El 21 de enero, en una colina cerca de La Paz, una ceremonia tradicional significó un importante viraje de la política boliviana y un hito para la Nueva Izquierda en crecimiento en Latinoamérica. En Tiwanaku, un sitio de ruinas pre-incaicas, de gran significación para las poblaciones indígenas del país, un Evo Morales descalzo, vestido con […]
El 21 de enero, en una colina cerca de La Paz, una ceremonia tradicional significó un importante viraje de la política boliviana y un hito para la Nueva Izquierda en crecimiento en Latinoamérica. En Tiwanaku, un sitio de ruinas pre-incaicas, de gran significación para las poblaciones indígenas del país, un Evo Morales descalzo, vestido con una túnica roja, recibió un bastón de oro y plata de manos de los líderes del pueblo aymara. Fue la primera vez en 500 años que esta transferencia ritual de liderazgo se celebraba en Bolivia, y sucedió un día antes de que Morales, ex presidente del sindicato de cultivadores de coca y líder del partido Movimiento al Socialismo (MAS), prestara juramento oficial del cargo de presidente de su país.
En diciembre Morales, cuya campaña electoral se basó en la defensa de los derechos indígenas y denunciaba el neoliberalismo económico, ganó de manera aplastante en las urnas. Superó a rivales que incluían a Jorge Quiroga, un favorito de Washington que fue presidente de Bolivia de 2001 a 2002 cuando completó el período del antiguo dictador Hugo Bánzer. Con un sorprendente 54% del voto en unas elecciones multirraciales, Morales no solo obtuvo el margen necesario para evitar una segunda vuelta, sino que alcanzó la mayor autorización que haya obtenido un presidente en la historia de Bolivia.
Sin embargo, puede que la tarea más difícil de Morales apenas haya comenzado. Asciende al poder como el primer presidente indígena en un país donde las dos terceras partes de la población se identifican con los aymaras, quechuas u otro grupo indígena. La misma fracción del país vive en la pobreza, y la división entre ricos y pobres es muy similar a la división racial. Morales ha anunciado planes para nacionalizar las reservas de gas del país, reescribir la constitución en una asamblea popular, redistribuir tierra a agricultores pobres y cambiar las reglas de la lucha contra las drogas que dirige EEUU en Bolivia. Si él ayuda a hacer avanzar el cambio radical que su movimiento social exige, se enfrentará a la presión de los inversionistas corporativos y de la Casa Blanca. Si se decide por un camino más moderado, los movimientos sociales han prometido organizar el mismo tipo de huelgas y protestas que han derrocado a dos presidentes anteriores durante los últimos dos años.
Aunque Morales se enfrenta a estas pruebas en los meses venideros, lo hará en el contexto de una América del Sur que se ha desplazado cada vez más a la izquierda. Su administración se une a gobiernos de centro izquierda en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Estos países ofrecen distintas sugerencias de lo que los gobiernos progresistas pueden lograr, y de qué manera pudieran responder los movimientos sociales y las élites financieras.
El momento boliviano
Morales comienza su presidencia después de varios años de conmociones sociales en Bolivia, alimentadas por un rechazo a la globalización corporativa que incrementó la pobreza y exacerbó la desigualdad en el país. En abril de 2000 los residentes de Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, organizaron grandes protestas callejeras y barricadas contra la privatización del agua exigida por el Banco Mundial y que benefició a la Corporación Bechtel. En febrero de 2003 treinta y cuatro bolivianos murieron durante protestas contra un aumento de los impuestos aprobado a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y, en parte en lo que llegó a conocerse como la «guerra del gas» de Bolivia, más de 60 personas murieron en las protestas en octubre de 2003 contra la ampliación de las privatizaciones del gas natural del país y de un plan para exportarlo hasta Chile.
En ese tiempo la mayoría indígena de Bolivia se refería al presidente en el poder, el multimillonario Gonzalo Sánchez de Lozada, como «el gringo», porque se crió en Estados Unidos y habla español con acento. Como presidente Sánchez de Lozada, líder de uno de los partidos derechistas de Bolivia -el Movimiento Nacionalista Revolucionario- defendió siempre la liberalización del comercio y el ajuste estructural recomendado por el FMI.
