Un ambiente de ilegalidad, zozobra y persecución se deja sentir en el estado de Puebla, donde el gobernador Rafael Moreno Valle (conocido destructor del patrimonio histórico y arqueológico), acorde con el gobierno de traición nacional de Enrique Peña Nieto, impone diversos megaproyectos de transnacionalización neoliberal contra la voluntad de pueblos y ciudadanos. Se trata del […]
Un ambiente de ilegalidad, zozobra y persecución se deja sentir en el estado de Puebla, donde el gobernador Rafael Moreno Valle (conocido destructor del patrimonio histórico y arqueológico), acorde con el gobierno de traición nacional de Enrique Peña Nieto, impone diversos megaproyectos de transnacionalización neoliberal contra la voluntad de pueblos y ciudadanos. Se trata del despojo de tierra y agua, así como su envenenamiento como producto de las 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos (solamente en la Sierra Norte), la extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica, la construcción de diversos proyectos carreteros y los parques eólicos en la región de Tecamachalco.
Numerosas organizaciones políticas defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas han venido denunciando la entrega del estado a corporaciones capitalistas, así como la creciente privatización del agua y el uso de este recurso vital para favorecer a esas empresas y a sus cómplices locales, cercanos al entorno del gobernador, quien no ceja en sus afanes futuristas de ser candidato a la presidencia de la República y, por ello, la opacidad de la constante derrama de dinero público para promover su imagen personal como un ejemplo de supuesto dinamismo y progreso que los darwinistas sociales señalan como «éxito».
Esta expoliación de recursos y ocupación de territorios se acompaña, al igual que en el ámbito nacional, de vergonzosas «reformas constitucionales» de la obsecuente Cámara de Diputados local, que ha reformado la Ley del Agua en tres ocasiones y que aprobó al vapor una inaudita ley, propuesta por el Partido Acción Nacional, que da facultades al Ejecutivo para realizar expropiaciones inmediatas y urgentes, sin notificar previamente a los afectados, a quienes se deja en plena indefensión jurídica. La inconstitucionalidad evidente de esta ley, además de violentar los derechos humanos fundamentales, abre la puerta a un masivo despojo de terrenos urbanos y rurales por parte del gobierno estatal, ahora convertido en una eficiente gerencia empresarial y en un capataz autoritario de las nuevas haciendas del neoporfiriato actual.
En particular, el Consejo Tiyat Tlali ha informado sobre la escala de violencia contra pueblos y organizaciones que «se oponen a los proyectos de muerte en toda la geografía del estado, como en el resto del país (que hoy) se ensaña contra el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala», y denuncia la detención ilegal de su vocero, Juan Carlos Flores, el 7 de abril, justo cuando salía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, «luego de interponer una queja por la detención de Enedina Rosas Vélez, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, detenida ilegalmente un día antes». Este frente, que unifica los esfuerzos de comunidades y organizaciones en los tres estados, se enfrenta firmemente a un controvertido proyecto denominado Integral Morelos, que pretende, contra todo raciocinio y lógica sustentable, e incluso contra las recomendaciones del Centro Nacional de Desastres (Cenapred) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instalar dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios cada una en las faldas del volcán Popocatépetl, que consumirían gas natural, transportado por Pemex a través de un gasoducto de 30 pulgadas por 150 kilómetros, así como un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla, con longitud de 10 kilómetros y una línea eléctrica de 20 kilómetros desde la subestación Yautepec. El consejo destaca: «En ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra, que se inició en mayo de 2011; ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comunicaron a la población en general los detalles de éste, e igualmente omitieron informar a los organismos estatales o municipales de Protección Civil, los riesgos de la construcción que esta obra implica, así como los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que trasportará 9 mil millones de litros de gas metano diariamente, a menos de dos metros de profundidad.»
Ante la resistencia de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Moreno Valle respondió con una guerra sucia que es considerada «terrorismo de Estado». Detenciones ilegales con lujo de violencia por hombres fuertemente armados que no ostentan uniformes ni identificaciones ni mucho menos órdenes de aprehensión y que utilizan automóviles sin placas y sin logos, quienes constituyen en los hechos grupos paramilitares al servicio del gobernador. Estos grupos ilegales demuestran el desmantelamiento del llamado estado de derecho que impera en toda la República y que en Puebla se devela con marcada violencia abierta y clandestina. A la fecha ya existen varios presos políticos procedentes de diversos municipios de la entidad, en su mayoría comisarios ejidales y comunales, como Avelino Velázquez Tapia, Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Solís y Abraham Cordero Calderón, integrante de la organización denominada Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, los cuales están luchando contra los actos expropiatorios relacionados con la construcción del llamado Arco Poniente. Juan Carlos Rojas escribe desde la cárcel: «Hoy el gobierno usa la fuerza de sus cárceles, y nosotros la fuerza de la razón, y la razón siempre podrá volver a sacar fuerza para lograr la justicia». Incluso el sediciente gobernador ha amenazado, a través de sus grupos de choque, al académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla doctor Ricardo Pérez Avilés y a su asistente, Alberto Melchor Montero, por el apoyo brindado a la lucha contra el despojo. ¡Toda la solidaridad con los presos políticos y con mis colegas de la BUAP!
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