está acorde a la nueva normativa y los desafíos de la nueva realidad económica política y social y que su elaboración no responde a las expectativas que el proceso de cambio generó en los movimientos sociales y sociedad civil.
El Plan Nacional de Desarrollo tendría que ser al menos reformulado y divulgado en las regiones, los gobiernos autónomos, los movimientos sociales y la sociedad civil, con el sentido de preparar una plataforma de negociación permanente. Lo que se ha visto estos últimos meses es que las movilizaciones radicales en torno a las demandas regionales y sectoriales han sido resueltas con compromisos gubernamentales que no los cumplirán, uno porque no existe el presupuesto destinado por el Tesoro General de la Nación; dos porque ningún Servidor Público asumirá la responsabilidad al margen de determinaciones y presupuestos institucionales; y tres porque la necesidad sectorial y regional está subordinada a las necesidades de desarrollo productivo nacional. Esta claro entonces que toda atención a la demanda social pasa por cambiar la matriz de planificación productiva del Estado Plurinacional.
Viabilidad del nuevo liderazgo.
El liderazgo del cambio, se dijo mas arriba, ya no viene de la mano del caudillo o del liderazgo personal. La diversificación de las demandas de sectores y grupos sociales y la relación formal de la sociedad con el Estado en condiciones de igualdad jurídica ha sentado nuevas bases para institucionalizar la ruta de desarrollo y la vía de la demanda social en miras a superar medidas de comercialización y presión que afecten el interés colectivo. Por ahora ya se intuye que la solución a la demanda social no se viabiliza a partir de decisiones unilaterales sino desde decisiones con respaldo institucional. Lo contrario expone al caudillo a juicios de responsabilidades y otros. Esto es lo que debe comprender la sociedad civil y los movimientos sociales y sobre esto debe elaborar su estrategia de participación social. El movimiento revolucionario debe estar atento, alerta y ser «revolucionariamente» consecuente para impregnar de principios, ideología y ética a las normativas en construcción. Cabe afirmar que las condiciones coyunturales están plenamente adecuadas para desarrollar liderazgos institucionales sostenibles y declarar un receso a toda forma de caudillismo.
En cuanto a la institucionalidad estatal, esta debe ser revolucionaria, revolucionar relaciones interinstitucionales y marcar ruta de transformación política, económica y social, dejando de ser engranaje instrumental de dominación, explotación y expansión del poder. En otras palabras la institucionalidad para ser revolucionaria debe dejar de ser restauradora del viejo sistema constitucional. Una Asamblea Legislativa que restaura el viejo Estado será siempre contrarevolucionaria.
Finalmente, el Estado Plurinacional será un Estado fuerte y solido en tanto revolucione y proyecte el fortalecimiento de la institucionalidad (sometimiento institucional) a vías, programas, normas, derechos, obligaciones creadas colectivamente y en consenso. El sometimiento institucional a las leyes no debe ser sinónimo de sometimiento del ciudadano a las leyes, sino el ejercicio de ciudadanía apegado a un (nuevo) orden constitucional.
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