Después de la muerte de los manifestantes por el asunto del gas, los activistas comenzaron a pedir la renuncia de Sánchez de Lozada. Finalmente fue derrocado el 19 de octubre de 2003. El Vicepresidente Carlos Mesa ocupó su lugar, como estipula la constitución del país. Bajo Mesa se celebró en julio de 2004 un referendo acerca de los recursos de gas boliviano. La medida no incluía la opción de la nacionalización de las reservas de gas natural del país. En marzo de 2005, en medio de manifestaciones masivas adicionales, Mesa abandonó el cargo tras argumentar que era incapaz de gobernar un país tan tumultuoso. Por esa época, el MAS de Morales tenía la esperanza de que Mesa se mantuviera hasta las elecciones de 2007, de manera de poder construir una base de apoyo más fuerte con vistas a un futuro gobierno.
Entre los candidatos presidenciales que participaron en las elecciones de diciembre de 2005, Morales tiene los más amplios vínculos con los movimientos sociales del país por haber convertido al sindicato de cultivadores de coca en uno de los movimientos sociales más prominentes del país y haber liderado el MAS. Pero a pesar de su historial como organizador, Morales desempeñó un papel limitado en los levantamientos populares de los últimos años. Por ejemplo, en el momento más álgido de la guerra del gas en 2003, cuando las movilizaciones tomaron las calles para exigir la nacionalización de las reservas de gas del país, Morales se encontraba en Ginebra realizando reuniones de política parlamentaria. Las acciones de Morales estuvieron dirigidas a generar amplio apoyo entre sectores diversos de la sociedad, incluyendo la clase media y aquellos que no apoyaban totalmente la táctica de los grupos de protesta. Esta estrategia, combinada con el direccionamiento del impulso de los movimientos sociales hacia el plano electoral, contribuyó a su victoria el (pasado) 18 de diciembre.
Por su parte, los movimientos sociales apoyaron a Morales como la mejor opción de la contienda electoral. Sin embargo, el compromiso de esos movimientos con el estado sigue siendo limitado. Muchos líderes aseguran que están dispuestos a eliminar a otro gobierno si este entorpece el camino de la reorganización social centrada en la sociedad civil participatoria. Como explicó Oscar Olivera, un importante líder de la revuelta contra la privatización del agua de Cochabamba en 2000, en una reciente entrevista con el politólogo uruguayo Raúl Zibechi: «Estamos creando un movimiento, un frente socio-político no partidista que se enfrentará a las necesidades más vitales del pueblo por medio de un cambio profundo en las relaciones de poder, las relaciones sociales y la administración del agua, la electricidad y la basura».
«El (54%) no es un cheque en blanco, sino un préstamo», dijo la analista política Helena Argirakis a Los Tiempos, el periódico diario de Cochabamba. Su colega Fernando García agregó: «El apoyo de los movimientos sociales a Morales siempre será condicional».
Al mismo tiempo Morales enfrenta una grave presión exterior si antagoniza a los acreedores extranjeros. Los conservadores en Estados Unidos se han horrorizado con el triunfo de Morales, a quien calumnian constantemente llamándolo narco-terrorista debido a su apoyo a los cultivadores de coca. (Aunque la coca puede usarse para producir cocaína, las hojas naturales de la planta se utilizan para hacer una infusión, tiene importancia tradicional para el pueblo indígena del país, y es casi imposible abusar de ella en su estado natural.) Bolivia debe grandes sumas a las instituciones financieras internacionales, incluyendo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto da a EEUU un veto eficaz sobre futuros préstamos al país y, por lo tanto, la capacidad de hundir la débil economía boliviana en una profunda crisis. Las facciones derechistas locales, centradas en la rica provincia de Santa Cruz -el corazón de la industria energética de Bolivia- están amenazando con una secesión si se nacionaliza la extracción de recursos. Estos conservadores están listos para aliarse con EEUU y el BID en contra de Morales si sucede un enfrentamiento internacional.
(La segunda parte de esta serie de Engler y Dangl explorara lo que ha logrado la nueva izquierda en Latinoamérica.)
— Mark Engler, escritor residente en la Ciudad de Nueva York y analista de Foreign Policy In Focus, puede ser contactado por medio del sitio web http://www.democracyuprising.com. Benjamin Dangl es el editor de UpsideDownWorld.org y autor del libro El precio del fuego: guerras de recursos y movimientos sociales en Bolivia y más allá, de próxima aparición. Kate Griffiths brindó ayuda en la investigación para este artículo.
Traducido por Progreso Semanal